En las últimas horas se conoció que la Procuraduría General de la Nación anunció, que abrió indagación preliminar a Jhon Rojas Cabrera, gobernador de Nariño, y a Jairo Hernán Cadena Ortega, secretario de Educación departamental, por irregularidades con el Plan de Alimentación Escolar (PAE).

Des el pasado septiembre de 2021 el Ministerio Público ya habría advertido las irregularidades en el PAE, en los departamentos de Nariño, Magdalena y Putumayo. Donde les pidió a los gobernadores que indicarán por qué no se habrían convocado los escenarios que buscan la participación del PAE, y que se deben hacer dos veces al año, al iniciar el año escolar y máximo tres meses después.

Se conoció que en Nariño el PAE habría finalizado el 31 de agosto del 2021 y se habría incumplido con el contrato 1050 de 2021, por lo tanto el procurador judicial para la infancia y adolescencia solicito la información si se tiene. Prevista alguna alternativa para garantizar la presencia del PAE de manera ininterrumpida.

En otras de las investigaciones realizadas, se encontró que el pasado 30 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a Mónica Alejandra Díaz Chacón, exdirectora del Departamento Administrativo de Contratación de Ipiales, Nariño, por presuntamente haber modificado el cronograma del proceso de licitación pública que permitiría asegurar los complementos alimenticios y almuerzos para los menores de edad inscritos en el Programa de Alimentación Escolar, PAE.

El caso se remonta a 2018, cuando, al parecer, la funcionaria habría modificado el cronograma de contratación que no inició en enero, sino hasta marzo de ese año, lo que significó que durante 25 días 15.593 niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en el programa se vieron perjudicados al no tener acceso integral a los beneficios de la iniciativa.

La Procuraduría calificó la falta como “gravísima a título de culpa gravísima, toda vez que la disciplinada desatendió normas de obligatorio cumplimiento”, añadiendo que el proceso fue remitido a la Procuraduría Regional de Nariño y que contra la decisión no procedía ningún tipo de recurso.

Así mismo, según la Procuraduría, la alimentación de más de 1.4 millones de estudiantes del país estaría en riesgo como consecuencia de los retrasos de la contratación del PAE y la reducción de la cobertura de los contratos.

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