CIDH exige al Estado Colombiano a investigar operación militar en Puerto Leguízamo y los casos de violencia contra grupos étnico-raciales y comunidades campesinas
Este martes 12 de abril , la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado de prensa en el que condena la violencia contra los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas raizales y palenqueras, así como comunidades campesinas en Colombia, que afecta, especialmente, a los líderes y lideresas
En su comunicado la CIDH hizo un llamado urgente al Estado para que ejecute una implementación efectiva y práctica del acuerdo de paz » La CIDH exige se investigue con la debida diligencia y a tomar acciones preventivas concertadas con los grupos étnico-raciales y comunidades campesinas, junto con la implementación práctica y efectiva de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz» señala el documento .
De igual forma la CIDH pidió al Estado colombiano investigar el operativo militar que ejecutó el pasado 28 de marzo en Puerto Leguízamo y en el que fueron asesinadas 11 personas y resultaron heridas cuatro
Señala el organismo internacional que » organizaciones de la sociedad civil y de pueblos indígenas informaron a la Comisión que los cuerpos identificados hasta el momento corresponden a personas integrantes de las comunidades indígenas y campesinas de la región. Entre ellas están Pablo Panduro Cochinche, Gobernador Indígena del Cabildo Kichwa de Bajo Remanso, Ana María Sarría y Didier Hernandes, Presidente de la Junta de Acción Comunal. Las organizaciones también señalaron que existen varias personas de las comunidades que están desaparecidas hasta el momento; información que, según el Estado, estaría pendiente de verificación. Adicionalmente, la Comisión recibió información sobre una supuesta denegatoria de asistencia médica requerida por las personas afectadas».
Es por esto que la CIDH “insta a las autoridades correspondientes a continuar desarrollando investigaciones bajo protocolos que eviten la estigmatización de las víctimas y a tomar las medidas necesarias para reparar este daño, incorporando un enfoque intercultural que considere los impactos a las víctimas, sus familias y sus comunidades”.
Para la CIDH es preocupante la situación de los líderes sociales y le recordó al Estado Colombiano el asesinato, el 15 de marzo de este año, de Miller Correa líder del Pueblo Nasa y defensor de derechos humanos, en el municipio de El Tambo, departamento de Cauca.
La Comisión destacó en su comunicado que Correa, en su calidad de integrante del resguardo de Tacueyo, era beneficiario de la medida cautelar 255/11 otorgada por la Comisión Interamericana a favor de las personas del Pueblo Nasa que habitan en los Resguardos Toribio, San Francisco, Tacueyo y Jambalo, ante los impactos de la violencia en el Pueblo Nasa y la ausencia de garantías prácticas y efectivas al derecho a la vida y la integridad física.
La Comisión exhortó al Estado a continuar investigando diligentemente este caso, que incluya como una de las hipótesis del delito, las actividades de defensa de derechos humanos y el territorio del señor Correa; así como sancionar a los autores materiales e intelectuales.
Igualmente, la CIDH le recordó al Estado que ante denuncias de violaciones a los derechos humanos, corresponde a la justicia ordinaria conocer de las investigaciones, conforme a los estándares en la materia, y subraya la obligación del Estado respecto a brindar información clara, especialmente, sobre la cantidad de personas fallecidas, heridas, capturadas y desaparecidas durante el operativo militar mencionado.
Finalmente la Comisión insta a Colombia a fortalecer su presencia integral en el territorio y garantizar un diálogo con las organizaciones de los grupos étnico-raciales, comunidades tribales y campesinas del país a los efectos de concertar acciones que garanticen el derecho a la vida y la integridad física de los pueblos étnicos y comunidades campesinas del país.
Reitera la CIDH su convicción respecto a la necesidad de que el Estado redoble sus esfuerzos en la implementación integral del Acuerdo de Paz, en particular su Capítulo Étnico, y adopte medidas urgentes para garantizar los derechos de los pueblos étnicos.
