Emilio Tapias condenado por carrusel de la contratación en Bogotá recibió a la sombra parte de los 70 mil millones de Mintic.
Definitivamente la corrupción en Colombia se pasea de carrusel en carrusel y de ciudad en ciudad. Emilio Tapias Aldana, empresario condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá sería el dueño de la empresa ICM Ingenieros, compañía que hace parte de la Unión Temporal Centros Poblados a la que el Ministerio de las TIc´s entregó 70 mil millones de pesos como anticipo a un millonario contrato para proveer puntos digitales en zonas rurales apartadas del país.
Con nuevos detalles , la periodista Paola Herrera de W Radio, profundiza en el escándalo provocado por el polémico contrato que le adjudicó el Ministerio de las TIC a la Unión Temporal Centros Poblados, que finalmente caducó por las tres pólizas falsas presentadas por los contratistas y que destapó el anticipo de 70.000 millones de pesos entregado por el ministerio , para la instalación de puntos de internet en las zonas más apartadas del país.
La investigación de la periodista encontró que el contratista condenado por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, Emilio Tapia Aldana, sería el dueño en la sombra de la empresa ICM Ingenieros, que hace parte de esa unión temporal.
La investigación de la W , reveló que el dinero del anticipo sigue en esasempresas y no en proveedores o subcontratistas, como lo manifestaron abogados de Centros Poblados, que incluso han insistido en que ya compraron equipo tecnológico y que están en bodegas aquí en Colombia.
El entramado » empresarial » va así: ICM Ingenieros, que sería de Tapia, le pertenecía hasta el año pasado a Luis Guillermo Meza Barragán y al exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, y está dedicada a la construcción de obras civiles y participación en contratos de infraestructura vial.
La empresa participó en 2017 y se ganó una licitación del Instituto Nacional de Vías (Invías) para el mejoramiento de la vía Medellín – Quibdó. Un contrato de 117.000 millones de pesos, que logró junto a las firmas Intec de la Costa, Belmira Construcciones y Corvez Ingeniería.
“Como podemos darnos cuenta, desde esta fecha ICM ya había hecho negocios con otra de las empresas involucradas en el polémico contrato de Centros Poblados (Intec de la Costa). En tanto, Belmira Construcciones es una empresa relacionada con otra vieja conocida, que se llama Castor Construcciones, filial de Odeka SAS. Tanto Belmira como Castor tienen a Mónica Padilla como representante legal y en Castor y Odeka aparecen los nombres de Juan Carlos y Juan Camilo Aldana, primo y sobrino respectivamente del famoso y polémico empresario, Emilio Tapia, con quien estuvieron involucrados en el carrusel de la contratación en Bogotá”, reveló W Radio.
Es decir la contratación estatal en Colombia para muchos es negocio de familia!
Según lo encontrado por la periodista Herrera, en 2019 Juan Carlos Aldana se entera de las intenciones de estos empresarios de vender su compañía ICM Ingenieros y contacto a su primo, Emilio Tapia, convenciéndolo entonces de quedarse con esa sociedad para retomar su trayectoria empresarial.
“Emilio Tapia habría llamado a dos de sus personas de confianza que le ayudarían a concretar el negocio. Uno de ellos es Herles Ariza, un coronel retirado que fue nombrado como depositario de bienes con extinción de dominio, que hoy están en poder de la SAE, incluyendo la sociedad Capital Energy, que le perteneció a los Nule”, detalla la investigación periodística.
Pero solo fue hasta el 10 de diciembre de 2020, un día después de que MinTIC adjudicara el contrato a Centros Poblados, que se registró el cambio de representante legal de ICM Ingenieros, por lo que en el contrato quedó como representante Jeremías Olmedo Cabrera y no el Herles Ariza, quien fue el designado presuntamente por Emilio Tapia para administrar su nueva compañía.
Sobre el paradero de los 70.000 millones de pesos que recibieron como anticipo, Centros Poblados insiste en que cerca de 50.000 millones de pesos ya se destinaron a la compra de equipos a una empresa en Estados Unidos, llamada Nuovo Security.
Pero según reveló el diario El Tiempo, esa empresa, con sede en Delaware,tiene como socio mayoritario (70 %) a Juan Carlos Cáceres Bayona, quien a su vez es dueño de Funtics (antes Novatics), empresa que hace parte de la unión temporal que se ganó el contrato de internet, por lo que el dinero no ha salido de las manos de esas empresas hoy investigadas.
Y por qué el condenado esta haciendo negocios? Por que la ley colombiana no se lo impide.
Quien es Emilio Tapias Aldana?
Emilio Tapia Aldana conocido con los alias «El Gordo» y «El zar de la contratación», es un abogado, empresario y contratista oriundo del departamento de Córdoba, que estuvo involucrado en el escándalo conocido como el CARRUSEL DE LA CONTRATACIÓN en complicidad con el empresario Julio Gómez.
En este caso , Tapia direccionó y monopolizó la millonaria contratación en el Distrito Capital de Bogota; lavaba el dinero proveniente de la corrupción en los contratos y compraba bienes usando testaferros para ocultar los bienes adquiridos.
Fue condenado inicialmente a 17 años de cárcel ,sin embargo su pena fue reducida luego a 7 años que ha cumplido tanto en prisión, detención domiciliaria, y libertad condicional. Este personaje, bandido de cuello blanco , perfumado y con todos los pergaminos, recibió nuevamente la contratación estatal.
Previo al escándalo Emilio Tapia era un abogado, que había laborado como funcionario del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU). Pese a que este empleos no le permitía darse una vida de lujo, Tapia era visto portando un reloj de lujo -valuado en USD$ 45.000 dólares- que decía ser prestado, y lo mismo con el uso de dos camionetas blindadas.
Cual era la verdad? Tapia estaba lavando dinero a políticos y contratistas involucrados en el escándalo de corrupción denominado Carrusel de la Contratación, mediante empresas de fachada a su nombre.
Tapia también uso a su amigo Carlos Augusto Joly Herrera como testaferro para lavar cuantiosas sumas de dineros provenientes de la corrupción en la contratación.
Mediante las empresas de fachada, Tapia consiguió obtener contratos de obras de infraestructura, como el contrato «Ruta del Sol III» en la vía entre los municipios de Bosconia y Valledupar en la que aparece como subcontratista.
También logró obtener proyectos en los departamentos de Córdoba y Sucre En el departamento de Bolívar habría estado detrás de las licitaciones de los tramos 4 y 5 de Transcaribe
Con los dineros que recibía del carrusel de la contratación, Tapia compró múltiples propiedades en Colombia, sobre todo viviendas y apartamento en Bogotá, fincas en el municipio de Sahagún en Córdoba, caballos de paso fino, un yate y dos jets privados.
Entre estas propiedades sobresalía una mansión en el conjunto El Nogal. Según la revista Dinero, todas estas propiedades alcanzarían una suma de COP$ 100.000 millones de pesos.También es dueño de un exclusivo apartamento en el edificio Ibiza en Cartagena
Tras su captura fue recluido en la cárcel de Cómbita en Boyacá y empezó a tratar de obtener un principio de oportunidad ante la justicia colombiana, por lo que delató a gran parte del entramado de funcionarios públicos y contratistas detrás del escándalo de corrupción como el secretario de Salud de Bogotá, el jefe de la unidad de malla vial, concejales distritales de Bogotá y cuatro autores intelectuales de la operación de corrupción en la contratación de la capital colombiana, incluyendo al alcalde Samuel Moreno Rojas y su hermano el senador de la república de Colombia Iván Moreno Rojas
Tapia fue condenado a 17 años de prisión por las irregularidades en el contrato para reparar vías de Bogotá en la administración de Samuel Moreno Rojas, pero tras delatar a varios contratistas y funcionarios, en el 2016 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá rebajó la condena a 7 años y 5 meses de prisión, al reconocer las acusaciones en su contra y la imputaciones de «cohecho e interés indebido en la celebración de contratos».
También fue multado y obligado a pagar 347 salarios mínimos legales vigentes equivalente a COP$ 239’240.538 millones de pesos. Las autoridades iniciaron un proceso de extinción de dominio a las propiedades que compró con dineros de la corrupción.
Tapia fue enviado al pabellón de alta seguridad de la cárcel La Picota en Bogotá. Allí fueron famosas sus fiestas con grupos vallenatos y extravagancias con licor y uso de celulares dentro del penal.
El fin de semana del 15-17 de abril de 2016, Tapia fue transferido de La Picota en Bogotá al Batallón de Ingenieros No.2 del Ejército en Malambo en Barranquilla
A partir de diciembre de 2018, un juez le concedió a Tapia la «libertad condicional» tomando como consideración que este había «cumplido las tres quintas partes de su condena de 7 años de prisión»
Nuvemanete, en agosto de 2019 el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla le concedió la libertad condicional.
Durante su libertad condicional ha hecho presencia en eventos públicos, para disgusto de algunos ciudadanos que lo ven como un corrupto. Tapias apareció en el Carnaval de Barranquilla , el 23 de febrero de 2020, donde participó y disfrutó de las fiestas, para sorpresa de los asistentes.
Lección : En Colombia la Corrupción se pasea de carrusel en carrusel y se paga delatando y en batallones militares!
