Gobierno pide limitar la protesta porque con ella se “desprestigia” a la Policía
El pasado 22 de septiembre de 2020, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ordenó a la Fuerza Pública pedir perdón por la abusiva respuesta policial que ha presentado durante las manifestaciones sociales realizadas desde 2005 hasta 2019, pero además la Corte determinó que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) hace una intervención “sistemática, violenta y arbitraria” de la protesta social.
Por esto y con un recurso de insistencia, la Agencia Jurídica del Estado (Andje) le solicitó a la Corte Constitucional que revise la tutela de la Corte Suprema de Justicia en la que ese alto tribunal le hizo un fuerte llamado de atención de la Policía y obligó a la autoridad frenar sus abusos durante las manifestaciones sociales.
Palabras más palabras menos, la Andje pide urgente la regulación del derecho fundamental a la protesta pues, a su juicio, la ciudadanía se aprovechará del mismo, “desprestigiando a la autoridad policial”.
Ante posibles nuevos eventos, la Andje pide a la Corte Constitucional trazar una hoja de ruta para la protesta en Colombia: “se espera obtener claridad y seguridad jurídica, sobre la armonización entre el derecho fundamental a la manifestación pública y pacífica, y la preservación del orden público cuando la manifestación pública deja de ser pacífica y se convierte en violenta, y en esa medida, para encontrar reglas claras sobre el modo, el tiempo y las condiciones bajo las cuales, debe actuar la Policía Nacional”.
En ese sentido, a la Sala de Selección de tutelas de la Corte Constitucional, el director de Defensa Jurídica Nacional César Augusto Méndez, en representación de la Andje, envió un documento en el que citó jurisprudencia que la misma alta corte ha firmado en el pasado, como la sentencia C-223 de 2017. A través de ese concepto, alertó que la manifestación pública deber ser necesariamente pacifica, sin el porte de armas y sin tener la finalidad de alterar violentamente el Estado de derecho.
Es decir, según el Estado, la solución para frenar los abusos de autoridad y el uso excesivo de la fuerza es encerrar a los ciudadanos, limitar el derecho a la movilización y restringir sus legítimos derechos para que a la policía no se desprestigie. Fuente El Espectador
