Judicializados el exsecretario de educación de Buenaventura y seis funcionarios de la alcaldía distrital.
Luego de mucho silencio por fin la Fiscalía General de la Nación se pronunció sobre los «presuntos» hechos de corrupción al interior de la alcaldía distrital de Buenaventura.
En las últimas horas el ente investigador anunció que fueron judicializados el Exsecretario de Educación del puerto Hamington Valencia Viveros, seis funcionarios de la misma secretaría y el exgerente de las Empresas Municipales de Popayán EMTEL.
Al exfuncionario distrital se le imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público agravado e interés indebido en la celebración de contratos.
Los demás procesados fueron imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Se trata de: Vladimir Torres García, Elsa Gamboa Camacho, Daniceth Yaneth Asprilla Rivas, Clemente Viáfara Ante, Heny Yohana Candelo Ortega y Deisy Cecilia Ortega Perea.
De otra parte, el representante legal de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán, Jorge Hernán Gómez Timaná, fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
Los hechos de «presunta corrupción» están relacionados con varias irregularidades detectadas en un contrato que buscaba dotar de internet a 88 colegios del municipio.
El 20 de octubre de 2020, durante la vigencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el entonces secretario de Educación municipal suscribió el contrato objeto de investigación con el representante de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (Emtel), por un valor superior a 1.341 millones de pesos y un tiempo de ejecución de dos meses.
De acuerdo con la Fiscalía en este caso no se logró determinar la necesidad de la firma del referido contrato, en el entendido de que los estudiantes no asistían a las aulas y estaban en sus casas atendiendo las clases de manera virtual, ante las restricciones decretadas por la pandemia.
De igual manera, se estableció que se realizó un proceso de contratación directa al amparo de una declaratoria de urgencia manifiesta y la condición de empresa de economía mixta del contratante.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía indican que Emtel, como compañía encargada de llevar internet a los colegios, al parecer, subcontrató a otras dos entidades para intentar cumplir con la actividad encomendada. Esto habría generado un beneficio económico superior a los 206 millones de
pesos.
Finalmente, se acreditó que el contrato se cumplió en un 66%, pues se garantizó conectividad a 62 planteles, algunos de los casos en condiciones que incumplían los lineamientos estipulados por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic).
Por disposición del juez de control de garantías, el exsecretario de educación, el representante legal de Emtel y los señores Torres García y Viáfara Ante deberán cumplir media de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Deisy Cecilia Ortega Perea permanecerá privada de la libertad en el lugar de residencia. Las otras tres personas seguirán vinculadas a la investigación.
Es de recordar que el exfuncionario de la secretaría presentó su renuncia y le fue aceptada poco antes que estallará el escandalo. A la fecha el alcalde Víctor Vidal sigue recluido en una clínica de la ciudad de Cali con una incapacidad por un mes debido a un cuadro neurológico.
