Juez ordena devolver bienes decomisados a supuestos testaferros de ‘Pacho Herrera’


Desde abril de 2019, a la fecha, la Fiscalía General de la Nación no ha radicado la demanda de extinción de dominio sobre 14 bienes decomisados a supuestos testaferros del extinto capo del Cartel de Cali, Elmer ‘Pacho’ Herrera,  frente a esto, un Juez ordena devolver los bienes a  los presuntos  testaferros

En la tarde de este jueves 28 de julio, el  juzgado Tercero de Extinción de Dominio de Bogotá ordenó a la Fiscalía y a la Sociedad de Activos Especiales SAE ,  devolver 14 bienes que le fueron decomisados a supuestos testaferros del extinto capo del Cartel de Cali, Elmer ‘Pacho’ Herrera.

Señala el juzgado que  han pasado tres años desde el momento en que los bienes fueron incautados, y hasta a la fecha la Fiscalía no ha radicado la demanda de extinción de dominio, pasando por encima de  la norma que indica que el tiempo para radicar dicha demanda es de  seis meses desde el momento de la incautación . 

Esos bienes hacen parte de la incautación de 324 bienes avaluados en $5.1 billones, que en su momento la Fiscalía decomisó y que fueron descubiertos tras la captura de William Herrera López, alias W, sobrino del extinto narcotraficante Hélmer ‘Pacho’ Herrera, tras la incautación de  libros, escrituras y certificados de tradición y libertad, los cuales contenían detalles de propiedades  de 35 supuestos testaferros.

Pasados los 3 años el fiscal del  caso pidió, argumentando » tener mucha carga laboral» ,  que se otorgara un plazo de seis meses para presentar la demanda de extinción de dominio , petición que el juez negó.

» No advierte esta judicatura que operen esas circunstancias particulares que permiten justificar un plazo razonable por parte de la FGN para la resolución del asunto, esto es, por inclinarse a interponer la demanda ora archivar el proceso, ya que desde que se expidió la resolución de la imposición de medidas cautelares -19 de abril de 2021- a la fecha, el delegado fiscal no ha procedido en tal sentido”, indica el fallo.

En su lugar, el juez ordenó levantar las medidas cautelares y devolver los 14 bienes decomisados.

Es de recordar que en el año 2014 la misma Fiscalía había ordenado la devolución de 318 bienes que hacían parte de dos procesos de extinción de dominio en contra de las propiedades, que figuraban a nombre del desaparecido capo del narcotráfico, de su núcleo familiar y de testaferros.

En ese momento la decisión favorecía a 160 familias que a finales de los años 80 y la década de los 90, invirtieron su  dinero en la compra de apartamentos en los edificios Centenario II y Conjunto Residencial La Alquería, edificio Yemanya, así como lotes y oficinas en Cali (Valle del Cauca), los cuales fueron objeto de dos procesos de extinción de dominio desde octubre de 2002 y que en éste último periodo fueron priorizados por orden del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett.

En total la Dirección de Extinción de Dominio, en el 2014,  ordenó la devolución de 147 apartamentos, 148 parqueaderos, 12 bodegas, 1 depósito, 1 sótano, 4 oficinas y 5 lotes, ubicados en la capital vallecaucana.

Tras la priorización de estos procesos, la Fiscalía determinó que decenas de ciudadanos de manera espontánea y de buena fe invirtieron sus capitales en propiedades que fueron ofrecidas en venta por empresas de fachada del desaparecido capo del cartel de Cali.

Así fue como la Fiscalía descubrió que entre los beneficiaros se encontraban, por ejemplo, una viuda que invirtió el capital de la sucesión de su marido; además de pensionados y otros que vendieron sus antiguas viviendas, locales comerciales; otros se endeudaron a través de créditos bancarios con hipotecas, cesantías, ventas de acciones que habían comprado en empresas del Estado o préstamos de la Caja de Vivienda Militar; otra persona vendió su vivienda en Miami (Estados Unidos) para residenciarse nuevamente en Colombia; otra más que laboró en ese país en oficios varios invirtió en el proyecto sus ahorros de 25 años y una más laboró 10 años como aseadora en Estados Unidos.

En otro caso uno de los propietarios invirtió sus ahorros de 10 años como taxista en Nueva York, mientras que un abogado invirtió lo que se ganó en un proceso en ese país y el caso de un pequeño empresario del transporte que vendió dos buses de servicio público para poder comprar.

En las dos providencias la Fiscalía decretó la procedencia de extinción de dominio en contra de otros 617 bienes representados en apartamentos, parqueaderos, lotes, oficinas y locales comerciales que de acuerdo con la investigación pertenecieron a Herrera Buitrago.

Alias Pacho Herrera, fue condenado por un Juez Regional de Cali a la pena principal de 80 meses de prisión y una multa de mil 170 millones 922 mil pesos, por los delitos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito tras declararse confeso narcotraficante en el período comprendido entre 1983 y 1993; además purgó una pena de 5 años de prisión en Estados Unidos en 1979, regresando a Colombia en 1993.

Según la investigación el origen de los bienes analizados por la Fiscalía, se remonta a mediados de los años 80  cuando familiares y personas de confianza de Herrera Buitrago crearon la Sociedad Inversiones Invervalle S.A. que luego cambió su nombre por el de Sociedad San Vicente S.A., a través de la cual, el confeso narcotraficante, lavó millonarias sumas de dinero producto del narcotráfico.

Por su parte la Sociedad Inmobiliaria U.M.V. Ltda. adquirió en 1986 tres lotes en la carrera 83 y 84 de la calle 5 de Cali, donde posteriormente se construyó el Conjunto Residencial La Alquería.

Dentro de la investigación se evidenció que esta organización, para evitar que los bienes producto de su actividad ilícita fueran objeto de la acción de la justicia, incluyeron en tradición de los inmuebles vinculados al proceso, documentos de identificación de personas que ya habían fallecido, suplantaron a personas que desconocían esas negociaciones y en otros casos otorgaron poderes por personas que ignoraban estos acontecimientos o que ya habían fallecido.

En el año 2019 , HOY Noticias acompañó en su denuncia a los compradores de los apartamentos del edificio Yemanya, a quienes la SAE no les quiso hacer la devolución de sus apartamentos 

En este orden de ideas, ni la SAE devolvió lo que debía devolver y la Fiscalía, con los que debía retener, no hizo nada para lograrlo. 

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