«Podemos estar ante uno de los peores hechos de corrupción de la historia»: Presidente Petro sobre la SAE.


Una de las entidades mas cuestionadas y rodeadas de corrupción política en el país es la Sociedad de Activos Especiales – SAE- , antes llamada Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE- y que tiene por objeto  administrar los  bienes especiales que se encuentran en proceso de extinción o se les haya decretado extinción de dominio.   

En las últimas horas y teniendo en cuenta que entre las funciones de la SAE está la de » Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes afectados con medidas cautelares y con extinción de dominio», el presidente Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía General de la Nación reconstruir el  inventario de bienes de extinción de dominio que se le entregó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy SAE, ante la posibilidad que: «podemos estar ante uno de los peores hechos de corrupción de la historia».

Las dudas del presidente Gustavo Petro se apoyan en las denuncias de Daniel Rojas Medellín, nuevo Presidente de la SAE nombrado por el gobierno nacional, quien el pasado 27 de septiembre en un debate en el Congreso de la República denunció que hoy la entidad no cuenta con un estado actualizado del inventario de la SAE: 

» Dentro de las cifras que maneja la SAE no hay información física de los predios, ni siquiera de su ubicación, 3655 inmuebles no tienen avaluó catastral o comercial,  1643 predios no tienen información registrada y no se sabe cuántos predios están siendo ocupados de manera irregular. (…) El gran problema de la entidad son los inventarios y la información de los activos que se administran» , concluyó el funcionario del gobierno Petro.

A estas denuncias se suman irregularidades plasmadas en el  «Estudio Sectorial sobre la Gestión de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE S.A.S. en el marco de la Extinción de Dominio en Colombia, durante el período 2019-2021» , de la Contraloría General de la Nación y al cual tuvo acceso el programa «Mañanas Blu» , informe que siendo de carácter público no aparece en el portal del ente de control. 

De acuerdo con el informe  se revisó la productividad y rentabilidad de los recursos del  Fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado -Frisco- ; responsable de administrar los bienes especiales que se encuentran en proceso o que se les haya decretado la extinción de dominio.

El informe con fecha del 22 de Julio de  2022 concluye que :

La entrega del inventario de bienes por parte de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes DNE a la Sociedad de activos especiales SAE, fue de manera formal documental y no real y material, lo cual implica, de acuerdo con la Contraloría, un desconocimiento del total de bienes, su ubicación, su avalúo y sobre todo, el estado físico en el que se encuentran realmente.

Es decir se hizo una entrega de papel y el papel puede con todo.

De otra parte en el informe conocido en exclusiva por el medio y que debía ser de conocimiento público, hay datos vergonzosos como por ejemplo, el precio de los arrendamientos de los inmuebles en poder de la SAE.

Según el reporte, en 2021 se alcanzó un recaudo de $106.468 millones. Sin embargo, no se entiende cómo la SAE calculó este valor, puesto que según lo expuesto por el presidente de la SAE en el debate del congreso «las anomalías en la administración de inmuebles rurales y urbanos, están relacionadas a que no se tiene claridad sobre la información física de los predios y su ubicación, y tampoco hay certeza de cuántos predios están ocupados de manera irregular y cuáles son sus condiciones».

En ese orden de ideas y al revisar el informe se comprueba que la  entidad no tiene registrado el avalúo comercial para el 77,43% de los bienes inmuebles; es decir, para 21.946 propiedades de un total de 28.343 reportadas.

Otra de las graves denuncias llegaron por parte del senador Antonio José Correa : “Denuncio un grave caso de avalúos de bienes en extinción de dominio de narcos y corruptos: un lote de 720m2 avaluado en $4.300; 88 bienes no superan los $100.000; Una finca de 112 hectáreas por $64.000 y un lote en Unicentro de Bogotá de 99m2 por $1.318″, dijo Correa.

En la  larga lista de irregularidades se encuentra  un lote urbano sin construcción y en buen estado, de 99,48 m², aparece registrado por $1.318 pesos. Un garaje de 12 m² en buen estado, localizado en el sector de Unicentro Bogotá, aparece avaluado en $35.000.

Estos valores demuestran que la información que aparece en el inventario de la SAE entregado por el gobierno de Iván Duque no es confiable.

Con corte a diciembre de 2021, solo se había extinguido $2,14 billones de pesos que corresponden a 6.383 registros. Esto quiere decir que solo el 10,54% de los 60.562 registros que en total tiene la SAE surtieron proceso de extinción de dominio. La compleja realidad hace casi imposible la monetización de los bienes, para que puedan ser utilizados por el Gobierno en programas sociales.

Sin embargo allí no para el «amaño y posible corrupción» que dejó el gobierno de Iván Duque en la entidad. 

El pasado 25 de enero de 2022 la Contraloría General de la República estableció 38 hallazgos administrativos, de los cuales 6 tenían  presunta incidencia fiscal por valor de $14.150 millones, al concluir una Actuación Especial de Fiscalización realizada a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE) sobre sociedades y establecimientos de comercio que administra en el Valle del Cauca, Magdalena y Bogotá. 

Estos 6 hallazgos fiscales se configuraron en la administración, supervisión y control de 6 sociedades: 

1. Sociedad Gran Muelle: hallazgo fiscal por $5.319 millones, por cánones de arrendamiento vencido. Esto produjo un deterioro de la cartera sin que se hubieran dado las gestiones o acciones correspondientes para la recuperación efectiva de la misma. 

2. Sociedad APVA, hallazgo fiscal por $5.689 millones, por la misma situación anterior: cánones de arrendamiento vencidos que deterioraron la cartera. 

En el caso de este hallazgo aparte de tener incidencia fiscal, tiene carácter disciplinario.  

Y se determinó la existencia de una presunta connotación penal, sustentada en el deterioro de cartera efectuado a uno de los arrendatarios (INTENALCO), quien a través de un requerimiento informó a la Contraloría que efectivamente dio cumplimiento al pago de los cánones de arrendamiento castigados no observándose el ingreso de estos a la sociedad APVA. 

Tal situación, que afectó la productividad de la sociedad llevándola a pérdidas económicas, en concepto del ente de control fue causada por una deficiente administración por parte de su depositario provisional y una incompleta supervisión, control y seguimiento por parte de la SAE. 

3. Sociedad Vaselinas Industriales de Colombia, hallazgo fiscal por $36.805.000 por pago de intereses de mora y retenciones en la fuente, hecho que refleja una inadecuada administración de la sociedad, pues se inobservó lo establecido en el régimen tributario en el sentido de que “Los impuestos sobre los bienes que se encuentran en administración o a favor del FRISCO no causan intereses remuneratorios ni moratorios durante el proceso de extinción de dominio». 

4. Sociedad Valle Nevado, hallazgo fiscal por $33.870.000 por concepto de intereses moratorios, sanciones por extemporaneidad y multas de la DIAN y Secretaría de Hacienda de Bogotá, incumpliendo también el régimen tributario. 

5. Sociedad Inversiones Camacho Estupiñán, hallazgo fiscal por $3.312.464 por multa de la Superintendencia de Sociedades, pago que se realizó con cargo a la productividad de la sociedad y que es producto de una ineficiente administración por parte del depositario provisional y falta de seguimiento, control y supervisión por parte de la SAE.  

6. Sociedad Typsa, hallazgo fiscal por $3.068 millones, dado que a través de su depositario provisional castigó cartera sin haber adelantado las acciones correspondientes para la recuperación efectiva de la misma por valor de $3.068.242.552. 

Este hecho afectó las utilidades de la sociedad y produjo una disminución del patrimonio de la misma del -109%, situación que refleja una inadecuada administración de la sociedad e inobservancia de lo establecido en su política contable.   

Fallas de la SAE en supervisión, seguimiento y control 

La Contraloría Delegada para el Sector Justicia en enero de este año  encontró que la SAE no ha ejercido de manera eficiente, eficaz y oportuna su obligación de supervisión, seguimiento y control a la gestión administrativa, financiera, contable y jurídica desarrollada por los depositarios provisionales que administran las sociedades que fueron objeto de revisión y análisis en la Actuación Especial de Fiscalización. 

De acuerdo a una muestra revisada y analizada, se determinó que de 23 sociedades activas en proceso se extinción de dominio, 8 son improductivas y 15 están cumpliendo con su objeto social y son productivas, de las cuales 3 (SANAR, MACEDONIA LTDA y CRETA S.A), transfirieron recursos de utilidades al FRISCO, en el año 2021.  

Gestión deficiente y negligente de depositarios provisionales 

Finalmente en  la auditoría  de principios de año se determinó que en la mayoría de los casos las gestiones adelantadas por los depositarios provisionales han sido deficientes, negligentes, antieconómicas, inoportunas, ineficientes e ineficaces, afectando en algunos casos el cumplimiento del objeto social y la productividad de las sociedades que administran, presentándose el riesgo de disolución y liquidación de las mismas. 

De acuerdo con lo hallado por la Contraloría, la SAE a pesar de haber asumido hace unos ocho años su función como administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), aún no cuenta con información clara y completa, relacionada con el estado de los inventarios de las sociedades activas en proceso de extinción de dominio y establecimientos de comercio que fueron recibidos en la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) en el año 2014. 

Y como si esto fuera poco, en agosto 3 de este año antes de posesionarse el presidente Petro, la misma Contraloría publicó otro informe en el que daba cuenta que del billón de pesos relacionados en las actas de entrega por parte de la FARC-EP, únicamente se constituyó un Patrimonio Autónomo en la vigencia 2021 por $43.000 millones que corresponde a:  Efectivo y Caletas ($2.114.350.000), dólares ($1.442.622.675), Oro ($39.025.813.861), Semovientes ($158.778.650), Muebles y Enseres ($500.000) y Medios de Transporte ($24.500.000).

Es decir en palabras del ente de control : » No se han registrado todos los bienes entregados a otras entidades. Adicionalmente, la SAE no reflejó en las Cuentas de Orden la totalidad del valor del inventario entregado por la FARC-EP, según actas de entrega».

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