Unidad de víctimas en Valledupar funciona en edificio de familiar de exparamilitar Jorge 40
Definitivamente Colombia es el país del «TODO ES POSIBLE» , no se alcanza a superar un escándalo cuando del gobierno nacional llega otro que remueve la dignidad de los ciudadanos
Esta vez el escándalo corre por cuenta de la Unidad de Víctimas en el municipio de Valledupar, capital del departamento del Cesar
En la Calle 16B #12 – 96 de la Ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar, como es conocido este municipio colombiano, funciona, desde 2019, la oficina de la Unidad de Víctimas, en la que se atiende a las víctimas del conflicto armado en Cesar y La Guajira
El escándalo se suscitó por cuenta de un contrato de arrendamiento de un edificio, que es propiedad de Ana Carolina Vélez Salgado, en donde funcionan las oficinas de la entidad, es no tendría nada de raro si no se tratara de la exesposa del exparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40»
Pues si, la Unidad de Víctimas funciona en la propiedad del familiar de uno de los mayores verdugos de este país
Este » gigante detalle» se conoció por la denuncia de líderes de colectivos sociales que señalan que esta contratación contradice el espíritu de reparación presente en los Acuerdos de Paz: la dueña del inmueble es la señora Ana Carolina Vélez, esposa del exparamilitar “Jorge 40″.
De acuerdo con el contrato de arrendamiento , la entidad suscribió con el Grupo Majusa, representado por Juan Andrés Chaín, quien, de acuerdo con la versión entregada por el diario El Espectador, funge como administrador del inmueble de propiedad de San Martín Ltda, edificio representado legalmente por Ana Carolina Vélez.
La Corporación Constructores de Paz y Desarrollo Sostenible, que trabaja con víctimas del conflicto armado expresó ,a través de su vocero Luis Fernando Lara , que esta situación es un “total atropello”:
“Yo represento a la Corporación Constructores de Paz y Desarrollo Sostenible. Queremos que la sede de la Unidad de Víctimas no esté más allá. Hay muchísimas víctimas que no estamos de acuerdo con que la oficina que está para la atención nuestra quede ubicada en un inmueble que es de propiedad de la exesposa del paramilitar. Creemos que atenta contra nuestra dignidad. Además de que somos víctimas tenemos que ir a la casa de un victimario a reclamar nuestros derechos”, explicó Lara al diario El Espectador.
No hay que olvidar que en el gobierno de Duque, la familia del exparamilitar Jorge 40 ha tenido protagonismo, pues Jorge Rodrigo Tovar Vélez hijo del exjefe paramilitar trabajó en la oficina de víctimas del Ministerio del Interior, lo que genera mayores dudas en la idoneidad del contrato.
La sociedad San Martín, de propiedad de la madre y la abuela de Jorge Tovar Jr., recibió este contrato por 260 millones de pesos por el arrendamiento de la sede principal de la Unidad de Víctimas en Valledupar. ¿Una desafortunada coincidencia?
Otro detalle importante y para no olvidar , es que Tovar Vélez es ahora candidato a la Cámara de Representantes y aspira ocupar una de las 16 curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, creadas mediante el acto legislativo 02 de 2021 como una manera de resarcir a las víctimas del conflicto armado.
Es decir las víctimas del conflicto tuvieron, en representación del gobierno Duque, al hijo de uno sus verdugos , además deben pedir la reparación en el edificio de propiedad de la exesposa del mismo verdugo y como si fuera poco aguantarse que el hijo de su verdugo haga política y llegue al congreso a nombre de ellas . Así o mas ficción?! Lo tremendo es que no es ficción es pura y cruda realidad macondiana.
Esté edificio estará manchado con la sangre de miles de víctimas de los paramilitares?
Eso no parecería una historia de puro cinismo si no fuera por la respuesta, que ante la denuncia de los colectivos sociales, entregó Vladimir Martin, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad de Víctimas.
Para el funcionario el inmueble objeto del contrato de arrendamiento es de una persona jurídica: “El contrato fue suscrito mediante un poder, un contrato que suscribió una sociedad limitada, no Ana Carolina Vélez”.
Es decir no importa que ella sea la dueña, lo que importa es que el contrato lo firmó otra persona, así ella tenga nexos con el exparamilitar!
El funcionario señala que el gobierno se esfuerza por brindar atención a las víctimas: “El Gobierno Nacional ha hecho un esfuerzo inmenso. Ha sido el que más recursos ha destinado (a las víctimas)”, queremos renovar nuestro esfuerzo para seguir trabajando en esa línea de reparar a las víctimas”.
Colombia no imagina que haría Duque si no se esforzara tanto por las víctimas !
El funcionario enfatizó que la elección del inmueble se realizó tras un estudio de mercadeo en el que se cumplieron la totalidad de las condiciones para que la sede de la Unidad de Víctimas en Valledupar funcionara en plenitud de condiciones.
En conclusión acotó que “los contratos fueron suscritos de acuerdo al marco normativo y hay un criterio de transparencia, pueden ser consultados por la ciudadanía”.
Se le olvida al señor que muchas veces lo que es correctamente legal, ETICAMENTE NO LO ES!
El valor inicial del contrato de arrendamiento es de $236 millones mensuales, valor en el que se encuentran incluidos el arrendamiento mensual y la administración, y su ejecución estaba pactada hasta el 31 de mayo de 2021; sin embargo, el denunciante Luis Fernando Lara indicó que la Unidad continúa prestando servicios desde dicho lugar.
“Básicamente, las víctimas vamos a ver cómo están los procesos para la indemnización, también para ayuda humanitaria. Esos son los servicios que más requerimos. Haremos un plantón frente a la oficina de la Unidad, con el objetivo de que el contrato no vaya más. Lo están prorrogando, pero lo ideal es que ese contrato no siga funcionando. Es prácticamente la casa de “Jorge 40″. Esperamos que la Unidad para las Víctimas busque otro lugar para la atención”, agregó Lara en su denuncia a el diario El Espectador.
