35.210 personas se han acreditado como víctimas del ejército y las extintas FARC EP en el Urabá.
Por Ma. Del Pilar Aguilar S
La Jurisdicción Especial de Paz prioriza e investiga graves violaciones a los derechos humanos en la región de Urabá entre los años 1986 y 2016.
Dentro de las investigaciones que adelanta está el caso 04 que investiga nueve conductas ocurridas en el marco del conflicto armado; una de estas conductas es la violencia sexual, en la que se han identificado más de 400 hechos en los municipios priorizados.
De igual forma se han acreditado 35.210 víctimas que corresponden a 103 sujetos colectivos:
9 Consejos Comunitarios
1 sindicato
3 organizaciones de campesinos
19 comunidades con pertenencia étnica negra
sujetos colectivos indígenas pertenecientes a 71 comunidades
69 territorios ancestrales
4 pueblos indígenas [Embera (Dobida, Eyabida, Katio), Wounaan, Senú y Guna Dule].
Asimismo, como víctimas individuales se han acreditado 108 personas: 13 LGBTI, 5 hombres, 13 mujeres (7 violencia sexual), 37 integrantes del barrio la Chinita de Apartadó, 15 integrantes de la Vereda Guacamayas, 25 campesinos de las zonas de Tulapas, Macondo, Blanquiceth, Lomas Aisladas y Belén de Bajirá.
Los territorios colectivos reconocidos como víctimas del conflicto armado se han estimado en 192.275 hectáreas.
Desde el 21 de noviembre de 2019 y hasta la fecha, la JEP ha escuchado en 35 diligencias de versión voluntaria a 30 comparecientes: 19 de estas a exmiembros de la fuerza pública, 10 a exmiembros de FARC-EP, 1 de terceros civiles.
Se ha vinculado a 241 personas en servicio activo, retirados y separados de la fuerza pública (Ejército Nacional), exmiembros de Farc-EP como comparecientes obligados y 1 tercero civil que se presentó voluntariamente,
El Caso 04 de la JEP prioriza e investiga graves violaciones a los derechos humanos en la región de Urabá entre el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016, en los municipios de:
Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba en el Departamento de Antioquia y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en el Departamento de Chocó.
En estos municipios las violaciones a derechos humanos fueron cometidos presuntamente por miembros de las Farc-EP e integrantes de la fuerza pública.
