El caso fue denunciado por los integrantes la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes.
El líder indígena y defensor de derechos humanos Belarmino Guejía Dizú fue asesinado en la tarde de este domingo 22 de febrero en zona rural del municipio de Cajibío, Cauca, según denunciaron los integrantes de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes, a través de una denuncia pública dirigida a la comunidad nacional e internacional.
De acuerdo con el reporte, los hechos sucedieron hacia las 2:30 de la tarde en la vereda San José La Laguna, sector La Palmera, en la vivienda donde residía el líder junto a su madre y su hermana. Testigos indicaron que hasta el lugar llegó una motocicleta con dos personas. Mientras el conductor permaneció en el vehículo, el parrillero ingresó al predio y disparó en repetidas ocasiones contra Guejía Dizú cuando este salió al patio de la casa. Posteriormente, el agresor le habría disparado nuevamente en la cabeza antes de huir junto a su cómplice.
El dirigente social recibió siete impactos de arma de fuego y falleció en el sitio. Una ambulancia acudió al lugar, pero al confirmar que no presentaba signos vitales se retiró, quedando el cuerpo a la espera del levantamiento por parte de funcionarios judiciales.
BelarminoGuejía Dizú, identificado con cédula de ciudadanía No. 1060804020, se desempeñaba como presidente de las comunidades sin tierra de la finca Santa Marta. Integraba la Juventud Rebelde, el Movimiento Los Sin Tierra Nietos de Manuel Quintín Lame, la Corporación Agraria de Productores Agropecuarios del Cauca (Corpoaprodec) y el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc). Además, desde el 9 de febrero de 2024 figuraba en el listado de personas para quienes se solicitó la ampliación de la medida cautelar 210/17 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La organización denunciante advirtió sobre el “fundado temor” por la vida e integridad de los familiares del líder asesinado y de los demás integrantes de las comunidades y procesos sociales a los que pertenecía. Asimismo, responsabilizó al Estado colombiano por las presuntas fallas en la garantía de los derechos fundamentales en una zona donde operan fuerzas armadas irregulares en medio de presencia militar y policial.
En el pronunciamiento, se señaló directamente al presidente Gustavo Petro, a la Gobernación del Cauca y a los mandos de la Fuerza Pública en el departamento, instando a que se adelanten investigaciones prontas y efectivas que permitan esclarecer el crimen, identificar y judicializar a los responsables, y adoptar medidas de protección para los líderes sociales del territorio.
La Red de Derechos Humanos también solicitó la intervención de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y pidió a los organismos nacionales e internacionales mantenerse atentos frente a la crítica situación que, aseguran, enfrenta el departamento del Cauca en materia de derechos humanos.
Según información difundida por organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 013/25 que incluye al municipio de Cajibío con un llamado a la acción inmediata, advirtiendo sobre la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de grupos armados, situación que representa un riesgo permanente para los derechos de la población.
Esta advertencia se suma a la AT 007/23, que señala un alto riesgo de vulneraciones a los derechos humanos debido al control territorial ejercido por la estructura disidente conocida como Frente Jaime Martínez, así como al tránsito del Frente Dagoberto Ramos y del Frente Carlos Patiño del Bloque Occidental, además de la presencia de bandas locales en la zona.
De acuerdo con el informe divulgado por organizaciones sociales, Cajibío estaría bajo jurisdicción de la Tercera División del Ejército Nacional.
El caso de Belarmino Guejía Dizú fue reportado como el líder social número 23 asesinado en Colombia en lo que va de 2026, según el registro de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Las organizaciones denunciantes responsabilizaron al Estado colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro; al gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez; y a los mandos de la Fuerza Pública en la región, por las presuntas fallas en la garantía de la vida e integridad de los líderes sociales.
Entre las exigencias, pidieron investigaciones prontas, exhaustivas e independientes que permitan esclarecer los hechos y judicializar a los responsables materiales e intelectuales. Asimismo, solicitaron medidas urgentes de protección para los familiares de la víctima y para los integrantes de las comunidades y procesos organizativos a los que pertenecía.
Finalmente, instaron a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a organismos nacionales e internacionales a mantener vigilancia sobre la situación de derechos humanos en el Cauca, departamento que continúa enfrentando graves riesgos para líderes sociales y comunidades rurales.
