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El fiscal general Francisco Barbosa y el presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Alarcón, realizaron una declaración conjunta en la que se refirieron a las investigaciones que, a partir de las declaraciones que la excongresista Aida Merlano dio en días anteriores a la Revista Semana , se abrieron en contra de 15 personas, entre ellas concejales, exconcejales, policías y la entonces representante a la Cámara Lilibeth Llinás, así como contra el empresario Julio Gerlein.
El fiscal Barbosa aseguró que el ente acusador abrió de manera oficiosa una noticia criminal por las declaraciones que Aida Merlano entregó a un medio de comunicación. Esto, para esclarecer los hechos en los que ella habla de quiénes estuvieron supuestamente detrás de su fuga -mencionando a integrantes de las familias Gerlein y Char, de la costa- y en donde además se refiere al caso de corrupción por el que fue condenada a 15 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia.
«El Fiscal dijo que hay un acuerdo entre la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía en cuanto a que no se enviarán funcionarios judiciales «de ninguna clase a territorio venezolano».
Frente al tema, el magistrado Alarcón aseguró que «entre la Fiscalía y la sala que él preside, existe el mayor entendimiento y colaboración armónica para desarrollar cada uno sus investigaciones».
Dijo que, por eso, les pareció conveniente aclararle a la opinión pública que, por un lado, la Fiscalía adelanta procesos bajo la ley 906 del 2004 en donde recopila y asegura información, evidencias y elementos materiales probatorios que después llevará ante un juez en el escenario del juicio oral. En cambio, dijo, la Corte adelanta procesos con la ley 600 del año 2000, y que en ese caso el alto tribunal «sí practica pruebas tanto a nivel nacional como internacional, pruebas que permanecen vigentes durante toda la fase procesal, incluso antes del juzgamiento».
«El magistrado Farfán extendió una investigación preliminar que ya adelantaba contra el senador Arturo Char con el fin de verficar hechos relacionados con la fuga de Aida Merlano, todo ello con relación a la existencia de una conexidad sustancial», dijo el magistrado, explicando que la Corte ordenó escuchar a Merlano por videoconferencia, decretando una prueba.
Sobre cómo se buscará obtener dicha prueba, la Corte dijo que se ordenó agotar con el Ministerio de Justicia «los mecanismos diplomáticos consulares correspondientes, lo cual es habitual en estos casos».
También dijo que, en el evento de que se pueda recibir el testimonio de Aida Merlano -testimonio que, en todo caso, será valorado por la Corte- esa declaración será trasladada a la Fiscalía General de la Nación. Así lo confirmó Barbosa, quien aseguró que en ese caso ese testimonio será trasladado al órgano acusador para que la Fiscalía lo use en sus investigaciones.
De otra parte el Fiscal aclaró que él «no tiene competencia constitucional ni legal para investigar al Presidente de la República ni a los congresistas de este país, por razón de lo señalado por la ley y la constitución».
