Luis Monsalvo Gnecco, acusado oficialmente por corrupción: Fiscalía
Una mala noticia para la «semana» de algunos. Este lunes 25 de octubre la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente, ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, al gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco.
El integrante del clan Gnecco deberá responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación de terceros relacionado con un contrato del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el departamento.
El proceso responde a una investigación en la que el ente acusador aparentemente encontró 9 inconsistencias en un contrato que la Gobernación del Cesar celebró en el año 2015 con el consorcio Alimentación Escolar A Salvo, cuyo valor superó los $17.140 millones.
Este presuntamente tenía falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley, originando un detrimento patrimonial que asciende a los $3.172.808.072.
Y aunque el gobernador Monsalvo Gnecco delegó el «negocio» a una persona de su administración, la fiscalía aclaró que el gobernador tenía la obligación de velar por los recursos públicos.
Adicionalmente otras de las inconsistencias se relacionaron con los sobrecostos de los alimentos, dado que cada kilogramo de hígado fue pagado a $65.460 pesos.
Además, el mandatario también se habría encargado de beneficiar a un grupo específico de personas. Por ejemplo, el citado consorcio estaba conformado por la Fundación Kabala y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, representada legalmente por María Angélica Araujo Noguera, pero cuya propietaria aparentemente era Katia Rosado Robles.
En ese mismo año 2015, la gobernación también adjudicó un contrato similar de mayor valor con el Consorcio Alimentando un Cesar más Educado, representado legalmente por Ivis Rosado Robles, hermana de Katia.
A esto se le suma las quejas de padres de familia y estudiantes que denunciaron que les servían raciones muy pequeñas, y que eran preparadas en las cocinas de las manipuladoras.
Las investigaciones señalan que las indebidas actuaciones habrían generado una apropiación ilegal de dinero que asciende a más de $3.000 millones.
En la próxima diligencia preparatoria se espera que la Fiscalía y la defensa, a cargo del abogado Iván Cancino, comiencen a develar los elementos de prueba con los que se enfrentarán en juicio y demostraran » la inocencia» del gobernador perteneciente a una familia de ya condenados por corrupción.
