Radicado proyecto de Paz del Gobierno Petro, con el que se busca la implementación de la Seguridad Humana y la Paz Total
Este martes 30 de agosto, los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Justicia, Néstor Osuna radicaron el proyecto de ley que modifica la Ley 418 de Orden Público; con esta modificación a la Ley , se espera dar el piso jurídico para adelantar las negociaciones con grupos armados del país: “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”, crea el Servicio Social
para la Paz, y el Fondo para la Paz, entre otras disposiciones.
Esta modificación a la ley se convierte en la base solida para desarrollar la política de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro, y a diferencia de las modificaciones que cada gobierno le realiza, esta modificación se convertirá en una una política estatal que va a comprometer al Comisionado de Paz y al conjunto del gobierno nacional y los gobiernos locales
En concreto el proyecto de Paz del Gobierno Petro, establece que la política de paz será prioritaria en los asuntos de Estado, transversal a estos, e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y acogimiento a la justicia.
«La política de paz será una política de Estado y, en tal sentido, comprometerá a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a darle cumplimiento. Asimismo, los diferentes gobiernos deberán garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, en consecuencia, tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes» señala .
A juicio del Representante a la Cámara Pedro Suárez Vacca, “Este proyecto de ley que comienza por la Comisión Primera de la cual hago parte, es el primer paso para que alcancemos la llamada Paz Total. De esta forma da la posibilidad de continuar con diálogos regionales, es decir la participación de los sectores que han vivido las atrocidades de la guerra, de manera que haya una solución desde las propias víctimas”
En pocas palabras el proyecto plantea la paz, ya no como una política ya aislada, sino como una política de Estado, transversal a todos los ministerios.
Que plantea el proyecto de Paz del gobierno
La Reforma a la ley 418 permitirá adelantar diálogos, negociaciones , sometimientos y acogimientos a la justicia por parte de los grupos alzados en armas y grupos armados no políticos
Esto significa que se realizarán diálogos con :
ELN,EPL, disidencias de las Farc, Segunda Marquetalia, Clan del Golfo-Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Pachenca, Los Caparros entre otros.
Los representantes autorizados expresamente por el Gobierno nacional, con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz, podrán:
– Realizar todos los actos tendientes a entablar conversaciones y diálogos con estructuras o grupos armados organizados al margen de la ley.
– Adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos
Con la modificación planteada, el artículo 6 de esta ley quedará:
En el Plan Nacional de Desarrollo y en los Planes de Desarrollo locales de las entidades territoriales se fijarán políticas, programas y proyectos, dirigidos al logro de la paz y de un desarrollo social equitativo y a integrar a las regiones, en especial, los municipios más afectados por la violencia o aquellos en los que la presencia del Estado ha sido insuficiente, con el propósito de alcanzar los fines del Estado, contenidos en el artículo 2 de la Constitución Política, así como un orden justo democrático y pacífico, y la convivencia y la paz.
Para lograr este propósito se crearan nueve » regiones para la paz » , lugares en los que se tendrá la posibilidad de adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley.
Los diálogos en las regiones de paz, tendrán la autorización del gobierno nacional . Se priorizará en su conformación, además de los territorios PDET del Acuerdo de Paz, los municipios categorizados como ZOMAC, comunidades de influencia o zonas vulnerables en las que existan graves afectaciones a la población civil y al territorio, y en las que haya ausencia o débil presencia del Estado.
Estas nueves zonas serían:
La zona de frontera con énfasis en Arauca, el Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo, el sur de Bolívar, Chocó, Nariño, un área entre Meta y Guaviare, Putumayo y Cauca.
Estos diálogos estarán dirigidos a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto de los Derechos Humanos, el cese de hostilidades o su disminución, la reincorporación a la vida civil de los miembros de estas organizaciones o su tránsito a la legalidad y la creación de condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo
Estos acuerdos deben garantizar el normal y pleno funcionamiento de las instituciones civiles de la región en donde ejerce influencia el grupo armado al margen de la ley que lo suscribe.
Es decir se buscará que en estas zonas afectadas por la violencia y convertidas en regiones para la paz se cumplan acuerdos humanitarios en los que no se ataquen puestos de salud, escuelas, que la población civil este a salvo cuando se produzcan enfrentamientos, no se trata de zona de despejes sino sencillamente avanzar en la humanización del conflicto, señaló el senador Iván Cepeda, arquitecto del proyecto de Ley
El proyecto de Ley contempla que los grupos ilegales políticos y no políticos deberán tener representantes en las negociaciones. Para ello se entiende por miembro-representante, la persona que el grupo armado organizado al margen de la ley designe como representante suyo para participar en los diálogos, negociación o suscripción de acuerdos con el Gobierno nacional, o sus delegados.
Se entiende por vocero persona de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo armado organizado al margen de la ley, pero con el consentimiento expreso de este, participa en su nombre en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos. No será admitida como vocero, la persona contra quien obre, previo al inicio de estos, resolución o escrito de acusación.
Se levantan órdenes de captura con fines de extradición
Una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos, y con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, las autoridades judiciales
correspondientes suspenderán las órdenes de captura, con o sin fines de extradición, que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz.
Para tal efecto, el Gobierno nacional comunicará a las autoridades señaladas el inicio, terminación o suspensión de diálogos, negociaciones o firma de acuerdos y certificará la participación de las personas que actúan como voceros o miembros representantes de dichos grupos armados organizados al margen de la ley, indica el parágrafo 2 del artículo 8
Igualmente, en las regiones de paz, se suspenderán las órdenes de captura que se dicten en contra de los voceros con posterioridad al inicio de los diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos, por el término que duren estos.
Gabinete de paz
Cada uno de los Ministerios que conforman el gobierno nacional deberá definir los componentes de la política pública de paz que hagan parte de
su competencia. En sesiones bimestrales o cuando así lo determine el presidente de la República, el Gabinete Ministerial sesionará como Gabinete de Paz.
En esas sesiones los Ministerios presentarán informes sobre los asuntos a su cargo en esta materia. El Gabinete de Paz será convocado por el Presidente de la República, y los asuntos que se traten en desarrollo de sus sesiones tendrán el carácter de reservados, así como la información y documentos que se expidan en desarrollo de las mismas.
El presidente de la República podrá convocar a las sesiones del Gabinete de Paz a los representantes autorizados por el Gobierno Nacional que participen de diálogos, acercamientos, negociaciones o firma de acuerdos de paz con los voceros o miembros de representantes de grupos armados al margen de la ley. Así como a otros servidores públicos o representantes de la sociedad civil que, por autorización del presidente de la República, participen de los mismos.
SERVICIO SOCIAL PARA LA PAZ
El Proyecto de Ley Seguridad Humana y Paz Total crea además el servicio social para la paz como una alternativa para la prestación del servicio militar.
El Servicio Social para la paz tendrá una duración de doce (12) meses, una remuneración conforme a lo también previsto para el servicio militar, y podrá prestarse en las siguientes modalidades:
1. Servicio social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas.
2. Servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos.
3. Servicio social para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz.
4. Servicio social para promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización.
5. Servicio social para la protección de la naturaleza y la biodiversidad.
