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Corte Suprema abre investigación formal contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle
Corte Suprema abre investigación formal contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal a los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en las que habrían intervenido Name Vásquez y Calle Aguas como presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes para la época de los hechos. Como contraprestación a su gestión, los congresistas habrían recibido pagos en efectivo de manos del exsubdirector de Manejo de Desastres de la unidad, Sneyder Pinilla Álvarez.
Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional.
Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.
La decisión de la Sala se tomó luego de evaluar información recaudada en labores de policía judicial y testimonios practicados por el magistrado instructor y otros suministrados por la Fiscalía General de la Nación.
En la decisión se señala que se cumplen los requisitos para proceder a una investigación formal ante la posibilidad de que los congresistas hubieran incurrido en delitos que atentan o lesionan la administración pública.
Igualmente, se determinó que los congresistas sean citados a indagatoria y se impartieron órdenes de policía judicial para la práctica de otras pruebas.
¿Alias Zeus, ex oficial del Ejército y paramilitar murió en un operativo de la Policía o lo murieron?
¿Alias Zeus, ex oficial del Ejército y paramilitar murió en un operativo de la Policía o lo murieron?
En medio de la operación Agamenón, la fuerza pública lo dio de baja. El hombre se habría fugado, en abril, de la estación de policía Centro de Cúcuta.
La madrugada de este domingo 29 de septiembre fue el escenario de un operativo de alto impacto en la zona rural de la vereda Pocitos, entre los corregimientos de Aquitania y San Francisco, en el departamento de Antioquia.
En esta operación judicial, enmarcada dentro de la ofensiva Agamenón, fue abatido el mayor en retiro Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias ‘Zeus’, según las autoridades uno de los líderes del Bloque Magdalena Medio del Clan del Golfo.
La operación, que involucró a la Policía Nacional, la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, el Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana, significó un golpe contundente a la estructura criminal de esta organización.
Alias ‘Zeus’ tenía un amplio historial delictivo que comenzó en 1997 cuando se unió a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el Urabá antioqueño, bajo el liderazgo de los exjefes paramilitares alias ‘00′ y David Hernández, alias ‘39′.
Su vinculación con los grupos armados ilegales lo llevó a participar activamente en la expansión territorial de las Autodefensas Unidades de Colombia, durante el auge del paramilitarismo.
Antes de ser un cabecilla paramilitar, Rodríguez Agudelo sirvió en el Ejército Nacional y llegó al rango de Mayor, donde estableció vínculos con líderes del narcotráfico y la delincuencia organizada. Fue durante su tiempo en el Batallón Vargas, en el departamento del Meta, cuando conoció a Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, uno de los criminales más buscados del país. En esa época, ‘Zeus’ participó en los llamados falsos positivos y otras operaciones ilegales que marcaron su carrera criminal.
Su paso por distintas unidades del Ejército, como las fuerzas especiales en Caquetá y los antinarcóticos en Guaviare, evidenciaron su capacidad para moverse en diversos territorios y redes de poder. Entre sus antecedentes más oscuros, se encuentra su participación en la masacre de Cajamarca, Tolima, cuando lideraba el Batallón Pijaos.
El historial de Rodríguez Agudelo no terminó con su salida del Ejército en 2005. Tres años después, fue capturado transportando 200 kilos de cocaína y grandes sumas de dinero en efectivo, lo que lo conectó con el Cartel del Norte del Valle y el narcotraficante Diego Montoya, alias Don Diego. Tras esta captura, fue condenado a 15 años de prisión por delitos de tortura, desaparición forzada y homicidio.
En 2021, alias Zeus fue beneficiado con libertad condicional bajo el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Durante su tiempo en libertad, participó en varias audiencias donde confesó su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales y asesinatos de miembros de la Unión Patriótica. Sin embargo, su comportamiento no estuvo exento de controversias: en 2022, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP lo sorprendió portando un arma de fuego, lo que provocó la apertura de un incidente de incumplimiento que se cerró en marzo de 2023 por falta de pruebas.
El 22 de abril de 2024, alias Zeus protagonizó una fuga masiva de la estación de Policía de Cúcuta, en la que escaparon 22 reclusos.
Aprovechando el caos generado por una simulación de emergencia médica, los detenidos sometieron a los guardias y lograron huir. Zeus, que había sido capturado semanas antes, explicó en una carta que temió por su vida y que su decisión de huir fue motivada por el miedo a ser asesinado, ya que sabía de un plan para acabar con su vida.
La fuga de Zeus tuvo consecuencias dentro de la Policía. Tres uniformados fueron capturados por supuestas fallas en la seguridad y por permitir el ingreso de paquetes a los calabozos. Este episodio aumentó las sospechas sobre posibles complicidades internas que facilitaron la fuga del exparamilitar.
Hoy la gran duda que surge es sí realmente «Zeus» murió en medio de un operativo o sí le habrá ocurrido lo mismo que a Juan Larison Castro Estupiñán, alias Matamba, quien fue abatido en mayo de 2022 en una zona rural de Antioquia,dos meses después de una presunta fuga de la cárcel La Picota, en Bogotá.
Dos años después se comprobó que no hubo enfrentamiento y que «Matamba» fue sacado de la cárcel con ayuda de integrantes del INPEC, torturado y asesinado por integrantes de la policía.
Recientes investigaciones revelaron presuntas irregularidades en la operación que resultó en la muerte de alias Matamba. La Fiscalía General de la Nación tuvo en su poder una serie de audios que sugieren una conspiración entre las propias autoridades y socios del exnarco para asesinarlo.
Se ha planteado la hipótesis de que este buscaba entregarse a las autoridades estadounidenses, quienes lo reclamaban en extradición, y entregar información sensible sobre las rutas del narcotráfico y contactos corruptos en la Policía y el Ejército.
Los informes indican que alias Matamba, al intentar colaborar con Estados Unidos, fue víctima de una emboscada en lugar de una resistencia armada, como se declaró originalmente. Es por ello que integrantes de la Policía, quienes participaron en la operación, ahora enfrentan investigaciones por posibles violaciones de derechos humanos y torturas.
En uno de los audios que sirvió como prueba para acusar a los seis policías implicados en la muerte de alias Matamba, testigos que presenciaron el hecho habrían señalado que en el operativo:
“Empezaron a sacar de la casa revólveres, pistolas y un fusil que nunca habíamos visto. Tenían un dron, hablaban del avión fantasma y maniataron a los mayordomos a los que les gritaban: ‘cuidanderos de delincuentes’”.
Regulación obligatoria de pagos que hacen empresas intermediarias de carga a los camioneros para garantizar su aproximación a los fletes, propone el gobierno
Regulación obligatoria de pagos que hacen empresas intermediarias de carga a los camioneros para garantizar su aproximación a los fletes, propone el gobierno
Una nueva propuesta del gobierno nacional surgió ,este jueves cinco de septiembre, luego del Consejo de Seguridad liderado por el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.
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Hacer una regulación obligatoria de los pagos que hagan las empresas intermediarias de carga a los camioneros para garantizar su aproximación a los fletes.
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De igual forma se evalúa el uso de una plataforma pública intermediaria de carga para mejorar los ingresos del camionero.
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Se determinó que el ministerio de Hacienda dispondrá recursos provenientes de Ecopetrol para el salto tecnológico de los camiones. El recambio de camiones en la chatarrización se hará uno por uno para evitar el aumento excesivo de flota.
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Durante el Consejo de Seguridad se conoció que de las 3.000 empresas intermediarias de carga más de 1.000 han explotado a los camioneros, separando abismalmente el precio del flete que cobran al generador de la carga, al precio que pagan al camionero que lleva la carga.
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Esas empresas serán investigadas por las Superintendencias y la Dian.
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Finalmente la propuesta del gobierno ratifica que el precio del diésel subirá gradualmente, de acuerdo al cumplimiento de estas normas de protección al pequeño camionero.
Cali opera con calma y normalidad pese a bloqueos por protestas de camioneros. No hay desabastecimiento de combustible
El sistema de transporte MIO opera con el 94% de su flota, y sólo algunas rutas han sido suspendidas o desviadas. El MIO, clave en la movilidad urbana, reporta una afectación mínima, con la mayoría de sus buses operativos y solo algunos desvíos en rutas específicas.
Además hizo hincapié en que los manifestantes tienen habilitado un corredor intermitente por donde pasan los alimentos y combustible; también hizo un llamado de cordura a la ciudadanía, que haga la recarga de combustible que se necesita y que no se transporte ni en tarros ni pimpinas este material.
La Secretaría de Educación Distrital reporta normalidad en la prestación del servicio de transporte escolar en las 92 instituciones educativas oficiales (IEO), con tres excepciones: Isaías Gamboa (Terrón Colorado), Santa Librada y Normal Farallones (en San Antonio).
La cara oculta del progreso: La lucha de un empresario caleño contra la expropiación y el desplazamiento en nombre del desarrollo urbano
La cara oculta del progreso: La lucha de un empresario caleño contra la expropiación y el desplazamiento en nombre del desarrollo urbano
Empresario de Cali enfrenta expropiación para la construcción de un gran complejo de apartamentos en el centro de Cali. Hoy Noticias denuncia.
El 17 de junio de 2021 marcó el comienzo de una nueva batalla para Don Pedro, quien decidimos nombrar así por seguridad: empresario caleño que tras décadas de arduo trabajo vio cómo su empresa, que alguna vez empleó a más de 30 personas, comenzaba a desmoronarse. La pandemia del 2020, que golpeó duramente la economía mundial, había dejado cicatrices profundas en su negocio. La crisis económica derivada del distanciamiento social fue solo el primer golpe; el segundo, más devastador, llegaría poco después cuando su propiedad fue declarada de interés público para un ambicioso proyecto de renovación urbana en el centro de Cali.
Don Pedro fundó su empresa en 1996 con apenas un torno, un taladro y un soldador. Desde sus humildes inicios soñaba con expandirse y adquirir la maquinaria necesaria para el conformado metálico. Con el tiempo, ese sueño se hizo realidad y su empresa se especializó en la fabricación de maquinaria agrícola, abasteciendo a los grandes ingenios azucareros del Valle del Cauca.
El éxito le permitió mudarse a una gran bodega de dos plantas, con alrededor de 650 metros cuadrados en la primera planta y 140 metros cuadrados en la segunda, ubicada en el barrio Piloto, en pleno corazón de Cali, cerca de la estación de policía sobre la Calle 21. La empresa prosperaba y Don Pedro veía cómo sus años de esfuerzo daban fruto.
Pero todo cambió con la llegada de la pandemia: el confinamiento decretado por el gobierno presidido por Iván Duque en 2020 para frenar la propagación del virus golpeó duramente a su empresa. Los pedidos se redujeron, los ingresos cayeron y Don Pedro se vio obligado a tomar la difícil decisión de despedir a varios de sus empleados. A pesar de la adversidad, se mantuvo optimista, esperando que la situación mejorará una vez que el país empezara a salir del confinamiento.
Sin embargo, en junio de 2021, cuando las restricciones comenzaban a levantarse, Don Pedro recibió una notificación que lo dejó atónito. La constructora JM, encargada de la socialización del proyecto urbanístico, le informó que su propiedad había sido declarada de interés público, lo que significaba que debía venderla para dar paso a un proyecto de renovación urbana en el centro de Cali que finalmente sería operado por la constructora Inacar.
Comunicado oficial emitido de socialización del proyecto emitido por consturtora JM.
El plan de renovación urbano incluye la construcción de edificios, conjuntos residenciales y centros comerciales en barrios tradicionales como El Calvario, Sucre, San Pascual, El Piloto y El Hoyo, los cuales serán transformados en un nuevo y moderno centro de la ciudad.
En el lugar donde la empresa de don Pedro había operado durante años, la constructora desarrollaría el condominio «Fiorente» que pertenece al proyecto urbanístico «Ciudadela Paseo del Río» a cargo de la constructora Inacar, un conjunto de torres de lujosos apartamentos con precios que parten desde los 250 millones de pesos cada uno.
A pesar de que don Pedro y otros propietarios no se oponían al proyecto en sí, exigían un precio justo por sus propiedades, puesto que acababa de terminar de pagar la hipoteca de su bodega y la oferta que recibió estaba muy por debajo del valor comercial del terreno. La cantidad ofrecida no solo no alcanzaba para cubrir lo invertido durante años, sino que también era insuficiente para adquirir una nueva bodega. Don Pedro, dispuesto a negociar, se encontró con la inflexibilidad tanto de la administración como de las empresas relacionadas al proyecto urbanístico, que insistían en mantener un precio que él consideraba irrisorio.
Durante el resto de 2021 y todo 2022, el empresario se embarcó en una lucha legal para obtener un trato justo. Presentó derechos de petición, acudió a todas las instancias legales posibles y agotó los trámites burocráticos, esperando que el proceso surtiera efecto. Finalmente logró un aumento en la oferta, pero seguía siendo muy inferior al valor real de la propiedad.
Desesperado por mantener su empresa a flote, el empresario adquirió nuevos créditos para solventar los gastos. Cuando ya no pudo obtener más financiamiento, decidió aceptar la oferta por su terreno. Sin embargo, las promesas de pago nunca se materializaron.
El peor de los escenarios llegó, el 28 de noviembre de 2023, antes de que el alcalde Jorge Iván Ospina terminara su mandato, cuando Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana E.I.C.E. (EDRU) emitió una orden de expropiación administrativa sobre la propiedad. Según don Pedro, esta medida buscaba presionarlo para que firmara la expropiación y así obligarlo a abandonar el terreno, un lugar que había sido su sustento y que ahora estaba destinado a ser parte del proyecto «Ciudadela Paseo del Río». Para él, la expropiación representa no sólo la pérdida de su propiedad, sino también el cierre definitivo de la empresa que había construido con tanto esfuerzo a lo largo de los años.
Orden de expropiación emitida en 2023
Desde entonces, la empresa, antaño un símbolo de éxito y perseverancia, empezó a desmoronarse. Las máquinas que alguna vez funcionaron a pleno rendimiento ahora están apagadas, cubiertas de polvo, y solo unos cuantos empleados permanecen en el lugar, tratando de mantener lo poco que queda.
Con la administración actual del alcalde Alejandro Eder en 2024, la situación no ha cambiado, de hecho ratificó la orden de expropiación a inicios de año. En medio de esta incertidumbre, el propietario ha decidido no rendirse. A pesar de las dificultades, sigue luchando, esperando que un fallo del Consejo de Estado pueda cambiar su situación o, al menos, definirla de manera clara.
Orden de expropiación administrativa emitida en enero de 2024.
Mientras tanto, la EDRU argumenta que el predio donde se encontraba su empresa está ubicado en una zona estratégica para el desarrollo del plan de renovación de Cali, integrado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y que todo el proceso está amparado por la ley. Además, que a todos los propietarios de los predios se les pagó por estos con indemnizaciones incluidas.
Esto contrasta con la opinión del denunciante, quien afirma que, a mediados de julio, cuando nos contactamos con la EDRU para pedir explicaciones sobre el caso, se le hizo el pago por su propiedad a un valor que no corresponde al precio real del terreno. Según él, tanto las administraciones municipales que han manejado el caso como la EDRU no pagaron un precio justo, sino que solo hicieron ofertas, y quienes no las aceptaron fueron presionados para vender. Aquellos que no cedieron enfrentan hoy procesos de expropiación con abogados. Además, Hoy Noticias pudo constatar que hay más propietarios en la misma situación que Don Pedro.
El tiempo pasa y la ansiedad crece para don Pedro y los otros propietarios que aún permanecen en los predios, ya que son conscientes de que en cualquier momento pueden llegar a exigirles que desocupen los bienes. La constructora Inacar comenzó adelantos de la obra y en el sector instaló una sala de ventas, mientras los propietarios luchan por mantener lo que les queda.
Esta historia refleja la realidad de un hombre que se niega a rendirse, que resiste ante la adversidad y lucha por lo que considera justo. Su empresa, que alguna vez fue un ejemplo de éxito en Cali, ahora es un símbolo de la lucha de un individuo contra las fuerzas del progreso que, en nombre del desarrollo urbano, amenazan con borrar años de esfuerzo y dedicación. Mientras espera un fallo judicial, sigue aferrado a la esperanza de que su lucha no sea en vano y que la justicia finalmente reconozca el valor de su trabajo y su tierra. La incertidumbre persiste, pero su determinación permanece inquebrantable.
SuperTransporte ha fallado 1.483 procesos sancionatorios por presuntas violaciones al Sistema de Costos Eficientes de Transporte de Carga
SuperTransporte ha fallado 1.483 procesos sancionatorios por presuntas violaciones al Sistema de Costos Eficientes de Transporte de Carga
La Superintendencia de Transporte informó que en sus labores de vigilancia y control al cumplimiento del SICE-TAC (Sistema de Costos Eficientes de Transporte de Carga) ha requerido información a 3.023 empresas del sector, realiza 2.287 averiguaciones preliminares y ha fallado —en primera instancia— 1.483 investigaciones sancionatorias que suman más de $40 mil millones, con corte al primero de septiembre de 2024.
Esta labor se ha adelantado con ayuda de herramientas tecnológicas avanzadas, que permiten establecer el cumplimiento SICE-TAC, una de las peticiones de los gremios del transporte de carga para levantar el cese de actividades en varias regiones del país.
Justamente, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, ha dicho que además del aumento de $1.904 en el galón de Acpm para el transporte de carga, los empresarios del sector reclaman aspectos como la revisión de fletes y la reposición del parque automotor.
Frente al aumento del precio del diésel, el Gobierno ya fijó su posición: congelar el precio mientras se logra la concertación con los transportadores.
Con relación a la reposición del parque automotor, el ministro Bonilla dijo que el programa ‘uno a uno’ (reemplazar un vehículo viejo por uno nuevo), “ya existe, está funcionando, está financiado, pero ellos (los transportadores) se encargan de que no sea uno a uno en la vida real, sino que han entrado muchos camiones que no tienen carga. Ellos quisieran racionalizar ese exceso, pero depende más de ellos, que del Gobierno», aseguró el jefe de la cartera de finanzas públicas.
Agregó que “en la práctica, los empresarios están metiendo más camiones usados, entonces tenemos un sobredimensionamiento del parque automotor; ellos son conscientes de ello, pero la pregunta es ¿quién están trayendo esos camiones?».
El otro tema que reclaman los transportadores se refiere a los fletes, tema del que el ministro ha dicho “no depende del Gobierno», pero sí es vigilado por la Superintendencia de Transporte.
“(Los gremios del transporte) dicen que los fletes son insuficientes, pero que son los generadores de carga que no les pagan lo que es. La SuperTransporte está revisando esa situación», señaló el ministro.
Justamente, esa entidad explicó que, con corte al 1° de septiembre pasado, “ha requerido a 1.138 empresas que presuntamente han incumplido con el régimen de relaciones económicas y con los mínimos establecidos por el SICE-TAC, según los reportes del Registro Nacional de Despachos de Carga correspondientes a 2022″.
Igualmente, la SuperTransporte inició actuaciones preliminares contra 46 generadores de carga para determinar su posible responsabilidad en violaciones al régimen de relaciones económicas.
ANT recupera 950 hectáreas que estaban en poder de familia de excongresista del Centro Democrático
ANT recupera baldío de 950 hectáreas que estaba en poder de familia de excongresista del Centro Democrático
En un operativo de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia, fueron recuperadas 950 hectáreas de tierra correspondientes a la finca El Ratón y El Viento, como resultado de un proceso agrario que le devuelve la posesión y ocupación al Estado colombiano.
El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, sostuvo que “los predios baldíos son para los campesinos sin tierra y lo que estamos haciendo con este operativo es justicia social en el marco de este proceso de Reforma Agraria en el país. Hoy recuperamos 950 hectáreas de baldíos de la Nación, los dejamos en aprovechamiento provisional y posteriormente se distribuirá a campesinos sin tierra”.
Esta diligencia de aprehensión material contó con el acompañamiento y vigilancia de la Policía Nacional, la Personería Municipal y líderes de la comunidad quienes hicieron veeduría ciudadana de este proceso. La tierra fue asignada de manera provisional para la explotación socioeconómica del campesinado de las Juntas de Acción Comunal del corregimiento San Felipe de Cadillo, en Tierralta, Córdoba.
El Ratón y El Viento es una finca con un antecedente judicial importante relacionado con la sentencia de unificación de baldíos; en su momento la familia del excongresista del Centro Democrático y embajador en el gobierno Duque, Daniel Cabrales, es recordada por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.
Esta familia intentó tomarse la tierra mediante la prescripción adquisitiva de dominio, sobre lo cual la Corte Suprema de Justicia ordenó su recuperación y hoy la Agencia Nacional de Tierras hace efectiva esa sentencia.
Esta hacienda hacienda Viento Alto y El Ratón habían sido apropiadas por Manuel Prisciliano Cabrales Lacharme, padre de Daniel Alberto Cabrales Castillo, exembajador y exsenador del partido Centro Democrático.
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería profirió una particular sentencia el 1 de septiembre de 2009: ordenó la prescripción de 13 predios en las veredas Alto Viento y El Ratón, del corregimiento San Felipe de Cadillo, en Tierralta, a favor de un ciudadano que, supuestamente, habría acreditado su explotación, que lo convertiría en propietario.
Los beneficiados con el fallo fueron Manuel Prisciliano Cabrales Lacharme, su hija María Patricia y sus hijos Cristóbal José y Daniel Alberto, exsenador de la República por el Centro Democrático (2014-2018) y exembajador de Colombia en República Dominicana.
Un par de meses después de proferida la sentencia, los 13 predios se convirtieron en una hacienda a la que llamaron Alto Viento y El Ratón, según consta en la escritura número 2515, fechada el 18 de noviembre de 2009, registrada en la Notaría Tercera de Montería.
Para lograr esa adquisición, Cabrales Lacharme y sus hijos recurrieron a una figura jurídica que se conoce como prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, un mecanismo que se aplica de manera exclusiva sobre predios privados y se regula a través del Código Civil. De acuerdo con especialistas en el tema, este tipo de proceso judicial regula las relaciones entre particulares sobre predios, cuando su dueño legal se desentiende de ellos y otro particular los habita y explota, por lo que se convierte en su nuevo propietario.
En esencia, la prescripción se emplea para dirimir conflictos sobre predios que ya tienen una tradición de dominio privada (esto es, su dueño es un particular). Por eso, esta figura no aplica a los bienes de la Nación, entre ellos los baldíos, por cuanto son imprescriptibles y están por fuera del comercio: incluso si una persona lleva ocupando mucho tiempo esos predios, nunca podrá adquirir su propiedad, salvo que la autoridad agraria así lo decida después de verificar que se trata de una persona que es sujeto de reforma agraria, es decir, que es un campesino sin tierra o con tierra insuficiente y los adjudique. Y justamente esa es la duda que genera la decisión del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería a favor de Cabrales Lacharme y sus tres hijos.
Corte Suprema condenó a excongresista César Augusto Pérez ,por homicidio de Elkin Martínez
Corte Suprema condenó a excongresista César Augusto Pérez ,por homicidio de Elkin Martínez
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al excongresista liberal César Augusto Pérez García como determinador del homicidio de Elkin de Jesús Martínez Álvarez, alcalde electo de Remedios (Antioquia)
La Sala le impuso una pena de 279 meses de prisión, e inhabilidad de derechos y funciones públicas por 10 años.
Igualmente, dispuso negar al sentenciado la condena de ejecución condicional y la prisión domiciliaria. En consecuencia, una vez en firme dicha determinación deberá librarse orden de captura en su contra para el cumplimiento de la pena privativa de la libertad que se le impone.
Los hechos están relacionados con la violencia política registrada en 1988 y la pérdida del poder del excongresista en los municipios del nordeste antioqueño, entre ellos Segovia y Remedios, cuyos espacios estaban siendo copados por la Unión Patriótica.
La Sala Especial de Instrucción determinó que Pérez García perteneció a la cúpula de un grupo paramilitar, en el que tuvo una posición de influencia y mando, y desde allí presuntamente dio órdenes para eliminar a los militantes de la UP en municipios del nordeste antioqueño, como Vegachí, Segovia y Remedios, en donde había perdido poder político.
De acuerdo a la investigación, Pérez García, entró en contacto con los paramilitares Fidel Castaño y Henry de Jesús Pérez, jefes del grupo armado ilegal autodenominado «Muerte a Revolucionarios del Nordeste», a quienes les pidió su ayuda con el propósito de que procedieran a expulsar a sus líderes de esa región; éstos, a su vez, acudieron a Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias Vladimir, quien en cumplimiento de dicha orden se dedicó a perseguir a quienes el excongresista consideraba sus contradictores políticos, mediante amenazas de muerte.
En ese contexto se registró el homicidio el 16 de mayo de 1988 de Elkin de Jesús Martínez Álvarez cuando se encontraba en la puerta de un hotel de la capital de Antioquia esperando un taxi.
Es de recordar que el exrepresentante Pérez García se encuentra en casa por cárcel y paga una condena de 30 años por la masacre de Segovia, Antioquia, crimen ocurrido en 1988.
Esta condena es la más alta contra algún ex representante a la Cámara. El proceso duró poco más de 10 años, y la Alta Corte sentenció a 30 años de prisión al cacique liberal antioqueño César Pérez García, tras hallarlo responsable de la muerte de 43 personas, en hechos ocurridos el 11 de noviembre de 1988 en el municipio de Segovia, nordeste antioqueño, y que se conocen precisamente como “La masacre de Segovia”.
La Corte valoró los testimonios aportados por uno de los autores materiales del macabro crimen, Alonso de Jesús Baquero, alias ‘El Negro Vladimir’, quien declaró que Pérez García le pidió a las nacientes autodefensas del Magdalena Medio, comandadas por Henry Pérez, que sacaran a la Unión Patriótica de Segovia, partido político que precisamente venció en este municipio al Partido Liberal en las primeras elecciones populares de alcaldes que tenían lugar en el país.
Pérez, oriundo del municipio de Remedios, vecino de Segovia, se desempeñó por cinco períodos como Representante a la Cámara; además, ha sido diputado de Antioquia y fundador del movimiento Convergencia Liberal, un sector del Partido Liberal en Antioquia. También fue el fundador de la Universidad Cooperativa de Colombia, la cual cuenta hoy con diversas sedes en todo el país. Su vida política ha estado asociada a prácticas de corrupción. Perdió su curul en la Cámara de Representantes en enero de 1994 y su asiento en la Asamblea Departamental de Antioquia en el 2010. Fue condenado a ocho años de detención domiciliaria tras comprobársele malos manejos administrativos cuando se desempeñó como Presidente de la Asamblea en 1998.
En audiencias ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, los ex paramilitares Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’ y Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, indicaron que Pérez García fue uno de sus financiadores y socio en negocios relacionados con las apuestas del chance en la región del Urabá antioqueño a finales de la década del noventa y comienzos del 2000.
Por acoso a una subalterna, Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad por 17 años a oficial de la Policía
Por acoso a una subalterna, Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad por 17 años a oficial de la Policía
El teniente Darío Fernando Cabrera Hidalgo descalificó con comentarios hostiles y humillantes las labores de la funcionaria en el departamento del Quindío.
La Regional de Juzgamiento de Risaralda confirmó que el oficial abusó de su rol jerárquico para cambiarle de manera permanente los turnos que debía cumplir en su calidad de patrullera, la obligó a prestar servicio en su día de descanso y omitió las incapacidades médicas que tenía y le asignó responsabilidades que excedían los horarios laborales
Cabrera Hidalgo, que ejerció para la época de los hechos también como jefe del Grupo Prestador de Atenciones de Salud en Quindío de la Policía Nacional, tuvo comportamientos que vulneraron la dignidad humana y el trabajo en condiciones dignas y justas, resaltó el Ministerio Público.