Perú: 21 personas asesinadas en medio de las protestas contra el gobierno de facto de Dina Boluarte.


Al menos diez personas fallecieron este jueves y durante las primeras horas de este viernes 16 de diciembre en Perú, a raíz de la brutal represión policial de las protestas, aumentando a 21 la cifra de muertos en las marchas contra la presidenta Dina Boluarte, por el cierre del Congreso y por la convocatoria de una asamblea constituyente.

La Dirección Regional de Salud del departamento peruano de Ayacucho indicó que al menos ocho personas fallecieron en medio de las protestas registradas en esa región de la nación inca. También se reportaron durante el día dos muertos en la región de La Libertad.

No obstante, el Ministerio de Salud de Perú (Minsa) sitúa de momento la cifra de decesos en 14 ciudadanos, además de las detenciones arbitrarias, violando derechos fundamentales. 

Los enfrentamientos en Ayacucho se registraron cuando un grupo de personas invadió el aeropuerto local y fueron reprimidos por los militares. Inicialmente se reportaron siete muertos y 52 heridos, pero este viernes se registró allí una nueva víctima mortal, luego de que un joven de 17 años fuera impactado por una bala cuando auxiliaba a un herido en los exteriores del aeropuerto.

El Gobierno de Ayacucho responsabilizó de las muertes a la presidenta Boluarte, así como a los ministros de Interior (César Cervantes) y de Defensa (Luis Alberto Otárola). Exigió que estos renuncien inmediatamente a sus cargos.

El poder ejecutivo también exigió la censura de la mesa directiva del Congreso de la República para poder instalar un gobierno de transición.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) de Perú demandó la investigación de los responsables de las muertes en Ayacucho.

«Exigimos cese de la intervención militar y responsabilizamos de estos crímenes a las más altas autoridades políticas del país», comunicaron por Twitter.

Los ministros de Educación y Cultura fueron los primeros en presentar sus cartas de dimisión a sus cargos al indicar que el fallecimiento de peruanos “hacen insostenible su presencia en este gobierno”.

Patricia Correa, titular de Educación publicó en Twitter que “la muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”.

La Defensoría del Pueblo exigió al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas «el cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros».

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