1.281 personas han sido las dueñas del poder en Colombia. El país esta en manos del 0.02% de la población.
De acuerdo con una investigación adelantada por la investigadora Jenny Pearce de la prestigiosa universidad inglesa London School of Economics y el profesor de la universidad Javeriana Juan David Velasco, desde 1991 solo el 0,02% de la población colombiana ha direccionado el rumbo del país. Esto significa que 1.281 personas han sido las dueñas del mismo.
Según los investigadores —que lideraron un gran estudio sobre el perfil de las élites en Colombia—, desde 1991, 68 familias han manejado la política nacional y resaltan que aún prevalece el patriarcado en la cúpula del poder público.
El estudio perfila quiénes y cómo son las élites que han ocupado los máximos cargos en el Gobierno, los organismos de control, las altas cortes, el Congreso, los gremios económicos y los propietarios de las empresas más grandes del país.
Dice la investigadora Pearce, en declaraciones para el diario El Espectador, que «América Latina tiene un problema de violencia aguda y preocupante. También es la región más desigual del mundo. Colombia es el más desigual de los países de la OCDE y el segundo más desigual entre 18 países de América Latina, según el Banco Mundial. Desigualdad, violencia y élites son temas conectados».
Pearce estudia a Colombia desde la década de los 70 y desde entonces se ha preocupado por «entender por qué en cuatro décadas los niveles de desigualdad social se mantienen casi iguales, a pesar de que las personas más ricas ya no son las mismas. Antes, los más adinerados eran Carlos Ardila Lülle y Jaime Michelsen Uribe; hoy, lo son Luis Carlos Sarmiento y Jaime Gilinski».
Algo semejante ocurre con el poder político: los presidentes han tenido diferentes orígenes, algunos pertenecen a familias presidenciales bogotanas (Pastrana y Santos) y otros vienen de la provincia (Gaviria y Uribe). Entonces, vemos un cambio en la composición de las élites, pero no transformaciones reales en la desigualdad y la violencia, resalta la académica. «Ahora, es necesario entender mejor el concepto de “élite”, no para fomentar odio o rabia contra los poderosos, sino para generar un debate sobre cómo la concentración de poder político, social y económico se relaciona con factores que reproducen violencias e impiden transformaciones necesarias para una sociedad», enfatiza Pearce.
En relación con el actual proceso de paz, la docente e investigdora inglesa señala a El Espectador que «Colombia es el décimo país con más negociaciones y acuerdos de paz firmados con grupos guerrilleros y paramilitares en la historia del mundo. Precisamente, desde los años 80 hasta ahora se han desarrollado 16 negociaciones de paz y se han desmovilizado más de 75 mil excombatientes.
«Con las FARC ocurrió el Acuerdo de Paz más amplio y sofisticado, pero a pesar de esto el país se encuentra en una nueva fase de conflicto armado, con indicadores que podrían asemejarse a los que había a finales del siglo XX e inicio del siglo XXI en cuanto al número de masacres, la oleada de desplazamientos forzados masivos de poblaciones, confinamiento, descuartizamientos, etc. Por eso, en nuestro estudio planteamos que no sería posible hacer una paz completa y reducir todas las expresiones de violencia si las élites no se comprometen a construir un Estado de derecho equitativo en todos los territorios, acepten una tributación más progresiva y se construya una seguridad pública y humana accesible a todos y todas que trascienda la protección de fincas, empresas y sitios de recreo. La seguridad debería proteger la democracia y la participación de la ciudadanía», concluye la investigadora.
Es de anotar que ésta investigación es la primera en Colombia en documentar con nombres y apellidos quiénes han sido los dueños del país en los últimos 30 años. «En Colombia se han utilizado múltiples apelativos para referirse a las personas que mandan. En ningún otro país se ha visto esa abundancia de términos como cacaos, delfines, clanes, caciques, notables, barones, etc.. Construimos un banco de datos que examinó el periodo entre 1991 y 2022. Así, buscamos a las personas que habían ocupado los máximos cargos en las diferentes ramas del poder público», explica Pearce.
Para el estudio se tuvo en cuenta a cuatro presidentes en el poder Ejecutivo, ministros y gobernadores; en el Legislativo, a congresistas con dos o más reelecciones; en la Rama Judicial, a los magistrados de las seis altas cortes, el fiscal general, el jefe del Ministerio Público, el contralor y el defensor del Pueblo. De igual forma a los propietarios o accionistas principales de las empresas más grandes de Colombia y las dirigencias de los gremios económicos más influyentes en el sector agropecuario, industrial, comercial, de servicios y financiero.
«Con los datos recolectados se identificó que aproximadamente el 0,02% de la población decide la dirección del país y la economía. Encontramos que así sea un número restringido, realmente las élites colombianas son dispersas y fragmentadas. Por eso en el estudio utilizamos el concepto de «constelación» para concluir que en la historia nunca un grupo de poder ha sido completamente hegemónico debido a las fracturas regionales, los orígenes sociales diversos, sus visiones de género distintas, las áreas de controversia permanentes sobre los impuestos, el modelo aperturista o proteccionista de la economía y la forma de construir Estado en los territorios», agregó Pearce.
De manera que las constelaciones de élites pelean entre sí y se disputan frecuentemente quién dicta los principios de dominación. Por ejemplo, la élite judicial fue crucial para evitar que Álvaro Uribe pudiera perpetuarse en el poder, a pesar de que tenía mayorías en el Congreso y una aprobación ciudadana del 80% al finalizar su mandato. Esta misma élite judicial fue clave para el desarrollo del Acuerdo de Paz con las FARC, al cual diversos sectores ligados al uribismo se opusieron por distintas razones.
Un dato relevante que arrojó este estudio sobre la élite colombiana es que se constató que las personas que mandan en el país siguen educándose en las universidades privadas de Bogotá: la Universidad de Los Andes predomina en la tecnocracia y las dirigencias gremiales; la Javeriana, en ciertos ministerios; y el Externado, en la mayoría de las altas cortes.
Con relación al actual gobierno, la investigadora expresa que «el presidente Petro tiene la oportunidad histórica de unir a dos países diferentes. Si se analiza el patrón de votos en las elecciones presidenciales de 2018 y 2022 se observa que ha logrado consolidar mayorías electorales en el Pacífico y el Caribe, dos regiones donde se ha concentrado la violencia y la desigualdad. Pero también ha enganchado en grandes ciudades como Bogotá, Barranquilla, Santa Marta y Cali. En ese sentido, puede impulsar una amplia coalición de sectores urbanos y rurales. Sin embargo, el peso de la historia es fuerte, pues en Colombia desde el gobierno de Alfonso López Pumarejo, pasando por los mandatos de Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo, hasta el punto uno del Acuerdo de Paz con Juan Manuel Santos, se presentaron frenos e incluso retrocesos en los planes de redistribución de la tierra».
Sin embargo, Jenny Pearce es clara al asegurar que «si Petro cumple a cabalidad con lo que se comprometió en campaña sobre la descarbonización de la economía, pensiones y EPS, se echaría encima a los poderes económicos más fuertes. La gran incógnita es cómo reaccionaría lo que llamamos la élite oligárquica por la importancia que dan a la defensa de su riqueza, pues nunca en la historia de Colombia un presidente llegó a la Casa de Nariño con unas propuestas de reforma tan ambiciosas en diferentes frentes a la vez».
Fuente: El Espectador
