80 millones de euros en sobornos serían repartidos entre políticos italianos y funcionarios del gobierno Duque. Presidente Petro solicita investigación.
En la mañana de este martes 6 de junio el presidente Gustavo Petro trinó una investigación que adelantan las autoridades italianas y que tiene que ver con un hecho de corrupción por la venta de barcos y aviones militares.
80 millones de dólares en sobornos se iban a distribuir por compra de equipos militares navales entre una empresa italiana y altos funcionarios del anterior gobierno.
La investigacion italiana avanza, solicito a la fiscalía iniciarla en Colombia.
https://t.co/FQkiFwBjt7— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2023
Desde hace un año en Italia se investiga este hecho de corrupción entre políticos y empresarios italianos y funcionarios del gobierno Duque que involucra millones de euros en sobornos y a la exvicepresidenta Martha Lucía Rámirez , como la parte ‘parte colombiana’ que recibiría el dinero del soborno.
De acuerdo con el diario Roma Corriere son investigados por la fiscalía de Nápoles, por la venta de barcos y aviones militares a Colombia, el exdirector general de Fincantieri, Giuseppe Giordo y algunos mediadores como Massimo D’Alema y Alessandro Profumo,
Con ellos también Giuseppe Giordo , exdirector general de Fincantieri y algunos mediadores de la operación comercial.
Según la acusación, «los sospechosos actuaron en diversas capacidades como promotores de la iniciativa económica comercial de vender al gobierno colombiano productos de empresas italianas con participación pública: » La empresa Leonardo en particular aviones M 346, y Fincantieri, en particular Corvettes y pequeños submarinos». y construcción de astilleros- con el fin de obtener de las autoridades colombianas la celebración de los acuerdos formales y definitivos relativos a los suministros descritos y cuyo valor económico global ascendía a más de 4.000 millones de euros».
De acuerdo con la investigación se habrían violado el artículo 322 del código penal italiano , que castiga «el peculado, la extorsión, la inducción indebida a dar o prometer beneficios, la corrupción y la instigación a la corrupción, el abuso de poder por miembros de tribunales internacionales u órganos de la Comunidad Europea o asambleas parlamentarias internacionales u organizaciones internacionales y funcionarios de las Comunidades Europeas y extranjeros Estados».
En el decreto de búsqueda se especifica que “ Francesco Amato y Emanuele Caruso trabajaron como consultores para la cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a través de Giancarlo Mazzotta y lograron tener contactos con Massimo D’Alema quien por su currículum de cargos también de importancia internacional cubierta a lo largo del tiempo, actuó como mediador informal en las relaciones con la alta dirección de las empresas italianas, es decir, Alessandro Profumo como director general de Leonardo y Giuseppe Giordocomo director general de la división de buques de guerra de Fincantieri.
Esta operación tenía como objetivo incentivar y obtener de las autoridades colombianas la celebración de acuerdos por un valor total de más de 4.000 millones de euros . Para conseguirlo, ofrecieron y prometieron a otras personas la contraprestación ilícita de 40 millones de euros correspondientes al 50% de la comisión total de 80 millones de euros».
En la investigación se indica que : «Edgardo Fierro Flores jefe del grupo de trabajo de presentación de oportunidades en Colombia, Marta Lucía Ramírez canciller y vicepresidenta de Colombia, Germán Monroy Ramírez y Francisco Joya Prieto delegados de la comisión del Senado de Colombia» recibirían parte del soborno.
«La suma total de 80 millones de euros se dividiría concretamente entre el ‘lado colombiano’ y el ‘lado italiano’ mediante el recurso al bufete de abogados estadounidense asociado Robert Allen Law – con sede en Miami (informado y presentado por D’Alema como agente e intermediario comercial formal en Fincantieri y Leonardo) representada en Italia y para la negociación específica de Umberto Bonavita y Gherardo Gardo – para la preparación y firma de los contratos de simulación y justificación formal de la transición financiera y de los vehículos corporativos bancarios y financieros específicos preparados para el tránsito, reparto y distribución final de la referida suma que finalmente no se siguió con la formalización de los contratos por interrupción de la negociación por falta de acuerdo sobre la ulterior distribución de la citada suma entre las personas físicas individuales que constituyen la ‘parte italiana’ y la ‘parte colombiana'».
«Mi cliente está absolutamente tranquilo – comenta el defensor de Giordo, el abogado Cesare Placanica – porque estamos en presencia de una construcción jurídica absolutamente atrevida. Entrega, además, en virtud de una jurisdicción territorial para proceder que es difícil de entender. Además, en relación a este problema, llama la atención que a pesar del clamor del asunto solo hubo una fiscalía en todo el territorio nacional que consideró que existían perfiles de relevancia delictiva. Tan grave como para merecer incluso un acto de búsqueda, inevitablemente destinado a acabar en el circuito mediático».
