Por hacinamiento y precaria condición en celdas de CAI en Cartago Corte Constitucional ordena traslado de 79 personas
En respuesta a una tutela interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, La Corte Constitucional ordenó el traslado de 79 personas privadas de la libertad del CAI Berlín de la Policía de Cartago en el departamento del Valle del Cauca.
En este centro de retención transitorio (CAI) permanecen recluidas 69 hombres y 10 mujeres y el Procurador 312 del municipio advirtió que se estarían vulnerando los derechos fundamentales de estas personas, quienes viven en hacinamiento en las celdas.
Puesto que, el espacio para las detenciones temporales sólo está habilitado para unas 20 personas, además las condiciones de dignidad humana, la vida e integridad física, la salud, el agua potable la igualdad en el acceso a la administración de justicia son derechos que están siendo desconocidos en este lugar.
Según el ente de control, en las instalaciones del CAI sólo cuenta con un sanitario y una ducha para todas las personas que permanecen ahí recluidas, adicional a esto, el techo tiene grietas por donde se filtran goteras cuando llueve, lo que podría ocasionar un derrumbe de las celdas aumentando el riego para la integridad física de estos individuos.
Ante la precaria condición la alta corte dicto medida de traslado a centros penitenciarios del departamento del Valle del Cauca y así proteger los derechos de las personas privadas de la libertad.
El fallo de la Corte Constitucional señaló que “teniendo en cuenta las condiciones de infraestructura y hacinamiento que se presentan en el CAI, la medida resulta necesaria para evitar que se materialice el riesgo de derrumbe o incendio y proteger así los derechos fundamentales de los detenidos”.
Aunado a esto, la corte hizo un llamado a la Policía de Cartago a cerrar las instalaciones del CAI hasta que se hagan las reparaciones y adecuaciones necesarias para la detención de personas.
Esta situación no es nueva, ya que el ministerio público ha venido encontrando condiciones deplorables en diferentes cárceles del departamento, lo que ha generado un descontento generalizado en los reclusos y sus familiares que reclaman sus derechos.
Por lo que se hace necesario evaluar la condición de vida de las personas en las cárceles y centros de detención sin olvidar que, aunque estén privados de la libertad son sujetos con derechos que no se deben vulnerar.
