JEP imputa a ‘Pablo Catatumbo’ y a 14 exjefes de las FARC-EP por crímenes cometidos en Nariño, entre ellos delitos sexuales.

JEP imputa a «Pablo Catatumbo» y a 14 exjefes exintegrantes de las FARC-EP por crímenes cometidos en Nariño, entre ellos delitos sexuales

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atribuye responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 exintegrantes de las FARC-EP por hechos cometidos contra Pueblos, Comunidades, Poblaciones y Territorios de Nariño.

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En la tarde de este jueves 13 de julio, la JEP llamó a «Pablo Catatumbo» y otros 14 exjefes guerrilleros a reconocer su responsabilidad por crímenes cometidos en los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, Nariño, durante el conflicto armado. Según datos recopilados por la Sala de Reconocimiento, estos delitos afectaron especialmente a los pueblos indígenas, el pueblo negro afrocolombiano y las comunidades campesinas.

«Los crímenes ejecutados por los máximos responsables de la extinta guerrilla de las FARC-EP determinados en el Caso 02 generaron daños graves, diferenciados y desproporcionados contra las mujeres y niñas, las personas con orientación sexual e identidades y expresiones de género diversas, las comunidades campesinas, las poblaciones urbanas y rurales el pueblo negro afrocolombiano y los pueblos indígenas» aseguró la magistrada Belkis Izquierdo.

Considerando que estos crímenes fueron cometidos por las extintas FARC-EP como un grupo armado organizado, se identificaron como máximos responsables de la comisión de estos crímenes a:

Pablo Catatumbo Torres Victoria, conocido como «Pablo Catatumbo»; Édgar López Gómez, conocido como «Pacho Chino»; Luis Eduardo Carvajal Pérez, conocido como «Rambo» o «Gustavo»; Hedier Espinosa Feria, conocido como «Cachorro»; Groelfi Rodríguez Moreno, conocido como «Ramiro Cortés»; Wilfrido Ávila Fuentes, conocido como «Mondanga»; Rubiel Torres Mondragón, conocido como «Tachuela»; Arlez Porras Gómez, conocido como «Yesid Guevara»; Fabio Murcia Camacho, conocido como «Vitamina»; Jair Enrique Acosta Cuantindioy, conocido como «Javier Guzmán»; Ricardo Palomino Ducuara, conocido como «Jairo Perdomo» o «Chiqui»; Alberto López Palomino, conocido como «William Santamaría»; José Geidin Castro Chillambo, conocido como «El Doctor»; Diego Alberto González Castillo, conocido como «El Pollo» y Juan Carlos Caicedo Ramos, conocido como «El Gordo».

Los 15 imputados deberán responder de manera diferenciada por los crímenes no amnistiables atribuidos por la Sala de acuerdo con su rol de liderazgo o participación en la comisión de estos.

En las siguientes etapas procesales los comparecientes podrán reconocer su responsabilidad fáctica, jurídica y restaurativa para satisfacer de manera integral los derechos a la verdad, justicia y reparación que demandan las víctimas.

De acuerdo con la JEP, en esa región la guerrilla tenía una política de control territorial y social a través de la cual ejecutaron múltiples crímenes no amnistiables contra la población civil. Con estas conductas buscaban obtener fuentes de financiamiento y regular el comportamiento de la comunidad. 

• Masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas contra pueblos étnicos, población campesina y rural y otros civiles se cuentan entre sus actos. En Tumaco, Ricaurte y Barbacoas la CMDA, el Frente 29 y la CMMS del CCO/BOAC de las extintas FARC-EP, con el objetivo de eliminar a quienes consideraban enemigos y colaboradores de estos, durante el periodo de 1997-2016, cometieron 314 hechos de asesinatos selectivos, masacres y/o desapariciones forzadas contra la población civil, que corresponden a 468 víctimas directas.

 

• Confinamientos y desplazamientos forzados contra pueblos étnicos,  comunidades campesinas y otros civiles: las extintas FARC-EP ocuparon de manera violenta y consciente los territorios étnicos. Se les atribuye, entre 1990 y 2016, 334 hechos de desplazamiento forzado (con 27.087 víctimas) y 44 confinamientos (con 20.124 víctimas) asociados a combates, órdenes directas del grupo guerrillero o como consecuencia de otros hechos victimizantes. 

 

• Reclutamiento y utilización de niñas y niños indígenas y afrocolombianos: vinculación mediante la coacción, la seducción y el engaño a niños y
  niñas. Entre 2001 y 2015 se documentó el reclutamiento y utilización de 102 niños y niñas con pertenencia étnica. Del total de víctimas, 13 eran niñas y 89 eran niños. De ellas, al momento de ser reclutadas y utilizadas, 36 tenían edades entre los 6 y 14 años y 49 entre los 15 y los 17 años.

 

• Violencia sexual y de género contra mujeres y niñas y violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas o no normativas. En Tumaco, Ricaurte y Barbacoas las unidades investigadas de las extintas FARC-EP, naturalizaron la violencia sexual y de género como una forma de ejercer control social y territorial sobre la población civil, constituyendo una política tácitamente autorizada. Entre 1990 y 2016 se documentaron 168 hechos de violencia sexual y de género en los que se identificaron 254 víctimas directas.

 

• Uso ilícito y afectaciones por minas antipersonal (MAP) y restos explosivos de guerra (REG). En el territorio implementaron una estrategia para la defensa y el control de activos, territorios, poblaciones y corredores estratégicos para la organización armada a través del empleo de MAP y REG. Esto generó principalmente desplazamientos, confinamientos, asesinatos y lesiones, al igual que la contaminación de los territorios ancestrales y colectivos étnicos y de las tierras de comunidades campesinas, lo que alteró la vida de los Pueblos y comunidades y generó consecuencias permanentes en los múltiples sistemas de vida. Entre 2002 y 2015 se registraron 153 hechos y se identificaron 279 víctimas de MAP y REG.

 

• Destrucción de la Naturaleza y el Territorio. En Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, el Frente 29, la CMMS y la CMDA del CCO/BOAC de las extintas FARC-EP llevaron a cabo 71 hechos de destrucción contra la naturaleza, los sitios sagrados, el Katsa, su Gran Territorio Awá, el Eperara Euja Territorio Eperara Siapidaara, el Territorio ancestral y colectivo del Pueblo Negro Afrocolombiano, las Tierras de Comunidades Campesinas y de la población urbana, mediante el vertimiento de más de 70.000 barriles de crudo derivado de los ataques contra la infraestructura del Oleoducto Trasandino (OTA) y el control y desarrollo de actividades de minería criminal de oro. 

 

Las personas imputadas deberán enviar un documento a la JEP asumiendo su responsabilidad o negando su participación en los hechos. Si consideran que no son responsables por estos hechos irán a juicio y de ser vencidos podrían incurrir en una pena de hasta 20 años de prisión.

«Una vez puesto en conocimiento de las partes e intervinientes especiales, los antiguos miembros de Columna Móvil Daniel Aldana, Columna Móvil Mariscal Sucre y del Frente 29 del Bloque Occidental Alfonso Cano de las extintas Farc-EP tendrán 30 días hábiles para reconocer los hechos y conductas atribuidas o rechazar las imputaciones realizadas. Por su parte, en este término las víctimas acreditadas y el Ministerio Público podrán presentar sus observaciones al auto, para lo cual la Magistratura dispondrá espacios de interacción dialógica y restaurativa con enfoque étnico racial, territorial, de género e interseccional», concluyó la JEP. 

Es de recordar que el Caso 02 también investiga a integrantes de la Fuerza Pública por su presunta responsabilidad en crímenes cometidos en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas.

Entre las unidades investigadas se encuentran especialmente el Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 «General José María Cabal» y algunas de sus unidades agregadas como el Batallón de Contraguerrilla No. 37 «Macheteros del Cauca».

Adicionalmente, están las unidades que conformaron la Fuerza de Tarea Palmares o Cascabel, unidades de la Escuela Militar de Aviación de la Fuerza Aérea y tropas del Batallón de Selva No. 53 «Francisco José Gonzáles».

Hasta la fecha, la Sala de Reconocimiento de la JEP ha imputado a 88 personas, a las que se le suman estos 15 exmiembros de las extintas FARC-EP, alcanzando así 103 personas imputadas de las cuales 57 son exmilitares, 42 son exintegrantes de las antiguas FARCEP, 3 son civiles y un agente de Estado no integrante de la Fuerza Pública.