Después de casi un año, integrantes de la «Primera Línea» recuperaron su libertad
En un giro inesperado, varios jóvenes del Valle del Cauca y otras regiones del país, detenidos en el paro nacional de 2021 por presuntamente pertenecer a la «Primera Línea», fueron dejados en libertad por vencimiento de términos en sus procesos judiciales.
Los jóvenes de este movimiento social, protagonista en el estallido social hace dos años, fueron arrestados en medio de enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública durante las protestas que tuvieron lugar en el país. Los manifestantes fueron acusados de delitos como: tortura, secuestro, homicidio, hurto y daño en bien ajeno, por los que permanecieron detenidos en centros penitenciarios de Jamundí, Palmira, Pereira y Popayán. Sin embargo, la Fiscalía no logró presentar pruebas contundentes que demostraran su participación en los delitos que se les imputaban, lo que llevó a que el plazo establecido para la presentación de cargos expirara.
El Juzgado Tercero Municipal de Garantías de Buga concedió la libertad de varios jóvenes presuntos integrantes de este movimiento social, entre ellos Karina Reyes Varela, Daniela Idrobo y Jorge Luis Gordillo Coronado, quienes se encontraban recluidos en la cárcel de Jamundí acusados de los delitos de secuestro agravado. Este mismo Juzgado ordenó la liberación de Epifanio Domínguez Ríos, John Deivid Castillo Murillo y Víctor Alfonso Tascón González, que también fueron señalados de los mismos delitos y estaban presos en el centro penitenciario de Palmira.
Imagen sacada de internet
Otros jóvenes liberados por el Juzgado Quinto Municipal de Tuluá fueron: Carlos Julio Calero y Cristian David Granadas Sánchez, recluidos en la cárcel de Pereira, el primero sindicado de supuestamente cometer delitos de fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego y homicidio agravado, mientras que el segundo era acusado de daño en bien ajeno, tentativa de homicidio, hurto y secuestro simple. Por último, también recuperó su libertad Miguel Ángel Gonzalo Pérez, que permanecía en la cárcel de Popayán por daño en bien ajeno, tentativa de homicidio, hurto, secuestro simple y tortura.
Luego de 333 días sin que la Fiscalía General de la Nación comprobará su culpabilidad en los delitos, e incluso, hasta el 23 de julio de 2023, día en el que los juzgados ordenaron las liberaciones, no se había llevado a cabo ni un solo juicio en contra de los implicados.
Esta situación ha generado una profunda división de opiniones en la comunidad. Mientras algunos ven la liberación de los jóvenes como un triunfo para los derechos humanos y la garantía de un debido proceso, otros la consideran una medida que podría dejar impunes actos de violencia y alteración del orden público.
