En Perú se prorroga el estado de emergencia en Puno por masivas movilizaciones contra Dilma Boluarte.
Desde este sábado en Perú, el Gobierno de la designada presidenta, Dina Boluarte, prolongó el estado de emergencia en la región Puno, sureste, por 30 días, en los que las fuerzas armadas apoyarán a la Policía Nacional en el control del orden de este país.
Con base al decreto supremo firmado por Boluarte y varios ministros, en Puno se mantendrá con la restricción o suspensión de los derechos fundamentales constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito por el territorio, la libertad de reunión, así como la libertad y seguridad personales.
De ahí que se estipula que bajo este régimen en Perú la intervención de la Policía Nacional y las fuerzas armadas se adelante con las normas que regulan el uso de la fuerza por parte de la Policía y las reglas de empleo y uso de la fuerza de los institutos armados para conservar el orden.
Asimismo, se deberá cumplir con el «Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad».
⚠️La @CIDH pide al Estado peruano respetar estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y la libertad de expresión en protestas sociales. pic.twitter.com/IwyqhFynZs
— 🇵🇪 Wayka (@WaykaPeru) August 4, 2023
No obstante, en mayo último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, condenó la violencia policial registrada en Perú durante las manifestaciones, luego de la destitución del presidente Pedro Castillo, y estableció que ha encontrado casos de «ejecuciones extrajudiciales» en la región Ayacucho.
Desde inicios de año, Puno está declarada en estado de emergencia, al estallar las protestas contra Boluarte y el Congreso. Las multidinarias movilizaciones y bloqueos de caminos, prácticamente, paralizaron la región en los pasados meses enero y febrero , lo que provocó unos 18 muertos en la ciudad de Juliaca.
No hay una agenda única en las movilizaciones callejeras. Es más, las divisiones se ven muy claramente. Hay quienes piden la liberación de Pedro Castillo, alegando que su autogolpe de Estado del 7 de diciembre no se consumó y que el Congreso aprobó su vacancia con menos votos de los que dicta la ley.
Otros tienen la consigna de que los actuales parlamentarios deben renunciar las curules e impulsar una Asamblea Constituyente. También marchan quienes rechazan las privatizaciones de las empresas nacionales y, además, exigen la salida de las tropas militares de los Estados Unidos que realizan “actividades de cooperación y entrenamiento” con las Fuerzas Armadas de Perú.
Esa contraposición de ideales podría debilitar e incluso desmoronar la protesta. Pero el politólogo Ómar Coronel explica que por encima de todo se debe priorizar la democracia. “Armar frentes nunca es fácil, pero es menos difícil cuando hay conciencia tanto de las diferencias como de las decisivas convergencias”.
