Exgobernador del Vaupés fue judicializado por detrimento de erario público de por lo menos $100 millones del presupuesto de educación
Ante un juez del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación presentó e imputo cargos al exgobernador del Vaupés, Roberto Jaramillo García, por presuntas irregularidades en un contrato para mejorar el clima laboral en las instituciones educativas del departamento.
El contrato, firmado el 14 de diciembre de 2015, tenía como objetivo fortalecer la comunicación y el ambiente laboral para docentes y personal administrativo en centros educativos. Sin embargo, se identificaron varias irregularidades tras las investigaciones. La persona a quien se adjudicó el contrato carecía de la experiencia requerida y no se realizaron estudios previos que respaldaran las actividades propuestas. Además, no se presentaron los costos ni los tiempos de ejecución requeridos por ley para la celebración del contrato, y el contratista no aportó la documentación necesaria que establece la ley.
Además, a la persona a la que se adjudicó el contrato no contaba con la experiencia requerida; tampoco se contó con estudios previos que justificaran la realización de las actividad, ni los costos, ni los tiempos en que se realizarían las actividades y el contratista tampoco aportó la documentación requerida por la ley para celabrar el contrato.
Estas actividades, planeadas entre el 21 y el 31 de diciembre de 2015, pretendían beneficiar a 382 docentes y 168 trabajadores administrativos. Se identificó que estas actividades se programaron durante las vacaciones del personal, lo que imposibilitaría su disponibilidad. Además, se utilizaron formularios y registros de asistencia de un evento deportivo previo para justificar la asistencia a unas capacitaciones que nunca se llevaron a cabo.
Estas irregularidades en el contrato, inicialmente presupuestado en 120 millones de pesos y con un desembolso de 103 millones de pesos, están siendo investigadas por las autoridades, señalando un posible detrimento en el presupuesto educativo del departamento.
Por estos hechos la Fiscalía le imputo los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros, quedando el exgobernador a la espera de la decisión judicial correspondiente.
