Ecuador: Policía irrumpió en la embajada de México en Quito y detuvo al exvicepresidente Jorge Glas.

A raíz de este hecho, las dos naciones rompieron relaciones diplomáticas y funcionarios del gobierno mexicano salen de forma inmediata del país latinoamericano. 


La Policía de Ecuador irrumpió este viernes 5 de abril por la noche en la embajada de México en Quito y detuvo al exvicepresidente Jorge Glas, refugiado desde diciembre en la legación, lo que derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Es una “violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México (…) he instruido a nuestro canciller que (…) proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador”, escribió el presidente Andrés Manuel López Obrador en la red social X.

Ecuador defendió la medida alegando que hubo un “abuso de las inmunidades y privilegios” concedidos a la misión diplomática, según un comunicado de la secretaría de Comunicación de la presidencia, Segcom.

En imágenes difundidas por medios de comunicación locales se ve como los uniformados entran en la legación, ubicada en el norte de Quito y resguardada por policías y militares, para detener a Glas, a quien México concedió asilo el mismo viernes.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, varios vehículos salieron de la embajada y detrás de uno de ellos corría Roberto Canseco, jefe de la misión diplomática, gritando: “¡No puede ser, es un atropello!”.

Agentes impidieron que Canseco se acercara a uno de los autos y en el forcejeo cayó al piso, según imágenes del canal Ecuavisa. “Es un atropello, es contra la norma, no puede ser”, dijo el diplomático tras levantarse.

La canciller mexicana Alicia Bárcena denunció en X “lesiones sufridas por el personal” de la embajada durante la incursión policial, por lo que “México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador”.

Y advirtió que su país recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar a Ecuador.

En declaraciones a Milenio TV, Bárcena dijo también que “se nota claramente la agresión física que ha sufrido nuestro jefe de Cancillería”, quien se encuentra “bien”, lo mismo que el resto del personal.

Glas, quien ya estuvo preso por corrupción, fue trasladado a una unidad de la fiscalía en Quito.

Sobre él pesa una orden de prisión en el marco de una indagación por el presunto delito de apropiación o uso ilegal de bienes del Estado.

La decisión de otorgarle asilo tensó las relaciones bilaterales y el jueves Quito ya decidió expulsar a la embajadora mexicana Raquel Serur tras las declaraciones de López Obrador sobre la violencia política en Ecuador.

La Segcom señaló que “toda embajada tiene una sola finalidad: servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países”.

Indicó además que “ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glas ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes”.

El expresidente Rafael Correa, prófugo y condenado a ocho años de cárcel por corrupción, escribió en X que “ni en las peores dictaduras se ha violado la embajada de un país”.

“Responsabilizamos a Daniel Noboa [presidente de Ecuador] de la seguridad e integridad física y sicológica del ex vicepresidente Jorge Glas”, agregó Correa.

Canseco, quien tildó de “increíble” al ingreso de la policía a la embajada, relató a la prensa que los funcionarios estaban por salir de la sede diplomática cuando se encontraron con los uniformados.

El diplomático consideró que “no hay fundamento” para la incursión policial y recalcó que Glas “es una persona perseguida como lo podemos constatar el día de hoy”.

Por su parte la cancillería de Ecuador sostiene que Glas enfrenta un proceso por corrupción y que otorgarle asilo “apoya una evasión a la justicia del Estado ecuatoriano y promueve la impunidad”.

Jorge Glas, exvicepresidente entre 2013 y 2017 del exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), está acusado de desviar fondos públicos destinados a la reconstrucción de poblados costeros después de un devastador terremoto registrado en 2016.

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