Hasta el momento el medio de comunicación no se ha tomado la tarea de rectificar el error comunicativo.
En la emisión del pasado 6 de julio, el programa de noticias dijo que, según un informe de la Contraloría, el Gobierno le adeuda a las EPS 32 billones de pesos, aunque en realidad son estas empresas privadas las que deben ese monto a la red hospitalaria del país.
Hasta el día de hoy el noticiero no ha rectificado a pesar de las críticas en redes sociales, principalmente en X, donde la tendencia #CaracolMiente alcanzó los primeros lugares por varios días.
Y es que esa emisión del mediodía del 6 de julio, la presentadora Alejandra Murgas y luego otro periodista de sala de redacción dijeron: “Se agudiza el ya estado crítico de la salud del país; según los organismos de control, las deudas del gobierno con las EPS evidencian la insostenibilidad financiera del sistema”.
Luego Esteban Bejarano, otro periodista, añadió: “Según las cifras con corte al 31 de diciembre del 2024, el dinero que el gobierno le debe a las EPS por sus servicios de salud asciende a 32.9 billones de pesos, lo que ha generado su estado crítico”.
Sin embargo, el informe de la Contraloría dice: “Como se observa en la Tabla N.17, la deuda de las 29 EPS a 31 de diciembre de 2024 por concepto del costo en salud asciende a 32.9 billones de pesos. Es obligación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de los regímenes contributivo y subsidiado la creación de reservas por obligaciones pendientes con el fin de garantizar que las deudas puedan ser pagadas oportunamente”.
Mientras hace un año y medio solo diez de las 29 EPS activas contaban con los recursos para operar, hoy ese número se reduce a seis: Salud Total EPS, EPS Familiar de Colombia, Aliansalud EPS, Confaoriente, Salud Mia EPS y Salud Bolívar EPS.
El informe de la Contraloría añade que 15 EPS no cumplen con el capital mínimo requerido por la ley para funcionar. Catorce EPS no cumplen con el indicador de patrimonio adecuado, por lo que ponen en riesgo el uso eficiente de los recursos públicos y 22 de estas empresas no cumplen con la inversión de sus reservas técnicas, con lo cual afectan la garantía de la prestación de los servicios de salud.
“Por cada 100 pesos que reciben se gastan 110”, dijo el vicecontralor Carlos Zuluaga, quien señaló que hay que ser más eficiente en el manejo y en la prevención.
El informe de este ente dice, al igual que el del Gobierno, que estas entidades priorizan y pagan anticipadamente a hospitales y clínicas de su propiedad (integración vertical), y dejan de un lado la red pública.
Además, las quejas de los usuarios aumentaron principalmente en la Nueva EPS (22%), Sanitas EPS (13%) y Famisanar (7%).
Finalmente, el vicecontralor dijo que no se explica por qué hay tantos reclamos en la entrega de medicamentos cuando el Estado financia el 90% de ese rubro, por lo cual sugiere que se podría estar buscando generar pánico y acaparamiento con este tema entre los usuarios.
