El militar no acató la orden de no realizar excavaciones en un lugar donde se presume están los restos de una persona desaparecida.
Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sancionó con tres días de prisión y una multa de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes al teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, director de la Escuela de Logística del Ejército Nacional, por no acatar una medida cautelar en un predio donde se presume la existencia de fosas con restos de víctimas de desaparición forzada.
El alto oficial, según la jurisdicción especial, permitió una intervención no autorizada en los terrenos protegidos por la JEP, ubicados en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción se impuso luego de que, el 3 de febrero de 2025, un equipo forense de la Jurisdicción hallara una excavación no autorizada en uno de los sitios de interés judicial. La medida privativa de la libertad deberá cumplirse en las instalaciones del comando de la Policía Metropolitana de Bogotá.
La medida cautelar fue emitida desde septiembre de 2024 a solicitud de los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), con el objetivo de proteger el área mientras se investigaba la posible inhumación clandestina de una persona desaparecida.
Según la JEP, la alteración del terreno es irreversible y podría impedir que las actuales tecnologías forenses logren determinar si allí se encontraba el cuerpo de una víctima desaparecida desde hace más de tres décadas. “La zozobra frente a la desaparición forzada se incrementó”, señaló la Jurisdicción.
El incidente de desacato fue atribuido a la negligencia del teniente coronel Melgarejo, quien, al parecer, no tomó las medidas necesarias para evitar la intervención. Aunque no actuó con dolo, la Jurisdicción lo responsabiliza por omisión.
Durante la investigación se reveló que la excavación fue ordenada por un suboficial que alegó desconocer la restricción judicial, pese a que esta ya había sido comunicada y socializada dentro de la unidad militar.
Además, la JEP ordenó compulsar copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para que investiguen si el coronel Juan Gabriel Toro y otros uniformados incurrieron en faltas disciplinarias o penales durante dos jornadas de arborización realizadas en octubre y noviembre de 2024 en el mismo terreno protegido.
Por otro lado, la Jurisdicción desvinculó al exministro de Defensa Iván Velásquez y al coronel Johan Slead Gelvez Peña, comandante del Batallón de Contrainteligencia, al no encontrar evidencia que los responsabilizara por los hechos.
Por último, la JEP reiteró que las medidas cautelares buscan preservar la evidencia forense y proteger los derechos de las víctimas de desaparición forzada. “El respeto a estas decisiones es un deber constitucional y su incumplimiento tendrá consecuencias legales”, concluye la medida.
