Estas pruebas son consideradas cruciales en el proceso que investiga si Uribe intentó manipular testigos o no.
Este lunes 28 de julio es un día clave en la historia política de la república de Colombia, pues se conocerá si Álvaro Uribe Vélez es culpable o inocente de manipular testigos.
Si el hombre más poderoso del país enfrenta ese escenario. Con el veredicto del juicio —que enfrenta el jefe del Centro Democrático desde hace más de 60 días— los colombianos sabrán si, por primera vez, un expresidente es condenado por la justicia ordinaria, como cualquier colombiano.
Hay que recordar que Álvaro Uribe es investigado por los delitos de soborno y fraude procesal, y aunque una eventual sentencia no implicaría cárcel, sí tendría efectos reputacionales, mediáticos y electorales contra el hombre tiene un peso político en el país.
Cabe recordar que Álvaro Uribe es investigado por los delitos de soborno y fraude procesal, y aunque una eventual sentencia no implicaría cárcel, sí tendría efectos reputacionales, mediáticos y electorales.
Durante la audiencia de este lunes en horas de la mañana, la jueza del caso validó como prueba las interceptaciones telefónicas realizadas por la Corte Suprema. La togada argumentó que las grabaciones “revelaban un hecho punible” y que, por tanto, “el secreto profesional no puede convertirse en una barrera para la justicia. El secreto profesional cede ante el interés superior de la justicia”, enfatizó.
Estas pruebas son consideradas cruciales en el proceso que investiga si Uribe intentó manipular testigos para favorecer su versión en un antiguo caso relacionado con vínculos con paramilitares.
De ser condenado, Álvaro Uribe podría enfrentar hasta 12 años de prisión. No obstante, por su edad (73 años) y la naturaleza de los delitos imputados, la pena podría cumplirse fuera de un centro carcelario, lo cual no evita que enfrente consecuencias reputacionales, mediáticas y electorales de gran alcance.
El país entero permanece a la expectativa del veredicto final de este proceso judicial que podría marcar un antes y un después en la relación entre justicia y poder político en Colombia.
