Con el fin de conocer todos aspectos de la situación que se vive en esta importante carretera, publicamos las posiciones de las comunidades indígenas para protestar de esta manera.
Las autoridades ancestrales Neehjwesx, Sa’thwesx, U’kawesx del Plan de Vida Sa’th Fxi’nxi Kiwe “Territorio Escrito por los Caciques” conformado por los resguardos indígenas de Delicias, Pueblo Nuevo Ceral, Playón Nasa Naya, Sinaí Alto Nasa (Municipio de Buenos Aires), Cerro Tijeras (Municipio de Suárez), Kitek Kiwe (Municipio de Timbio), La Concepción, Guadualito (Municpio de Santander de Quilcihao) junto con el Resguardo de Nasa Kiwe Tekh ksxaw somos autoridades ancestrales de carácter especial, con autonomía política, territorial y reconocimiento constitucional. Nuestro Plan de vida protege el territorio, la vida y el gobierno propio para el buen vivir de las comunidades.
Desde nuestra Ley de Origen, Derecho Propio, Derecho Mayor, usos y costumbres, informamos a la opinión pública del Cauca y el País que: Reconocemos la voluntad del gobierno alternativo de cumplir los acuerdos con las comunidades y sectores sociales, por ello como pueblos originarios hemos participado en numerosos espacios de diálogo y concertación (Comisión Mixta, Mesa Interétnica Norte del Cauca, Acuerdos Yaquiva, Mesa de la Agustina, entre otros). No obstante, observamos que tras años de espera los procesos de formalización y seguridad jurídica en materia territorial enfrentan múltiples obstáculos y trabas por parte de la institucionalidad, funcionarios y sectores que dilatan el cumplimiento de los acuerdos establecidos.
El incumplimiento sistemático por parte de anteriores gobiernos frente a los acuerdos pactados desde 2015, y refrendados en 2024 en la Mesa de la Agustina, ha puesto a nuestras comunidades en una situación crítica. Actualmente, enfrentamos un recrudecimiento del conflicto armado con el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, el incremento del narcotráfico y la entrada de actores externos que usurpan el territorio con fines de narcotráfico y minería ilegal.
Esta situación ha generado la perdida de derechos territoriales con nuevas figuras que traslapan, vulneran la jurisdicción y autonomía de los territorios ancestrales, provocando conflictos interétnicos e interculturales, así como el irrespeto a nuestras dinámicas y estructuras de gobierno propio. A ello se suma la ausencia de una adecuación institucional que permita atender de manera eficaz la crisis social y territorial que padecen nuestras comunidades.
Desde nuestras comunidades continuamos fortaleciendo el gobierno propio, el diálogo interétnico y la organización comunitaria. Apostamos a una política de vida, construcción de paz, justicia, convivencia y exigimos el cumplimiento por quienes toman decisiones en el Alto Gobierno Nacional.
EXIGENCIAS MESA DE LA AGUSTINA
La compra y entrega inmediata de los predios priorizados por los resguardos y comunidades que integran la mesa técnica de la Agustina en el marco de la emergencia social y territorial. Así como sus procesos de ampliación, formalización, restitución y seguridad jurídica, especialmente la constitución de resguardo de las comunidades del Playón y Sinaí en la región del Naya. Además condiciones y garantías para los procesos e iniciativas productivas de las comunidades.
– Exigir al Estado las garantías para la transición al Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI), que responda a las necesidades reales de las comunidades del plan de vida Sa´th Fxi´nxi Kiwe, con infraestructura adecuada, personal capacitado y enfoque diferencial para garantizar el acceso digno al derecho a la salud.
– Rechazar la instalación del Peaje en el tramo Santander de Quilichao – Mondomo por la afectación a las comunidades debido al aumento del costo vida, movilidad y producción en la economía rural y local. Sin promover un modelo de gestión pública y participativa que priorice el bienestar colectivo, la movilidad regional y el respeto a los derechos territoriales.
EN LO TERRITORIAL
El gobierno de Gustavo Petro ha puesto como pilar del cambio la Reforma Agraria como herramienta esencial para construir paz, justicia social y progreso en regiones históricamente marginadas como el Cauca.
Con un ambicioso horizonte para 2025, para lograrlo, el mandatario ha buscado armonizar la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), de modo que no solo se titule y entregue tierras, sino también gestione proyectos e iniciativas productivas. Cada entrega de tierra debe acompañarse del impulso económico y apoyo técnico para la producción. Problemática: A pesar de la voluntad expresada por el actual gobierno de cumplir con los acuerdos establecidos con los pueblos indígenas y sectores sociales, los procesos de formalización y garantía jurídica del territorio enfrentan graves obstáculos institucionales. Diversos actores estatales, funcionarios e intereses políticos continúan dilatando la implementación real y concreta de los compromisos asumidos, incluso aquellos pactados en escenarios como la Comisión Mixta, los Acuerdos de la ACIN, la Mesa Interétnica del Norte del Cauca, Yaquiva y la Mesa de la Agustina. El incumplimiento sistemático de los acuerdos desde 2015 y refrendados en 2024 en la mesa de la agustina ha profundizado la crisis en nuestras comunidades.
Actualmente, enfrentamos un recrudecimiento del conflicto armado, caracterizado por el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, el crecimiento del narcotráfico y la entrada de actores externos que usurpan nuestros territorios para actividades ilegales como la minería y los cultivos ilícitos. A esto se suma la imposición de nuevas figuras territoriales que traslapan los resguardos ya constituidos, desconociendo la jurisdicción, autonomía y gobierno propio de los pueblos originarios.
Esta situación ha derivado en conflictos interétnicos, fragmentación territorial y vulneración de derechos ancestrales, mientras la institucionalidad carece de la capacidad y estructura adecuada para dar respuesta efectiva a esta grave crisis social y territorial.
Exigencias: Compra y entrega inmediata de predios. – Dar resultados concretos en los procedimientos administrativos de compra de predios y/o mejoras para las comunidades que hacen parte de la Mesa de la Agustina, y la consolidación de un equipo técnico interdisciplinario propio de las comunidades para garantizar los estudios técnicos de formalización y seguridad jurídica acorde a las dinámicas, realidades sociales y políticas de los territorios.
– La compra y entrega inmediata de los predios con oferta de compra priorizados por los resguardos y comunidades que integran la mesa técnica de la Agustina en el marco de la emergencia social y territorial. Implementación de planes de sustitución de cultivos de uso ilícito y reparación colectiva Garantizar la ejecución de un plan de acción integral para la sustitución de cultivos de uso ilícito, en territorios donde el monocultivo ha sido impuesto por actores externos ajenos a la comunidad, afectando la cultura, espiritualidad y autonomía de los resguardos. Además, priorizar e implementar los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC).
Constitución del resguardo indígena para las comunidades del Playón y Sinaí, en la región del Naya, que ha sido históricamente habitadas por pueblos indígenas y vulneradas por decisiones del INCODER que impusieron una figura de consejo comunitario desconociendo la realidad social y territorial de las comunidades que históricamente lo han habitado. De igual forma, se exige la expedición de la ordenanza por la Asamblea departamental del Cauca que reconoce a la región del Naya como parte del Municipio de Buenos Aires. Seguridad jurídica y protección del territorio ancestral. Se exige garantizar el ámbito territorial de los resguardos ya constituidos frente a traslapes con otras figuras territoriales asegurando la integridad territorial.
FRENTE AL PEAJE SANTANDER DE QUILICHAO – MONDOMO.
La decisiones administrativa desconoce y afecta profundamente las dinámicas culturales, sociales, económicas y comerciales de las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y rurales del Cauca, al imponer este peaje no solo encarece el transporte, los pasajes y los productos básicos, sino que golpea con mayor fuerza a quienes ya enfrentan condiciones adversas de: desempleo, desplazamiento por conflicto armado, abandono estatal, falta de inversión pública y olvido de las vías terciarias.
El tramo Santander de Quilichao – Mondomo es el único corredor de movilidad y comercialización para miles de familias que viven del campo, la ganadería y el comercio informal. Los peajes, entregados en concesión a privados, generan millonarios recaudos sin que se refleje una mejora real en el desarrollo de las comunidades circundantes.
Así ocurrió con el peaje de Tunía, cuya instalación generó tanto descontento que, en el marco del estallido social de 2021, fue desmontado por los abusos del sistema vial concesionado. Rechazo a la instalación del peaje Santander de Quilichao – Mondomo.
Como comunidades no nos oponemos al desarrollo regional; pero rechazamos la instalación de los peajes en la vía Santander de Quilichao – Mondomo que afecta a las comunidades debido al aumento del costo vida, movilidad y producción en la economía local. Proponemos además rediseñar el proyecto de infraestructura para que sea justo, participativo y verdaderamente benéfico para el pueblo caucano, donde el esquema de recaudo y mantenimiento de la vía Panamericana, no cause perjuicios sociales ni económicos a las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y rurales que dependen de esta arteria vial para su sustento.
EN SALUD
Garantías para la transición al Sistema Indígena de Salud Propio Como autoridades ancestrales respaldamos el saneamiento financiero de AIC y la exigencia de garantías para la transición al Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI).
