Las autoridades de la capital del Valle deberán trabajar para proteger a los ciudadanos ante las amenazas de diferentes grupos armados al margen de la ley.
La Defensoría del Pueblo advierte con máxima preocupación el grave escenario de riesgo que enfrenta la población civil en el Distrito Especial de Santiago de Cali y sus áreas rurales, en el departamento del Valle del Cauca. La nueva Alerta Temprana Estructural 012 de 2025, emitida por la entidad, evidencia la existencia de un conflicto híbrido en el que confluyen grupos armados organizados, estructuras del crimen local, regional y transnacional, cuyo objetivo es controlar rentas ilegales y territorios estratégicos.
La ubicación geográfica de Cali, su infraestructura de conexión con el Pacífico y su riqueza natural han sido aprovechadas por la guerrilla del ELN, disidencias de las extintas Farc, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC); por redes criminales como los Shottas y Espartanos (de Buenaventura), LGBTIQ+ y La Inmaculada (de Tuluá), Lokos Yam, Los Zetas y RPS (de Quibdó); por los carteles transnacionales de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, el Tren de Aragua, mafias italianas y albanesas, y grupos ecuatorianos (Lobos, Choneros y Tiguerones). Esta convergencia configura un entramado criminal que mantiene en riesgo permanente a comunidades urbanas y rurales, bajo dinámicas de violencia sistemática, extorsiones, desplazamientos, amenazas y reclutamiento de menores de edad.
La Alerta proyecta una intensificación de la presencia de actores armados atraídos por mercados ilegales como narcotráfico, minería y trata de personas. El EGC aparece como uno de los principales riesgos, por su expansión y disputa de corredores estratégicos. La aparente estabilidad actual basada en pactos de no confrontación es frágil, y su ruptura podría desencadenar una escalada de violencia urbana y rural, con graves violaciones de derechos humanos.
Las poblaciones más afectadas incluyen personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, docentes y estudiantes, comerciantes, periodistas, población migrante, comunidades indígenas y afrocolombianas, personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónica (OSIGNH), lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ+), así como niños, niñas, adolescentes, mujeres y firmantes del Acuerdo de Paz. La magnitud de los riesgos demanda una acción urgente, integral y sostenida por parte del Estado.
La Defensoría del Pueblo formula 35 recomendaciones en la Alerta Temprana, que van desde la coordinación de la respuesta rápida mediante el plan de acción de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), la disuasión del contexto de amenaza con enfoque de seguridad humana, el fortalecimiento de la investigación y acceso a la justicia, la prevención y protección de comunidades en riesgo, la atención integral a víctimas, hasta la adopción de acciones de política pública para superar vulnerabilidades estructurales, fortalecer capacidades institucionales y garantizar el acompañamiento preventivo del Ministerio Público.
Además, hace un llamado urgente al Gobierno nacional, a las autoridades departamentales y locales y a toda la institucionalidad del Estado para implementar de manera inmediata, coordinada y verificable las recomendaciones formuladas. No es posible postergar las decisiones frente a una amenaza que se recrudece cada día y que pone en riesgo no solo la vida y la dignidad de miles de caleños y caleñas, sino también la estabilidad y seguridad de la región.
Cada recomendación busca evitar violaciones a los DD. HH. e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) antes de que ocurran y repeticiones de las identificadas, por medio del fortalecimiento de las capacidades institucionales, comunitarias y organizativas, la disuasión de las violencias y superación de las vulnerabilidades.
Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas
En Cali, se realizó la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas -CIPRAT-, con la participación de la Defensoría del Pueblo, Alcaldía de Cali, Gobernación del Valle, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Procuraduría General de la Nación, Unidad Nacional de Protección y la Unidad de Víctimas, en este espacio se reconocieron los ajustes metodológicos que se están aplicando para fortalecer la respuesta a las Alertas Tempranas con el apoyo de la Misión de Verificación de la ONU.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, pidió que las alertas no se politicen y pidió a las entidades atender riesgos estructurales, especialmente en el reclutamiento, uso y utilización de menores de edad. También resaltó la necesidad de integrar seguridad y paz con enfoque urbano-rural y solicitó a la Gobernación del Valle una acción regional.
“Este trabajo es para la gente, hago un llamado a la unión, la acción y la coordinación institucional. Ponemos a disposición toda la capacidad de la Defensoría del Pueblo para proteger a la ciudadanía, reducir riesgos y contribuir a mejorar la situación en Cali y en el país”, concluyó la Defensora del Pueblo.
