La propiedad está vinculada al proceso de extinción de dominio contra la red de corrupción liderada por el exsenador Mario Castaño (Q.E.P.D.), conocido como el caso ‘Las Marionetas’.



Esto se notificó debido a la ocupación ilegal de este predio perteneciente al testaferro de Mario Castaño y que estaba en proceso de extinción de dominio.

La propiedad no es un bien cualquiera, ya que esta hace parte de un proceso de extinción de dominio relacionado con la organización de corrupción conocida como el caso de Las Marionetas, liderado por el exsenador del partido Liberal Mario Alberto Castaño Pérez.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el bien estaba en poder de Jeiler Javier Sánchez Moreno, señalado como uno de los testaferros vinculados a la red.

La SAE (La Sociedad de Activos Especiales) destaca que durante la diligencia se constató la presencia de ocupantes irregulares, entre ellos la mandataria local, quien intentó entorpecer la actuación ocultándose en una de las habitaciones, lo que generó retrasos en el cumplimiento de la orden.

A pesar de esto, la SAE logró formalizar la entrega del inmueble y estableció un plazo máximo de un día para que la alcaldesa y los ocupantes desalojen la propiedad y retiren sus pertenencias.

La vivienda fue incautada inicialmente en 2019, y desde entonces se ha mantenido bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, en el marco del entramado de corrupción en el que funcionarios públicos y testaferros direccionaban contratos para apropiarse de recursos del Estado.

Esta situación pone en el centro del debate la legalidad de la tenencia de bienes vinculados a procesos de corrupción y la necesidad de un mayor control sobre la ocupación de activos en extinción de dominio por parte de funcionarios públicos.

La entidad reiteró su compromiso de garantizar el uso legal de los activos del Estado.

También reitera que el propósito de recuperar bienes incautados a estructuras criminales, como el relacionado con “Las Marionetas”, es destinarlos a proyectos sociales y productivos que beneficien directamente a las comunidades. Evitando así que los corruptos sigan haciendo uso indebido de estas propiedades en proceso legal y que la corrupción continúe en manos políticas que no quieren la equidad para sus propias comunidades afectadas por estos delitos.

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