El gobierno de Gustavo Petro sí le cumplió al proceso de paz, de esta forma ayudó a la reconcialización del país.
El punto 3 del Acuerdo de Paz, que contempla el proceso de reincorporación, es uno de los que registra mayores niveles de cumplimiento en la implementación de lo pactado en 2016, con avances superiores al 80%.
Así lo afirmó la Procuraduría General de la Nación en su séptimo informe de seguimiento, presentado ante el Congreso de la República.
“Los puntos del Acuerdo Final que mejores resultados muestran bajo este análisis son el 6 y el 3, los cuales presentan promedios mayores al 80%”, expresa el documento.
El séptimo informe aborda el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025, tiempo durante el cual se analizó la gestión de respuestas de más de 50 entidades y se revisaron los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI).
El informe resalta que estos avances en el tránsito a la vida civil contribuyen al bienestar de la población firmante de paz, fortalecen la convivencia en los territorios y también la reconstrucción del tejido social.
Entre los avances que resaltó el ente de control se encuentran la cobertura y el acompañamiento de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) a más de 11.000 firmantes de paz, así como los avances normativos con la reglamentación del Sistema Nacional de Reincorporación (SNR), la creación del Programa de Reincorporación Integral (PRI), el reconocimiento de las Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva (Aerc) y la consolidación de los Espacios Territoriales de Reincorporación (ETCR).
“Desde la Procuraduría valoramos y reconocemos la implementación del Sistema Nacional de Reincorporación y del PRI, pues constituye una base fundamental para la sostenibilidad del proceso en Colombia”, indicó Javier Sarmiento, delegado del Ministerio Público, durante la sesión 156 del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), adelantada en la capital del país.
Por su parte, la directora de la ARN, Alejandra Miller, señaló que eran deudas pendientes de años anteriores en el proceso de reincorporación y destacó que su implementación responde al compromiso con la no repetición del conflicto armado y con el cumplimiento del Acuerdo de Paz, en línea con recomendaciones realizadas previamente por los entes de control.
En el ámbito social, el informe subraya que más del 90 por ciento de los firmantes de paz tienen garantizado acceso a salud y pensión.
En lo económico, se reporta desde la firma del Acuerdo la aprobación de más de 6.000 proyectos productivos, que benefician a más de 11.000 excombatientes, con inversiones que superan los 105.000 millones de pesos.
También se destacan la Estrategia de Sostenibilidad Económica, el fortalecimiento asociativo, las alianzas público-privadas y la entrega de 17.000 hectáreas de tierra.
Entre los retos, la Procuraduría se refirió a la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional, garantizar recursos suficientes, superar la estigmatización y reforzar la seguridad de la población firmante. Además, aunque resaltó avances, subrayó la necesidad de avanzar en soluciones de vivienda, tanto en los ETCR como fuera de ellos.
