El congresista del Pacto Histórico se presentó ante el Consejo de Estado para defenderse de la demanda que busca sacarlo del Congreso.
El representante a la Cámara por movimiento democrático Pacto Histórico, David Racero, asistió este miércoles 8 de octubre ante el Consejo de Estado, para defenderse en el proceso que busca su muerte política por presunto tráfico de influencias.
De acuerdo con la demanda en contra del político, se habría valido de su cargo en la cámara baja para influir en el director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y repartir cargos y amañar concursos en esa entidad.
En la audiencia estuvieron presentes el demandante, el abogado Samuel Alejandro Ortiz; la Procuraduría y el propio Racero. El primero en hablar fue el demandante Ortiz, quien expuso ante los magistrados de la Sección Segunda que había pruebas suficientes para demostrar que Racero había incurrido en el delito y, por ende, debía perder sus derechos políticos.
El demandante señaló que publicaciones de prensa desde 2024 han dejado en evidencia la supuesta actitud clientelista de Racero en el SENA. Específicamente se refirió a las conversaciones o chats revelados por el periodista Daniel Coronell, en los cuales se ve al político hablando con Jorge Londoño, director de la entidad, sobre cargos para él y su familia en las subdirecciones del SENA. Asimismo, sobre la presunta participación de su tío José Luis Mayorca en esas peticiones al director de esa entidad de educación técnica.
Aunque el demandante señala que esas pruebas no dan lugar a dudas de un actuar ilegal de parte de Racero, la Procuraduría opinó todo lo contrario. En la misma audiencia, el Ministerio Público reconoció que lo dicho en medios de comunicación sobre las peticiones de Racero y su familia para buscar puestos en el SENA lo dejaba mal parado, no se demostró que se valiera de su cargo como congresista para presionar a las directivas del esa entidad.
Según la Procuraduría, en su criterio “no estaría probado que David Racero usó su cargo de representante a la Cámara para pedir cargos en el SENA». Aunque no entró a referirse directamente sobre si realmente se trató de presiones por parte del político, el Ministerio Público dijo que “las pretensiones del demandante no estarían llamadas a prosperar. No se consumó el tráfico de influencias”, sostuvo el ente de control.
Finalmente, habló el propio Racero. “Pese a la presión que se ha generado por fuera de este proceso, he sido absolutamente respetuoso para acudir de manera diligente en este proceso. Debo decir que he solicitado yo mismo que se investigue, soy el primer interesado y confío plenamente en el sistema de justicia”, sostuvo en la audiencia. Racero negó haber cometido cualquier delito o irregularidad, y además expuso que, a su parecer, “en ningún momento el demandante comprueba dicha actuación”.
Por ahora, el caso queda en manos de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, después de haber escuchado a las partes, analizará las pruebas presentada para determinar si le da o no muerte política al congresista del Pacto Histórico que, por esas mismas denuncias, afronta investigaciones penales en la Corte Suprema de Justicia, y disciplinarias en la Procuraduría General de la Nación.
