La magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, envió a la cárcel a los exministros por su participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd).
Los exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, deberán enfrentar una medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta participación en el escándalo de corrupción relacionado con el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La determinación fue adoptada por la magistrada Aura Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, quien ordenó la detención de los exjefes de las carteras de Hacienda y del Interior, al considerarlos presuntamente vinculados a los hechos que rodean el millonario saqueo a la entidad.
La decisión se conoció este jueves 18 de diciembre, luego de que la Fiscalía General de la Nación les imputara los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Durante la audiencia, Bonilla y Velasco no aceptaron los cargos y manifestaron que demostrarán su inocencia a lo largo del proceso judicial, que apenas inicia.
Aunque el ente acusador había solicitado una medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria, la magistrada Rosero Baquero concluyó que la Fiscalía no sustentó de manera suficiente por qué los exfuncionarios podían acceder a ese beneficio y no ser enviados a un establecimiento penitenciario. En ese sentido, la togada decidió modificar el tipo de medida y ordenar su reclusión en prisión.
El Tribunal fue más allá al advertir que, dada la gravedad del material probatorio presentado y el papel preponderante que habrían desempeñado los exministros dentro del presunto entramado de corrupción, la prisión domiciliaria resultaba insuficiente y podía convertirse en una medida meramente formal. Por ello, dispuso la captura inmediata de ambos exfuncionarios.
Tras conocerse la decisión, tanto la Procuraduría General de la Nación como los abogados defensores de Bonilla y Velasco interpusieron diversos recursos en contra de la determinación adoptada por la magistrada.
Para sustentar su fallo, el Tribunal Superior de Bogotá evaluó en detalle las pruebas aportadas por la Fiscalía durante la audiencia de imputación. Según el ente investigador, los exministros habrían liderado un plan criminal orientado a la compra de apoyos políticos en el Congreso, a cambio de la asignación de contratos estatales que garantizaran votos favorables a iniciativas clave del Gobierno Nacional.
Ambos exfuncionarios fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. La Fiscalía sostiene que, durante el año 2023, Bonilla y Velasco habrían comprometido más de 612.000 millones de pesos en contratos destinados a congresistas, con el propósito de asegurar su respaldo a proyectos legislativos del Ejecutivo.
Entre las iniciativas mencionadas se encuentran las reformas pensional y de salud, consideradas pilares del actual gobierno. De acuerdo con la investigación, los recursos públicos habrían sido direccionados a través de 174 proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías), por un monto cercano a los 571.000 millones de pesos, así como cinco proyectos adicionales de la Ungrd, que superarían los 40.000 millones de pesos.
Pese a que la Fiscalía solicitó inicialmente la detención domiciliaria preventiva, la magistrada Rosero desestimó esa posibilidad y ordenó su reclusión en cárcel. Bonilla y Velasco reiteraron que no tienen relación con los hechos investigados y aseguraron que ejercerán su defensa dentro del proceso judicial, que ahora deberán afrontar desde un centro penitenciario.
