La medida provisional pide que se detenga el aumento del salario mínimo mientras se falla de fondo.
El aumento del salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno nacional, ya enfrenta su primer desafío jurídico. El expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, presentó una acción de tutela contra el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual se estableció un incremento cercano al 23,7 % tanto en el salario mínimo como en el auxilio de transporte.
Según informó la periodista Darcy Quinn, la tutela que cuestiona el incremento salarial sería resuelta en los próximos días por la autoridad judicial competente.
La acción fue interpuesta por Linares en calidad de apoderado del comerciante Alexander Donato Rondón y está dirigida contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo. En el documento se argumenta que la expedición del decreto vulneró el derecho fundamental al debido proceso y desconoció el principio de concertación tripartita establecido en la normativa laboral vigente.
De acuerdo con el recurso, el Gobierno habría adoptado la decisión sin agotar de manera efectiva el diálogo entre el Estado, los empleadores y las organizaciones sindicales, mecanismo que rige la definición anual del salario mínimo en Colombia. Para el accionante, esta omisión convierte el acto administrativo en susceptible de un control constitucional inmediato.
Uno de los aspectos centrales de la tutela es la solicitud de una medida provisional. El demandante sostiene que la entrada en vigencia del decreto desde el 1° de enero de 2026 genera un perjuicio inminente e irreparable, lo que justificaría la intervención urgente de un juez mientras el Consejo de Estado analiza una eventual suspensión provisional del acto.
El escrito también cuestiona que el incremento promedio del 23,7 % se haya decretado sin una evaluación suficiente de su impacto sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), así como sobre los trabajadores informales, quienes representan una porción significativa del mercado laboral del país.
En ese sentido, la tutela advierte que los pequeños negocios carecerían de margen financiero para absorber un aumento abrupto en los costos laborales, situación que podría traducirse en reducción de jornadas, despidos o cierres definitivos, especialmente en establecimientos con estructuras económicas frágiles.
El documento subraya que las MIPYMES conforman el 99,7 % del tejido empresarial colombiano, por lo que cualquier choque de costos laborales, según el demandante, tendría efectos generalizados sobre el empleo y la sostenibilidad económica de miles de unidades productivas.
Para respaldar su planteamiento, el accionante cita estudios del Banco de la República, los cuales señalan que los efectos del salario mínimo sobre el empleo suelen manifestarse con mayor intensidad durante los primeros cuatro meses posteriores a su entrada en vigencia, lo que convertiría la situación en una carrera contra el tiempo.
Desde esta perspectiva, la tutela sostiene que incluso una eventual suspensión posterior del decreto no permitiría revertir completamente los impactos negativos ya consolidados en materia de empleo, precios y cierre de negocios.
Más allá del aspecto económico, el recurso también cuestiona el proceso técnico empleado por el Gobierno para fijar el aumento. Según el escrito, no se habrían aplicado de manera rigurosa los cinco criterios establecidos en la Ley 278 de 1996, y en su lugar se habría incorporado el concepto de “salario vital”, basado en un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La tutela expone además la situación personal del accionante, un comerciante de 61 años que perdió su empleo formal durante la pandemia y que actualmente depende de un pequeño negocio de ingresos diarios, el cual —según el documento— no cuenta con la capacidad financiera para asumir incrementos súbitos en los costos de operación.
Finalmente, el escrito advierte que el aumento no tendría un impacto homogéneo sobre los trabajadores y que el sector informal podría verse especialmente afectado, al enfrentar mayores barreras de acceso al empleo formal y un incremento generalizado de precios, dado el papel del salario mínimo como referencia en múltiples sectores de la economía.
