Las disidencias de alias Calarcá y la Segunda Marquetalia se enfrentan en varias veredas de la zona rural de este municipio del Caquetá.
La creciente confrontación entre grupos armados ilegales en la Zona de Reserva Campesina del Río Pato y Valle de Balsillas ha generado una profunda preocupación entre organizaciones sociales, autoridades locales y organismos humanitarios, debido al deterioro de las condiciones de seguridad y al impacto directo sobre la población civil.
La Asociación Municipal de Colonos del Pato Balsillas (AMCOP) alertó que los recientes enfrentamientos han provocado graves consecuencias en las comunidades campesinas, entre ellas víctimas mortales, instalación de minas antipersonal, presencia de municiones sin detonar y severas limitaciones en la movilidad de los habitantes. Además, la organización advirtió que la situación ha paralizado la economía local y obligado a suspender actividades educativas, sociales y comunitarias.
Las denuncias fueron respaldadas por la Personería de San Vicente del Caguán, que confirmó la existencia de contaminación con artefactos explosivos en sectores rurales del municipio, lo que representa una amenaza permanente para la población.
El personero municipal, Camilo Losada, expresó su preocupación por el riesgo que enfrentan especialmente los menores de edad. Según explicó, uno de los recientes incidentes ocurrió en la vereda Linderos, donde la explosión de una mina antipersonal se registró cerca de una institución educativa rural.
“Existe una alta preocupación porque estos artefactos representan un peligro constante para la comunidad, especialmente para los niños y jóvenes que asisten a clases en estas zonas”, señaló el funcionario en declaraciones a la Emisora de Paz 93.3 FM.
Losada también confirmó que se han registrado combates en la vereda La Libertad, lo que obligó a las autoridades locales a activar protocolos de atención y prevención. Entre las medidas adoptadas se encuentra la convocatoria del Comité de Justicia Transicional y del Consejo de Seguridad, además de la suspensión temporal de clases en centros educativos cercanos al área afectada.
El personero indicó que la situación ha sido informada al Gobierno Nacional, incluyendo al Alto Comisionado para la Paz y al Ministerio de Defensa, con el objetivo de solicitar acciones urgentes que permitan salvaguardar a la población y prevenir posibles escenarios de desplazamiento masivo o confinamiento de comunidades rurales.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo confirmó que desde finales de diciembre de 2025 ha venido monitoreando y verificando reportes de enfrentamientos entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, perteneciente a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá Córdoba, y la estructura armada conocida como Segunda Marquetalia.
El organismo señaló que los combates se concentran en las veredas Linderos y La Libertad, territorios incluidos dentro de la Alerta Temprana de Inminencia 018 de 2023, la cual advertía sobre el riesgo de confrontaciones armadas y el impacto humanitario en la población civil.
La Defensoría recordó que, en el marco de los diálogos adelantados en el séptimo ciclo de conversaciones, el Estado Mayor de Bloques y el Frente habían manifestado su disposición para reducir las afectaciones a la comunidad. Sin embargo, los recientes hechos evidencian un panorama de creciente tensión y violencia en el territorio.
Ante este escenario, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) rechazó los hechos violentos y reiteró la necesidad de adoptar medidas que conduzcan al cese de las hostilidades. El organismo internacional hizo un llamado a los grupos armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario, protejan la vida e integridad de la población civil y garanticen el libre tránsito de las comunidades en sus territorios.
Mientras tanto, líderes sociales y organizaciones campesinas insisten en que la región enfrenta una crisis humanitaria que requiere intervención inmediata del Estado, al considerar que la continuidad de los enfrentamientos amenaza la estabilidad social, económica y educativa de las comunidades que habitan en esta zona históricamente golpeada por el conflicto armado.
