La víctima adelantaba su proceso de resocialización en un programa de formación en economía solidaria.
En el barrio Las Palmeras, específicamente en la carrera 4 entre calles 9A y 10 del municipio de Guapi, departamento del Cauca, se presentó un trágico acto de violencia que ahora conmociona a la comunidad caucana.
Hever Asprilla Rivas, de 50 años de edad, fue asesinado en un contexto de creciente inseguridad que afecta a esta región del Pacífico caucano, marcada por las secuelas del conflicto armado.
Autoridades locales han iniciado investigaciones para esclarecer las circunstancias que llevaron al asesinato de Asprilla Rivas, quien había firmado el Acuerdo Final de Paz en 2016 y formó parte del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Ariel Aldana, ubicado en Tumaco, Nariño.
En este espacio, Rivas no solo buscaba un nuevo rumbo en su vida civil, sino que también participaba en un proceso formativo en economía social, esencial para su reintegración a la sociedad después de dejar las armas, como los demás exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc.
El asesinato de Hever Asprilla Rivas se inscribe en una preocupante tendencia en Colombia, donde un número alarmante de excombatientes o firmantes de paz han perdido la vida en distintos territorios del país.
Jesús Cortés, líder de los excombatientes en el Cauca, enfatizó que “el asesinato de un firmante no solo constituye una vulneración al derecho fundamental a la vida, sino que impacta el proceso de reincorporación, debilita la construcción de confianza en los territorios y envía un mensaje de intimidación a quienes continúan comprometidos con la legalidad”.
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo ya había alertado del riesgo que enfrenta el municipio de Guapi mediante la emisión de la Alerta Temprana 013/25. Dicho llamado señala que la imposición de normas y gobernanza ilegal por parte de grupos armados constituye un peligro latente para la población civil.
Además, se suma a la Alerta Temprana 033/20, que contempla el alto riesgo que enfrenta la población civil debido a la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ambas estructuras buscan el control territorial en una zona rica en economías ilegales, como el narcotráfico, lo que ha llevado a un ambiente de inseguridad generalizada.
Las dinámicas de violencia permanentes en esta región afectan desproporcionadamente a líderes sociales, comunidades étnicas y aquellos que han optado por la paz. El crimen de Rivas resalta una crisis de seguridad grave y sostenida en el suroccidente colombiano, donde la lucha por el control territorial se ha traducido en un clima de inseguridad que merma el bienestar de la población. Cada ataque dirigido a un firmante del Acuerdo de Paz no es solo un atentado contra una vida individual, sino un asalto al espíritu del acuerdo que busca reconciliar a un país con un pasado tan doloroso.
Integrantes de Indepaz han expresado que “cada ataque contra un firmante representa un golpe directo al espíritu del Acuerdo de Paz y a los esfuerzos de reconciliación en las comunidades más afectadas por el conflicto”. Este ciclo de violencia no solo pone en riesgo a quienes se han comprometido a vivir en paz, sino que también dificulta el camino hacia una verdadera reconstrucción social en regiones que aún sufren las secuelas del conflicto armado.
