La procesada aceptó su responsabilidad en la planeación del asesinato ocurrido en 2025 en Bogotá y firmó un preacuerdo con la Fiscalía que fue avalado por un juez.
La justicia colombiana dio un paso importante en el caso del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, uno de los hechos de violencia política que más conmocionaron al país en los últimos años. Este 23 de febrero, una jueza de Bogotá ratificó un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Katherine Martínez Martínez, alias “Gabriela”, quien aceptó su responsabilidad en la planeación del magnicidio, y fue condenada a 245 meses de prisión, equivalentes a 20 años y 4 meses.
El asesinato de Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, del barrio Modelia en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá. El senador, de 39 años, fue atacado por un sicario mientras participaba en un acto proselitista en el contexto de su aspiración presidencial. Tras recibir múltiples disparos, fue trasladado de urgencia a diferentes centros médicos y permaneció varios meses luchando por su vida, hasta que falleció el 11 de agosto de 2025 debido a complicaciones derivadas de las heridas.
Una trama planificada
La Fiscalía calificó el homicidio como un magnicidio, al considerar la gravedad y el contexto político del ataque. Según las autoridades, “Gabriela” desempeñó un papel clave en la logística del crimen: fue pieza esencial en la preparación del atentado que terminó con la vida del senador. La aceptación de los cargos por parte de Martínez facilitó la firma del preacuerdo con la Fiscalía, que fue avalado por la jueza encargada del caso.
El caso también puso en evidencia una compleja red detrás del ataque. Investigaciones previas revelaron que el autor material del atentado fue un menor de 15 años, capturado en flagrancia momentos después de los disparos. La pesquisa judicial llevó a la captura de varias personas implicadas en la coordinación del magnicidio, incluyendo presuntos enlaces logísticos y facilitadores del arma utilizada.
Desde el asesinato de Uribe Turbay, dirigentes políticos, representantes de diferentes fuerzas y sectores sociales han exigido una investigación exhaustiva y justicia pronta. La muerte del senador, figura prominente del Centro Democrático y nieto de una de las familias políticas más conocidas de Colombia, reavivó el debate sobre la violencia política en el país y la necesidad de proteger la vida de quienes participan en la vida pública.
El caso sigue siendo objeto de atención, con las autoridades judiciales adelantando diligencias adicionales para esclarecer plenamente las responsabilidades de todos los involucrados y garantizar que la condena a “Gabriela” se convierta en un paso firme hacia la justicia para la familia y seguidores de Uribe Turbay.
Este proceso refuerza la importancia de que mecanismos como los preacuerdos se utilicen para lograr condenas significativas en casos que han sacudido la historia política reciente de Colombia.
