Se trata de la aprehensión de Juan Pablo Giraldo y Duberney Galvis, reconocidos campesinos de esa zona del suroccidente del Cauca.
En medio de un clima de tensión social en el suroccidente del departamento del Cauca, campesinos del Cañón del Micay denunciaron un plan de estigmatización y criminalización contra su movimiento, luego de confirmarse la captura de dos de sus líderes: Juan Pablo Giraldo y Duberney Galvis.
Las detenciones se produjeron en el marco de operativos adelantados por autoridades judiciales, pero en las veredas y corregimientos de esta región rural la noticia fue recibida con preocupación e indignación. Según voceros comunitarios, ambos dirigentes han sido referentes en procesos organizativos campesinos y en la defensa del territorio, todo bajo el marco de la ley y la constitución.
“Desde instituciones como el Ejército Nacional y la Fiscalía se está criminalizando al movimiento campesino, todo porque no quiere más guerra en sus territorios”, expresaron habitantes del Cañón del Micay. Agregaron que sus líderes “hoy están detenidos y juzgados de manera arbitraria, todo porque defendieron a la comunidad y exigieron que el conflicto armado no siga afectando nuestras veredas”.
Tras las capturas, las comunidades se declararon en asamblea permanente para definir las acciones que emprenderán en los próximos días. Entre las preocupaciones centrales también figura su rechazo a la eventual construcción de una represa en esta zona del suroccidente caucano, proyecto que, según aseguran, no ha sido socializado adecuadamente y podría afectar el equilibrio ambiental y la permanencia campesina en el territorio.
Los pobladores consideran que la región históricamente ha sido escenario de confrontaciones armadas y disputas territoriales, y temen que nuevas iniciativas de gran escala sin consulta previa profundicen los conflictos sociales.
En sus pronunciamientos, líderes comunitarios también señalaron un presunto incumplimiento del Gobierno del presidente Gustavo Petro frente a compromisos de inversión social en municipios como Argelia, El Tambo y López de Micay.
Aseguran que, en lugar de la llegada de proyectos productivos y programas de sustitución voluntaria de cultivos, se priorizó el aumento del pie de fuerza en zonas como El Plateado, lo que —según su percepción— ha intensificado el ambiente de confrontación.
“Nos prometieron planes de sustitución voluntaria y asistida, pero nunca llegaron. Primero metieron 1.500 soldados antes que los proyectos productivos”, manifestaron campesinos de sectores como Argelia, La Hacienda, Honduras y Huisitó.
Otro de los puntos que genera inquietud entre las comunidades es la situación jurídica de los dos líderes detenidos, quienes permanecen en Popayán enfrentando un proceso judicial que, según denuncian los pobladores, se desarrolla con limitaciones de acceso a la información.
“Nos preocupa que estén siendo juzgados prácticamente a puerta cerrada y sin acceso a los medios de comunicación”, señalaron voceros campesinos, quienes insistieron en que continuarán movilizados hasta conocer con claridad la situación legal de sus representantes.
El Cañón del Micay ha sido históricamente una zona estratégica por su ubicación geográfica y por la presencia de actores armados ilegales. En este contexto, la población civil ha quedado en medio de disputas que, según denuncian, afectan su derecho a vivir en paz y desarrollar actividades productivas sin presión ni violencia.
Mientras avanzan los procesos judiciales y las autoridades no se pronuncian oficialmente sobre las acusaciones de estigmatización, las comunidades reiteran su intención de continuar organizadas.
“Seguimos firmes en defender nuestro territorio y en construir otra realidad para el Cañón del Micay”, afirmaron en medio de la asamblea permanente.
La situación mantiene en alerta a esta región del Cauca, donde confluyen reclamos sociales, tensiones políticas y desafíos de seguridad que siguen marcando la vida cotidiana de sus habitantes.
