Así lo denunció un concejal de este municipio al mometo de grabar cómo las instalaciones de la alcaldía quedó vacía.
Una grave denuncia sacude el panorama político en el sur del departamento del Cauca, luego de que se conociera un señalamiento sobre la presunta instrumentalización de funcionarios públicos y contratistas para favorecer una campaña del Partido Liberal Colombiano.
De acuerdo con lo expuesto por un concejal de la región, desde una de las campañas de esa colectividad —encabezada por un candidato oriundo del municipio de El Patía— se estaría ejerciendo presión indebida sobre empleados de distintas alcaldías para que asistan de manera obligatoria a actividades proselitistas.
La denuncia tomó fuerza tras un evento político realizado en la población de La Sierra, donde, según el cabildante, la sede de la administración municipal quedó prácticamente desocupada mientras se desarrollaba la actividad del aspirante a la Cámara de Representantes.
En una grabación difundida públicamente, el concejal recorrió las instalaciones de la alcaldía y evidenció que varias dependencias estaban cerradas o sin personal atendiendo. En el video se observa que solo unos pocos funcionarios permanecían en sus puestos de trabajo, mientras la mayoría —incluidos, presuntamente, secretarios de despacho— habrían acudido al acto político.
“El mensaje que se envía es muy delicado: la administración pública no puede ponerse al servicio de intereses electorales”, advirtió el denunciante, quien calificó la situación como una posible falta disciplinaria y un uso indebido de la función pública.
El concejal también afirmó que existirían presiones violentas para garantizar la asistencia masiva a estos encuentros, señalando incluso la supuesta participación de exintegrantes de la fuerza pública en labores de convocatoria y control, a partir del chantaje laboral.
Según su versión, estas personas estarían ejerciendo influencia sobre empleados y contratistas para que participen en los eventos políticos, lo que podría configurar constreñimiento al elector y una vulneración de las normas que rigen la participación en política de servidores públicos.
Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte de la campaña señalada ni de las administraciones municipales mencionadas en la denuncia. Tampoco se ha informado si los hechos ya fueron puestos en conocimiento de los organismos de control.
De comprobarse las acusaciones, los hechos podrían acarrear investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación, así como eventuales actuaciones del Consejo Nacional Electoral, entidades encargadas de vigilar la conducta de los servidores públicos y la transparencia de los procesos electorales.
La normativa colombiana establece límites claros frente a la participación en política de funcionarios públicos, especialmente cuando se trata del uso de recursos, instalaciones o tiempo laboral para favorecer candidaturas.
Mientras tanto, la denuncia ha generado inquietud entre sectores ciudadanos que reclaman garantías para que el ejercicio democrático se desarrolle sin presiones, sin utilización de la institucionalidad y con pleno respeto por la legalidad.
