Tras una inspección del Ministerio de Trabajo, el mandatario cuestionó los esquemas de contratación en el centro asistencial, señalando posibles afectaciones a la estabilidad del personal de salud. La gobernadora Dilian Francisca Toro defendió la gestión de la institución y atribuyó la situación a la crisis financiera derivada de deudas de las EPS.
Un nuevo debate nacional se abrió en torno a la situación laboral del Hospital Universitario del Valle Evaristo García, luego de que el presidente Gustavo Petro cuestionara públicamente las condiciones de contratación del personal de salud tras una inspección adelantada por el Ministerio de Trabajo.
De acuerdo con lo señalado por el mandatario, la visita técnica habría detectado posibles irregularidades relacionadas con esquemas de intermediación laboral y modalidades contractuales que podrían afectar la estabilidad y las garantías de algunos trabajadores del centro asistencial. Petro manifestó que estas prácticas deben ser revisadas con rigor para asegurar el respeto de los derechos laborales, así como la transparencia en el manejo de las instituciones públicas de salud.
“El sistema no puede sostenerse sobre la precarización del personal médico y asistencial”, habría advertido el jefe de Estado, al insistir en que el Gobierno Nacional mantendrá la vigilancia sobre las formas de vinculación del talento humano en salud, especialmente en hospitales públicos de alta complejidad.
El Hospital Universitario del Valle, considerado uno de los centros médicos más importantes del suroccidente colombiano, atiende pacientes no solo del Valle del Cauca sino también de departamentos vecinos. Su papel estratégico dentro de la red pública ha sido clave en la atención de patologías de alta complejidad, formación académica e investigación.
Frente a los señalamientos, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, defendió la gestión administrativa del hospital y pidió prudencia ante las declaraciones del presidente. La mandataria aseguró que la institución atraviesa una compleja situación financiera producto de deudas acumuladas por parte de las EPS, lo que ha obligado a implementar determinados modelos contractuales para garantizar la continuidad en la prestación del servicio.
Toro sostuvo que las figuras de contratación adoptadas no vulneran los derechos laborales y que se ajustan a la normatividad vigente, al tiempo que reiteró que el principal problema estructural radica en la cartera pendiente que afecta la liquidez del hospital. Según explicó, la falta de pago oportuno por parte de algunas EPS ha generado presiones financieras que impactan la operación institucional.
El pronunciamiento cruzado entre el Gobierno Nacional y la administración departamental reavivó la discusión sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud en Colombia, la intermediación laboral en el sector y la estabilidad del personal médico, de enfermería y administrativo.
Organizaciones sindicales y voceros del sector salud han señalado en reiteradas ocasiones que los esquemas de tercerización pueden generar inestabilidad contractual, retrasos en pagos y limitaciones en el acceso a prestaciones sociales. Sin embargo, desde algunas administraciones hospitalarias se argumenta que estas modalidades han sido utilizadas como mecanismo para enfrentar crisis presupuestales derivadas del flujo irregular de recursos.
El caso del Hospital Universitario del Valle vuelve a poner en el centro del debate nacional la necesidad de fortalecer la financiación del sistema, revisar la relación entre hospitales y EPS, y garantizar condiciones laborales dignas para quienes sostienen la atención médica en el país.
Mientras avanzan las evaluaciones técnicas y eventuales requerimientos del Ministerio de Trabajo, el futuro de los modelos de contratación en uno de los hospitales públicos más emblemáticos del suroccidente dependerá del diálogo entre la Nación, el departamento y los distintos actores del sistema de salud.
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