Un fiscal y dos policías fueron enviados a prisión por presuntamente exigir dinero para devolver una mercancía incautada, en un caso que evidencia graves actos de corrupción institucional.
Un nuevo caso de presunta corrupción vuelve a generar preocupación sobre la integridad de las instituciones y la confianza en la Fuerza Pública, luego de que un juez de control de garantías ordenara medida de aseguramiento en centro carcelario contra un fiscal seccional y dos integrantes de la Policía Nacional.
Los procesados fueron identificados como el fiscal Leopoldo Eduardo Montes Dávila y los patrulleros de la Sijín de la Policía Metropolitana de Santa Marta, Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez, quienes estarían implicados en un caso relacionado con la aprehensión irregular de una carga de mercancía.
Según la investigación, los hechos se remontan al pasado 24 de enero, cuando los funcionarios interceptaron un tractocamión en inmediaciones del municipio de Bosconia. El vehículo transportaba 15 motores importados desde zona portuaria con destino a la ciudad de Medellín.
CORRUPCIÓN OFICIAL Y DESCARADA!
A la cárcel fueron enviados, por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías, el fiscal seccional Leopoldo Eduardo Montes Dávila y los patrulleros de la Sijin de la Policía Metropolitana de Santa Marta Javier Tapias Madera y… pic.twitter.com/2cnQ5hJvGc
— mapiaguilars (@mapias15) March 19, 2026
Tras el procedimiento, el automotor fue inmovilizado y trasladado a un parqueadero. Posteriormente, el fiscal Montes Dávila habría emitido un oficio ordenando que tanto el camión como la mercancía quedaran a disposición de su despacho, argumentando posibles delitos relacionados con narcotráfico y contrabando.
No obstante, las indagaciones adelantadas establecieron que el caso no correspondía a su competencia, y que presuntamente se habrían utilizado maniobras para dar apariencia de legalidad al procedimiento. Entre estas, la inclusión de las actuaciones dentro de un proceso distinto, lo que habría permitido sustentar la retención de la carga.
Las pruebas recopiladas también indican que, posteriormente, los hoy procesados habrían contactado al propietario de los motores y le exigieron inicialmente 300 millones de pesos a cambio de devolver la mercancía. Esta suma, al parecer, fue reducida posteriormente a 100 millones de pesos durante las negociaciones.
Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de concusión y prevaricato por omisión agravado, conductas que afectan gravemente la administración pública y la confianza ciudadana en las autoridades.
El caso ha generado indignación, ya que involucra a funcionarios que, en ejercicio de sus cargos, tendrían la responsabilidad de garantizar la legalidad y la justicia, pero que ahora enfrentan serios señalamientos por presuntamente utilizar sus posiciones para beneficio propio.
Las autoridades reiteraron su compromiso de avanzar en las investigaciones y sancionar cualquier acto de corrupción que comprometa la transparencia institucional y el correcto funcionamiento de la justicia en el país.
