En dos días de comparecencia, integrantes de la Fuerza Pública han reconocido los hechos y pedido perdón a las familias de las víctimas.
Durante los días 25 y 26 de marzo, la Jurisdicción Especial para la Paz llevó a cabo una audiencia clave enfocada en el aporte de verdad y la definición de medidas restaurativas por parte de 31 integrantes de la Fuerza Pública vinculados a casos de ejecuciones extrajudiciales en el oriente de Antioquia.
En la primera jornada participaron exuniformados relacionados con nueve hechos ocurridos entre 2002 y 2004 en los municipios de San Luis, Cocorná y Granada, que dejaron un total de 19 víctimas. Para ese periodo, los comparecientes hacían parte del Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez.
Uno de los episodios analizados corresponde a lo sucedido el 20 de mayo de 2004 en la vereda Santa Bárbara, donde tres campesinos fueron asesinados y posteriormente reportados como combatientes dados de baja. Según lo expuesto en la diligencia, la operación se sustentó en información de supuestos informantes, sin que se realizaran verificaciones que permitieran confirmar la identidad de las personas señaladas.
En sus intervenciones, varios comparecientes admitieron que en estas acciones se utilizaban guías que indicaban posibles objetivos, sin evaluar condiciones como la edad o situación de las víctimas, lo que derivó en la afectación de población civil ajena al conflicto armado.
Por estos hechos, al menos diez exintegrantes de la Fuerza Pública aceptaron responsabilidad en delitos como homicidio y desaparición forzada, reconociendo su participación en la muerte de campesinos que fueron presentados falsamente como bajas en combate.
Uno de los momentos más significativos de la audiencia se registró cuando uno de los comparecientes pidió perdón públicamente a los familiares de una de las víctimas, en un gesto que fue recibido en medio del dolor y la exigencia de justicia por parte de los afectados.
Durante su intervención, un familiar recordó las difíciles condiciones que atravesó su familia tras la pérdida, resaltando que estos casos reflejan una problemática que impactó a miles de víctimas y dejó profundas huellas en la sociedad.
Otro de los hechos abordados tuvo lugar el 3 de junio de 2004 en zona rural de Cocorná, donde un campesino fue asesinado tras ser señalado erróneamente como integrante de un grupo armado. Según los testimonios, en el lugar habrían sido alteradas las evidencias para simular un enfrentamiento.
Frente a este caso, uno de los comparecientes manifestó su arrepentimiento y reconoció el daño causado a la familia, destacando que la víctima no tenía relación con actividades ilegales.
El tercer episodio analizado ocurrió el 7 de agosto de 2004 en la vereda El Molino, también en Cocorná, donde dos personas fueron asesinadas en circunstancias similares y presentadas como bajas en combate.
En este hecho, además de los homicidios, se documentaron graves violaciones a los derechos humanos. Durante años, los familiares atribuyeron lo ocurrido a grupos armados ilegales; sin embargo, en la audiencia se conoció que algunos uniformados se hacían pasar por integrantes de otras estructuras para encubrir los hechos.
El sexto hecho que se abordó en la audiencia ocurrió el 19 de febrero de 2004, en la vereda Santa Bárbara, de Cocorná, Antioquia, donde antiguos integrantes del BAJES asesinaron a Carlos Arturo Mejía Cardona y a Orlando de Jesús Sossa Ramírez, quien tenía 14 años. Ambos fueron… pic.twitter.com/C1DvhqK8BI
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) March 26, 2026
Las revelaciones incluyeron la admisión de prácticas como la retención de víctimas antes de ser asesinadas, lo que refuerza la gravedad de lo ocurrido y la necesidad de esclarecer completamente estos crímenes.
Con estas audiencias, la JEP busca avanzar en el reconocimiento de responsabilidades, la reparación a las víctimas y la construcción de memoria, en un proceso que continúa arrojando luces sobre uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado en Colombia.
En el marco del segundo día de audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, comparecieron exintegrantes del Batallón de Artillería No. 4 “Coronel Jorge Eduardo Sánchez”, vinculados a hechos ocurridos entre 2003 y 2004 en el oriente de Antioquia, que dejaron un saldo de 19 víctimas.
La diligencia, que hace parte del proceso orientado a esclarecer la verdad y promover la reparación a las víctimas, se centró en los testimonios de los comparecientes, quienes no fueron considerados máximos responsables, pero sí participaron en al menos nueve casos registrados en municipios como San Luis, Cocorná y Granada.
Uno de los episodios analizados ocurrió el 6 de septiembre de 2003 en la vereda El Jordán, en Cocorná, donde tres jóvenes fueron asesinados y posteriormente presentados como supuestos integrantes de grupos armados ilegales dados de baja en combate.
Según lo expuesto durante la audiencia, los militares llegaron al lugar guiados por una mujer que señaló a las víctimas como presuntos colaboradores insurgentes. Tras ser retenidos e interrogados, los tres hombres permanecieron bajo custodia mientras se definía su destino.
Las investigaciones indican que, posteriormente, los uniformados planearon el homicidio y la forma de encubrirlo, simulando un enfrentamiento armado. Para ello, habrían gestionado armas con terceros para alterar la escena y dar apariencia de legalidad al procedimiento.
Durante la diligencia también se conocieron versiones sobre la posible participación de integrantes de grupos armados ilegales en los interrogatorios, así como actos de violencia ejercidos contra una de las víctimas con el fin de obtener información.
En medio de la audiencia, los comparecientes reconocieron su participación en los hechos y dirigieron palabras a los familiares de las víctimas, quienes asistieron a la diligencia en busca de verdad y reparación.
Uno de los exuniformados expresó su arrepentimiento y pidió perdón públicamente, señalando que los hechos cometidos han marcado su vida y que es consciente del daño causado a las familias.
Como parte de los actos simbólicos, se entregó un árbol a los familiares de las víctimas, el cual será sembrado en un espacio de memoria como homenaje a quienes perdieron la vida en estos hechos.
La audiencia, presidida por un magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, continúa siendo un escenario clave para el esclarecimiento de estos casos, en medio del proceso de justicia transicional que busca dignificar a las víctimas y avanzar en la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto en Colombia.
