Entes de control advierten incumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Decretos Leyes Étnicos e impacto del covid-19 a víctimas del conflicto armado.
La Procuraduría General, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas alertaron , a través de un comunicado conjunto, sobre el incumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Decretos Leyes Étnicos e impacto del covid-19 a víctimas del conflicto armado.
De acuerdo a cifras de los entes y de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas más de $357,4 billones para indemnizaciones individuales y colectivas, vivienda urbana y rural, retornos y reubicaciones, alimentación, educación y salud, entre otros se necesitarían para el año 2030
La advertencia es clara : “la política de víctimas se encuentra en un escenario de incertidumbre sobre su financiación, nuevas metas, y la atención “reza el comunicado.
Esto significa que un porcentaje significativo de las 1’813.644 víctimas que habían mejorado sus condiciones en 2019, vuelvan ver su calidad de vida desmejorada volviendo a vivir en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Frente a este desolador panorama, los entes aseguran que se requiere de una política de generación de ingresos para esta población, con oferta de proyectos integrales a mediano plazo y articulada entre las entidades.
Pero adema del desmejoramiento de la calidad de vida de las víctimas, la pandemia en los territorios y comunidades étnicas podría generar un etnocidio, como consecuencia del estado de crisis humanitaria agravando los procesos de desaparición física y cultural que el conflicto armado y sus factores subyacentes han generado.
En el comunicado se explica que a pesar de las estrategias implementadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, no se ha logrado atender de manera oportuna y eficiente la alta demanda de solicitudes de las víctimas en materia de ayuda humanitaria e indemnización, durante la emergencia.
Entre 2019 y junio de 2020 la reconfiguración de los escenarios de violencia, motivada por la disputa territorial tras la firma del Acuerdo Final de Paz y la emergencia causada por el covid-19, generaron un crecimiento en el número de desplazamientos masivos y confinamientos, principalmente de pueblos étnicos que no han recibido la atención y la reparación integral requerida.
Se encontraron casos en que algunas comunidades confinadas en Alto Baudó, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen del Darién, El Carmen de Atrato y Riosucio (Chocó), han tenido que esperar más de seis meses la entrega de la ayuda humanitaria, y otros donde los actores armados aprovecharon la emergencia sanitaria para aumentar su intimidación en las zonas donde delinquen.
Sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes Étnicos
A pesar de la insistencia de los órganos de control, el Gobierno nacional no ha presentado una proyección detallada de los recursos necesarios para garantizar los derechos de las víctimas en un tiempo razonable. Tampoco se cuenta con un nuevo CONPES que incluya la implementación de los decretos leyes étnicos y la articulación con el Acuerdo Final de Paz.
En relación con la materialización del derecho a la restitución de tierras presenta escasos avances ante el incumplimiento de las órdenes proferidas por los jueces. Durante los años 2018 y 2019 no se cumplió ninguna de las 1.463 órdenes en materia de vivienda. En los casos de víctimas de pueblos étnicos solo se han expedido 18 sentencias en 9 años, y de 1.292 órdenes judiciales únicamente se han hecho efectivas 11.4%.
