Comunidades de municipios como Villa Rica, Padilla y Puerto Tejada enfrentan desplazamientos y restricciones por la violencia, informa esta entidad humanitaria.
Los hechos de violencia ocurridos el pasado 5 de abril de 2026 en la vereda Obando, zona rural del municipio de Guachené, donde tres personas fueron masacradas, causan una profunda preocupación en la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre el crítico panorama de seguridad que enfrenta esta región del norte del Cauca.
Según la entidad, este hecho no es aislado, sino que se inscribe en un contexto de deterioro sostenido del orden público en el municipio, el cual registró 49 homicidios durante el año 2025, reflejando un riesgo constante para la población civil.
“La situación hace parte de una afectación regional en la zona plana del norte del Cauca, que comprende municipios como Villa Rica, Padilla y Puerto Tejada, donde también se ha evidenciado un incremento del desplazamiento forzado”, señaló la Defensoría.
Para el organismo humanitario, lo que ocurre en esta zona responde a una dinámica de violencia territorializada, en la que distintos actores armados ilegales disputan el control, generando graves afectaciones a comunidades étnicas que enfrentan amenazas, homicidios, confinamientos y restricciones a la movilidad.
Uno de los aspectos más alarmantes, según la entidad, es la vulneración de los derechos culturales de las comunidades afrodescendientes. “Es especialmente grave la falta de garantías para la vida comunitaria, incluida la realización de rituales funerarios, lo que afecta directamente la pervivencia de la comunidad negra de la vereda Obando”, advirtió la Defensoría.
Ante esta situación, la institución indicó que se encuentra adelantando acciones para agilizar la asistencia humanitaria a las familias afectadas.
El informe también señala la persistente presencia de estructuras armadas ilegales, entre ellas el Frente Dagoberto Ramos, perteneciente al autodenominado Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas del Estado Mayor Central, además de diversos grupos de delincuencia organizada que operan en la región.
“Desde diciembre de 2025, hemos activado escenarios de coordinación, misiones de verificación y acompañamiento jurídico para el reconocimiento de víctimas, reiterando las alertas sobre este territorio. La continuidad y agravamiento de los hechos evidencian la necesidad de fortalecer la respuesta institucional”, indicó la Defensoría del Pueblo.
La crisis de seguridad tiene efectos directos en la población civil, especialmente en los menores de edad. De acuerdo con la entidad, más de 80 niñas, niños y adolescentes se encuentran actualmente por fuera del sistema educativo, lo que configura una grave vulneración del derecho a la educación.
Asimismo, persisten vacíos en la respuesta estatal, particularmente en el reconocimiento de las víctimas, la activación oportuna de rutas de atención y la articulación entre las diferentes entidades encargadas de atender la emergencia.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para fortalecer las acciones de protección y garantizar la presencia institucional en el territorio.
La entidad insistió en que lo ocurrido en Guachené evidencia la urgencia de adoptar medidas integrales que permitan frenar la violencia, proteger a las comunidades y evitar que hechos como esta masacre se repitan en el norte del Cauca.
