Los candidatos protagonizaron un duro enfrentamiento por supuestos beneficios a grupos armados y acusaciones de vínculos ilegales, evidenciando que el orden público y los procesos de paz marcarán el rumbo del debate electoral hacia la Casa de Nariño.
El Senado de la República registró este martes 7 de abril de 2026 un intenso enfrentamiento entre los candidatos presidenciales Paloma Valencia e Iván Cepeda, muestra de la intensidad de la actual contiende eletoral.
La discusión giró en torno a los beneficios otorgados por el Gobierno a jefes de grupos armados y el impacto de estas decisiones en el actual contexto electoral.
La senadora del Centro Democrático aseguró que el país enfrenta una “combinación de todas las formas de lucha”.
Según Paloma Valencia, el Ejecutivo busca favorecer la campaña de Cepeda mediante la suspensión de órdenes de captura de criminales en los territorios. La congresista citó declaraciones recientes de Roy Barreras y alertas de la Defensoría del Pueblo para señalar que grupos ilegales estarían presionando votos en zonas con fuerte presencia armada.
Mientras tanto, Iván Cepeda, candidato del partido político legal y democrático Pacto Histórico, calificó las afirmaciones de su colega como “calumnias” y montajes. El senador defendió la legalidad de su campaña y rechazó cualquier vínculo con estructuras delictivas. Durante su intervención, Cepeda recordó la reciente condena contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por su relación con el grupo denominado ‘Los 12 Apóstoles’.
El aspirante por los sectores de izquierda también mencionó la condena contra el exsenador Ciro Ramírez para cuestionar la autoridad moral de su contradictora. Cepeda instó a Valencia a no utilizar el recinto del Senado para debates electorales y pidió centrar la discusión en hechos probados judicialmente. Además, anunció que circulan supuestos audios de disidencias apoyando su candidatura, los cuales calificó como una estrategia de “campaña sucia” ante su avance en las encuestas.
Por su lado, la senadora Valencia insistió en sus denuncias mencionando el caso de alias Calarcá. Criticó que este jefe de las disidencias mantenga beneficios estatales mientras se reportan infiltraciones en organismos de inteligencia. Asimismo, cuestionó la licencia del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y exigió claridad sobre la financiación de la anterior campaña presidencial.
Por su parte, Cepeda negó tener contactos con grupos armados ilegales y reiteró su rechazo a cualquier respaldo que provenga de la ilegalidad. Con este episodio, la tensión entre los dos sectores políticos más representativos del país se agudiza. El debate en el Congreso evidenció que el manejo del orden público y los procesos de paz serán los ejes centrales de la contienda hacia la Casa de Nariño.
