La intervención a Nueva EPS se extiende mientras aumentan quejas, tutelas y muertes de pacientes.
Después de que el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, fuera designado como interventor de la Nueva EPS, la entidad prestadora de salud con mayor número de usuarios en Colombia, se conoció una resolución oficial del gobierno de Gustavo Petro que establece una serie de medidas para intentar recuperar la estabilidad y el buen funcionamiento de esta organización.
La intervención, que hasta ahora ha transcurrido por más de dos años sin resultados satisfactorios, se prorrogó por un año más, acompañada de un plazo concreto y una hoja de ruta estricta a cumplir, con la promesa de lograr finalmente la recuperación de la entidad.
Esta decisión surge en un contexto crítico donde las quejas en contra de la Nueva EPS han aumentado significativamente. Durante la intervención, se han conocido casos dramáticos de pacientes que han muerto esperando sus tratamientos o medicamentos, situación que ha generado una gran indignación pública y cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para garantizar los derechos en salud de millones de colombianos afiliados a esta EPS.
La gravedad de la crisis exige ahora un plan más eficaz y transparente, cuyo cumplimiento será monitoreado rigurosamente durante el período de intervención que se extenderá hasta el próximo gobierno
La resolución gubernamental ordena en su artículo primero la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la Nueva EPS, formalizando así la intervención forzosa administrativa por un año. Esta medida implica que la gestión de la entidad estará bajo control directo del interventor designado durante todo ese tiempo, sin posibilidad de revertirse antes. Además, se ha dispuesto en el artículo segundo que Luis Óscar Galves, quien fue el último interventor, rinda cuentas detalladas sobre su administración y los resultados obtenidos durante su periodo al mando, con el fin de transparentar las acciones tomadas hasta ahora y detectar aciertos y errores que permitan un mejor rumbo.
El artículo tercero de la resolución es de especial relevancia, ya que designa formalmente a Jorge Iván Ospina como nuevo interventor de la Nueva EPS. Ospina, reconocido exalcalde de Cali y aliado político del gobierno Petro, tendrá la responsabilidad de presentar e implementar un plan de trabajo integral dentro de los treinta días calendario posteriores a su toma de posesión, que deberá concretarse en los próximos cinco días hábiles desde la publicación de la resolución. Este plan de trabajo debe abordar con prioridad los temas críticos que afectan a la entidad, especialmente la atención a los usuarios y la recuperación financiera de la Nueva EPS.
Entre los objetivos principales del plan figura la necesidad de “resolver de fondo” las reclamaciones en salud presentadas por los afiliados, haciendo énfasis en aquellas que han sido clasificadas como de “riesgo vital”. Esto es fundamental, pues refleja el compromiso de priorizar casos donde la demora o la falta de atención puede significar un riesgo inminente para la vida de los pacientes. A la par, se solicita realizar una evaluación detallada y operativa de toda la red de prestadores de servicios de salud vinculados a la Nueva EPS. Esta evaluación debe asegurar que la población afiliada tenga acceso oportuno, seguro, pertinente y continuo a los servicios de salud, lo que requiere mejorar la coordinación y eficiencia de la red hospitalaria y ambulatoria.
La extensión de la intervención por un año adicional responde a la complejidad y magnitud de los problemas que enfrenta la Nueva EPS, cuyos usuarios han sufrido las consecuencias de una gestión deficiente. Sin embargo, este nuevo período está signado por un claro llamado a la rendición de cuentas y a la implementación de un plan concreto con metas definidas, que evite la prolongación indefinida de la crisis y recupere la confianza de los afiliados en la entidad. El papel del interventor Jorge Iván Ospina es clave en este proceso, puesto que su éxito o fracaso impactará directamente en la calidad del sistema de salud para millones de colombianos.
No obstante, algunas voces críticas señalan que la intervención, aunque necesaria, podría no ser suficiente si no va acompañada de reformas estructurales en el sistema de aseguramiento en salud y una mayor supervisión estatal. Los casos dramáticos conocidos en estos años evidencian la precariedad de muchos procesos administrativos y la falta de respuesta efectiva frente a las emergencias médicas. Por eso, la resiliencia y capacidad de gestión del nuevo interventor serán puestos a prueba desde el primer momento, y el Gobierno nacional deberá estar vigilante para garantizar que la Nueva EPS cumpla con sus responsabilidades.
Por eso, la prórroga de la intervención en la Nueva EPS y el nombramiento de Jorge Iván Ospina como interventor representan una apuesta del gobierno Petro por la recuperación de una entidad fundamental para el sistema de salud colombiano. La imposición de un plazo claro y un plan de trabajo estricto busca dar solución a los múltiples problemas que han afectado a esta EPS, pero solo el cumplimiento efectivo de estas medidas podrá cambiar la realidad para los afiliados que por años han esperado un servicio digno y eficiente. El desafío es mayúsculo y el país estará atento a los resultados que se obtengan en el próximo año de intervención.
