El alto tribunal rechazó recursos que buscaban modificar la decisión, por lo que se mantiene suspendido el decreto mientras se define su legalidad.
El salario mínimo en Colombia continúa vigente sin variaciones, a pesar de la suspensión del decreto inicial que establecía su incremento. La decisión adoptada por el Consejo de Estado no implicó una reducción ni modificación en las cifras, sino que se centró en aspectos jurídicos relacionados con la forma en que fue expedida la norma.
Tras la medida del alto tribunal, el Gobierno Nacional actuó dentro del plazo establecido y emitió un decreto de carácter transitorio que mantiene exactamente los mismos valores definidos previamente. Esta nueva disposición cumple con los requisitos legales señalados por la autoridad judicial, mientras se resuelve de fondo la controversia sobre la legalidad del decreto original.
En esencia, la intervención del Consejo de Estado obligó a rehacer el sustento jurídico del ajuste salarial, pero no alteró el monto fijado. Por ello, el ingreso de los trabajadores no ha sufrido cambios y continúa aplicándose bajo las condiciones anunciadas a finales de 2025.
De esta manera, el salario mínimo para 2026 permanece en los siguientes niveles:
• Salario básico: $1.750.905
• Auxilio de transporte: $249.095
• Total mensual: $2.000.000
En la práctica, esto significa que tanto empleadores como trabajadores deben seguir aplicando estos valores sin ninguna modificación. No existen incrementos adicionales ni ajustes distintos a los ya conocidos, debido a que el decreto provisional reproduce las mismas cifras.
Sin embargo, el panorama jurídico aún no está completamente definido. El proceso continúa en el Consejo de Estado, donde se evaluarán los argumentos presentados, los recursos en trámite y la validez del nuevo decreto expedido por el Ejecutivo.
La decisión final del tribunal será clave para determinar si el incremento cumple con todos los requisitos legales o si, por el contrario, deberá adoptarse una nueva medida. Mientras tanto, el salario mínimo se mantiene estable, aunque su soporte jurídico sigue en revisión, dejando abierta la posibilidad de futuras determinaciones que podrían incidir en esta materia.
