El Ejército denunció el uso de estos artefactos por parte de disidencias como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario.
En intensos enfrentamientos contra disidentes armados en la zona rural del municipio de Ipiales, departamento de Nariño, tres soldados profesionales perdieron la vida, mientras que dos más resultaron heridos.
Estos hechos ocurrieron en medio de operaciones militares dirigidas a contrarrestar las actividades ilícitas de grupos armados organizados que operan en esta región fronteriza con Ecuador.
De ahí que el comando de la Vigésima Tercera Brigada del Ejército Nacional informó que los soldados fallecidos fueron identificados como Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado.
Por su parte, los dos militares heridos recibieron atención inmediata por parte de enfermeros de combate dentro del campo de operaciones, y se proyecta que en las próximas horas sean trasladados a un centro hospitalario en la ciudad de Pasto para recibir atención especializada.
Según la información suministrada por la misma brigada, los combates se desarrollaron durante acciones militares orientadas a desmantelar y contrarrestar el accionar ilícito de grupos armados residuales. En concreto, las tropas del Grupo de Caballería Mediano No. 3 sostuvieron enfrentamientos con presuntos integrantes del grupo armado organizado residual conocido como Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, particularmente de la estructura denominada Comandos de la Frontera. Este grupo tiene presencia activa en la zona rural de Ipiales, una región estratégica que facilita su movilidad y operaciones debido a su proximidad con la frontera ecuatoriana.
Un aspecto alarmante del ataque fue el uso por parte del grupo ilegal de sistemas aéreos no tripulados, drones, equipados con artefactos explosivos, que fueron empleados para atacar a la unidad militar.
Por eso el Ejército Nacional rechazó de manera categórica este tipo de ataques, señalando que representan un grave riesgo no solo para la integridad de sus tropas sino también para la población civil que habita en las áreas aledañas. En un comunicado oficial, el Ejército expresó: “Este Comando rechaza de manera categórica el uso de estos artefactos explosivos que atentan contra la integridad de nuestras tropas y ponen en riesgo a la población civil”.
Frente a esta situación, la fuerza pública desplegó un equipo interdisciplinario con el propósito de brindar acompañamiento integral a las familias de los soldados caídos en combate. Este apoyo busca atender las necesidades emocionales, sociales y legales de los familiares durante este difícil momento.
Además, se anunció que se instaurarán las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes por la violación de los derechos humanos y la infracción al Derecho Internacional Humanitario que implican estos ataques violentos y el uso de tecnología bélica no convencional en zonas de conflicto.
