La situación de orden público sigue siendo crítica en el Valle del Cauca, mientras el Ejército mantiene operaciones para controlar la zona afectada.
En el puente de Río Claro, ubicado en área rural del municipio de Jamundí, se presentó un nuevo episodio de alteración del orden público que sería responsabilidad de disidencias de las Farc, cuyos integrantes atravesaron un vehículo de carga en la carretera y luego procedieron a incinerarlo.
El hecho generó la interrupción total del paso en el corredor que comunica la cabecera municipal con los corregimientos de Villa Paz, Robles, Timba, Guachinte y Villa Colombia, ocasionando graves afectaciones en la movilidad de este sector del sur del departamento del Valle del Cauca.
Desde la Alcaldía de Jamundí se informó que tropas del Ejército desarrollan una operación para controlar la situación en el lugar, al tiempo que se asegura la zona y se busca ubicar a los responsables de esta acción.
De forma simultánea, un reporte confidencial divulgado por varios medios de comunicación despertó temor entre los habitantes del corregimiento de Timba. De acuerdo con esa versión, miembros del frente Jaime Martínez habrían realizado un encuentro con líderes comunitarios en la vereda La Esperanza para alertar sobre la supuesta instalación de explosivos de gran capacidad destructiva.
Uno de los sitios señalados como más delicados dentro de esta advertencia se encuentra en cercanías de una institución educativa rural. Según relatos de asistentes a la reunión, una posible detonación en ese punto podría desencadenar una tragedia de gran magnitud para los menores de la zona, quienes enfrentan un alto nivel de vulnerabilidad frente a estos riesgos.
Otro artefacto explosivo, según la información conocida, habría sido instalado próximo a la red principal de suministro de gas en Timba. La comunidad ha expresado su preocupación, debido a que un atentado contra esta infraestructura no solo interrumpiría el servicio, sino que también podría provocar severos daños en las viviendas cercanas.
En medio de estos encuentros ilegales, igualmente se habría anunciado la llegada de un nuevo comandante con control sobre los corregimientos ubicados en la frontera entre Valle y Cauca. De igual manera, una mujer conocida con el alias de Mónica, señalada como líder de esta estructura armada, comunicó nuevas medidas de control sobre la movilidad y horarios del comercio nocturno.
Las disposiciones impuestas por este grupo armado incluyen el cierre de establecimientos entre lunes y jueves, autorizando su funcionamiento únicamente los fines de semana hasta las 3:00 de la madrugada. Además, se emitieron amenazas contra quienes sean considerados sospechosos de colaborar con información a las Fuerzas Militares presentes en la zona.
Ante esta situación, el alcalde encargado del municipio, Nilton Amílcar Guerrero, expidió el Decreto No. 87 con el propósito de reducir los riesgos. Dentro de las disposiciones más relevantes se encuentra la prohibición total del transporte de cilindros de gas, así como la restricción al uso de drones en todo el territorio local como medida preventiva.
La normativa también establece limitaciones a la circulación de vehículos de carga pesada, como volquetas, en horario nocturno. Estas acciones obedecen a la necesidad de salvaguardar la infraestructura pública luego de los recientes ataques contra estaciones de Policía en Potrerito y unidades militares en las ciudades de Cali y Palmira, indicaron autoridades del Valle.
