El grupo armado FARC-EP admitió su responsabilidad en el ataque ocurrido en El Túnel, en Cajibío, que dejó víctimas mortales y decenas de heridos.
En medio de la creciente tensión por la situación de orden público en el suroccidente colombiano, las disidencias de las antiguas Farc, autodenominadas FARC-EP, emitieron un comunicado en el que reconocen su responsabilidad en el ataque ocurrido en el sector de El Túnel, en jurisdicción del municipio de Cajibío, sobre la vía Panamericana, hecho que dejó víctimas mortales y decenas de personas heridas.
En el documento, fechado el 28 de abril, el grupo armado asegura que el hecho se produjo en el marco de una acción propagandística que derivó en enfrentamientos con la fuerza pública, situación que —según indican— terminó generando un “lamentable incidente” con afectaciones a población civil que no tenía ninguna relación con el conflicto armado. En ese sentido, admiten que lo ocurrido obedeció a errores en la maniobra militar durante los combates.
“Debemos asumir la responsabilidad política por este error táctico, que no tiene justificación alguna”, señala el comunicado, en el que además expresan condolencias a las familias de las víctimas y aseguran haber puesto a disposición de las comunidades afectadas algún tipo de acompañamiento. Sin embargo, también sostienen que los hechos no fueron premeditados y que se trataron de consecuencias que no lograron controlar en medio de la confrontación.
El pronunciamiento también contextualiza lo ocurrido dentro de más de seis décadas de conflicto armado en Colombia, señalando factores estructurales como la desigualdad, la concentración de la tierra y la exclusión política como causas de la violencia. En esa línea, el grupo insiste en que su apuesta ha sido una salida política al conflicto, al tiempo que cuestiona a los gobiernos por, según ellos, cerrar las puertas al diálogo y profundizar la confrontación.
Asimismo, en el documento hacen un llamado a desescalar la violencia y retomar caminos de negociación que eviten nuevas víctimas, en medio de lo que califican como un nuevo ciclo de confrontación armada en el país. También lanzan críticas a sectores políticos y a las fuerzas militares, denunciando supuestas acciones contra comunidades rurales.
El ataque en El Túnel, que se registró en uno de los corredores más importantes del país, volvió a poner en evidencia la compleja situación de seguridad en el Cauca, una región históricamente golpeada por la presencia de grupos armados ilegales y donde la población civil continúa siendo la principal afectada por las dinámicas del conflicto.
Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este comunicado en particular, pero han reiterado que continuarán las operaciones militares en la zona para contrarrestar el accionar de estas estructuras ilegales y garantizar la seguridad en la vía Panamericana, especialmente en el tramo que conecta a Popayán con el resto del suroccidente colombiano.
Este nuevo pronunciamiento se suma a la serie de reacciones que ha generado el atentado, considerado uno de los más graves registrados recientemente en esta región, y que ha motivado movilizaciones ciudadanas, llamados a la paz y exigencias de justicia por parte de las comunidades afectadas.
