El alto tribunal anuló la absolución de 2024 y dejó en firme la condena de 2017 contra el exgobernador por el homicidio de Luis Gregorio López Peralta, al evidenciar errores en la valoración de pruebas.
La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Penal, revirtió parcialmente una decisión judicial y reactivó la condena contra el exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko’ Gómez, por el homicidio del concejal Luis Gregorio López Peralta.
El alto tribunal, en providencia del 29 de abril de 2026, decidió casar de manera parcial la sentencia que en 2024 había absuelto al exmandatario por este crimen. Con esta determinación, dejó vigente el fallo de primera instancia emitido en 2017 por el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá, en el que se le declaró responsable como determinador del asesinato.
La absolución había sido proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, que consideró insuficientes las pruebas para atribuirle la autoría intelectual del homicidio. No obstante, la Corte, con ponencia del magistrado José Joaquín Urbano Martínez, concluyó que hubo errores en la valoración de las pruebas, acogiendo los argumentos presentados por la Procuraduría, la Fiscalía y los representantes de las víctimas.
Además de restablecer la condena penal, la decisión también reactivó la obligación de indemnizar por perjuicios morales a Diana Carolina López Zuleta, hija del concejal asesinado.
Sin embargo, la Corte decidió no modificar otros apartes del fallo del Tribunal Superior. En consecuencia, se mantienen la prescripción de los homicidios de Luis Alejandro Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro, así como la absolución por estos hechos y demás determinaciones adoptadas en segunda instancia.
El proceso contra Gómez Cerchar está ligado a señalamientos sobre sus presuntos vínculos con estructuras armadas ilegales que operaban en La Guajira, entre ellas el grupo liderado por ‘Marquitos Figueroa’ y el Bloque Norte de las AUC. En ese contexto, fue investigado por ordenar homicidios selectivos contra opositores políticos, como el del concejal López Peralta, ocurrido en 1997.
